Grupos asesores científicos y del sector económico decidieron por unanimidad sugerir a la gobernadora Wanda Vázquez Garced extender por dos semanas la orden ejecutiva respecto a las medidas establecidas para controlar la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico hasta tanto se valide la confiabilidad de los resultados de 6,000 pruebas que los laboratorios Quest entregaron al Departamento de Salud durante el mes de septiembre.

Así lo adelantó el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, tras participar de una reunión en el Departamento de Salud - en la que también participó el Task Force Ciudadano y líderes religiosos- para discutir los pasos a seguir en la próxima orden ejecutiva y en la que se concluyó que los datos para calcular el Índice de Monitoreo -que evalúa el ritmo diario de la enfermedad en la isla y es la herramienta del gobierno para determinar reaperturas o cierres- podría estar utilizando datos que no son certeros.

“Discutimos los datos y discutimos que hubo un issue con el laboratorio Quest y que hay que validar esos datos y decidir cuáles son correctos y cuáles no. Ahora mismo, si asumimos todos los números de Quest como positivos estaríamos en un nivel naranja casi rojo (de alto a crítico). Si decidimos que ninguno de los números cuentan estaríamos en amarillo (nivel medio)”, dijo Ramos.

José Rodríguez Orengo, director del Fideicomiso de Salud Pública o el Puerto Rico Public Health Trust (PRPHT), dijo que son 6,000 las pruebas entregadas al BioPortal de Salud por los laboratorios Quest. No precisó cuántas de estas fueron positivas o cuántas negativas.

Mientras, sostuvo que considerando que el Índice de Monitoreo analiza todas las pruebas registradas en Salud (las cuales incluyen las de Quest), la isla continúa en un nivel de riesgo naranja (alto), lo que implica que en términos de salud pública las órdenes de quedarse en casa son necesarias si no hay un sistema robusto de muestreo del virus y rastreo de contactos.

Aun así ambos científicos reiteraron que mientras se dilucida la confiabilidad de las muestras, la recomendación a la Primera Ejecutiva es extender la orden ejecutiva por dos semanas.

La semana pasada el gobierno de Puerto Rico paralizó el contrato del Departamento de Salud con el laboratorio de referencia Quest Diagnostics -referente a la realización de pruebas para detectar COVID-19- hasta tanto demuestren la confiabilidad en los resultados que emiten y se dilucide el porqué de los retrasos en los informes de pruebas positivas a coronavirus, los cuales estaban tardando dos semanas o más en recibirse en la agencia. Es la División de Laboratorios de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud, que dirige Vanessa Sárraga, la encargada de darle seguimiento a la investigación contra Quest, compañía que ha sido visitada en varias instancias por la agencia.

“La recomendación general es dar ‘break’ de dos semanas para que todos los datos se corroboren y tengamos el número exacto de dónde estamos y que la decisión que se vaya a tomar sea la correcta y con los mejores datos disponibles. No estamos en capacidad de recomendar a la gobernadora que tome una decisión basada en datos que no están correctos… sería irresponsable”, insistió Ramos.

Explicó que será SARAFS la responsable de vigilar que se validen los datos. “SARAFS tiene que ver que se corren unos controles… habrá que ver de las muestras que todavía se tienen (de Quest) volverlas a correr y determinar si dan positivo o negativo. Pueden pasar para un lado o para el otro”, expresó.

Primera Hora solicitó a SARAFS conocer el número de cuántas de las 6,000 pruebas que están en discrepancia tuvieron un resultado positivo. La cifra no fue provista de inmediato.

Otra recomendación que se hará a la gobernadora es que de ahora en adelante las órdenes ejecutivas tengan vigencia de 28 días, en lugar de 21.

“La realidad es que las hacemos de tres semanas pero siempre hay un ‘delay' de una semana con los laboratorios y no tenemos los datos completos para tomar decisiones”, indicó Ramos.

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, por su parte, reiteró por escrito que tras la reunión de ayer con un grupo de científicos y luego de hablar hoy con representantes del sector económico, "nos encontramos evaluando los datos discutidos para enviarle a la gobernadora Wanda Vázquez Garced nuestras recomendaciones para que ella pueda leerlas, analizarlas y, responsablemente, tomar las decisiones que entienda necesarias de cara a una nueva Orden Ejecutiva que entrará en vigor el sábado 3 de octubre”.

Hubo unanimidad

Por su parte, Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal, explicó que la decisión de solicitar a la gobernadora la extensión de la actual orden ejecutiva fue una “unánime”.

“Se votó unánimemente. Yo presenté la moción y por consenso se decidió extenderlo por un periodo de dos semanas… la señora gobernadora tiene la palabra de decir sí o no. Pero todos los grupos, el económico, el de científicos, el ciudadano y los religiosos, estuvimos de acuerdo en que a base del análisis presentado lo más sensato es que se recopile data adicional y esperar dos semanas más. Es lo más saludable para crear balance”, indicó.

Mientras, Zoimée Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, quien participó de la reunión en representación del sector económico, también mencionó la discrepancia en datos utilizados por el Índice de Monitoreo del COVID-19.

“Se trajo a discusión discrepancias en cuanto a ese dicho modelo científico que hay que seguir perfeccionándolo si será el modelo a utilizar… hoy se pusieron en duda unas variables porque hay tres que se parecen mucho”, dijo Álvarez Rubio al agregar que las mismas “pudieran manipular la data”.

Explicó que según los datos que se ofrecieron en la reunión -y en la que se utilizaron gráficas “numéricas”- la isla no estaría en un nivel naranja de alto riesgo, sino en uno menor y que así se evidenció tras considerar una alteración que se tuvo que hacer en la data en la que se percibieron unos “vicios”. Una de esas alteraciones, abundó, son consecuentes a la situación de los resultados de miles de pruebas entregados a Salud por los laboratorios Quest.

Le preocupó, además, que el municipio de San Juan no se haya unido al Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC) que lidera la epidemióloga Fabiola Cruz.

“Hay un solo municipio que no contribuye a la data del Departamento de Salud… es es importante para tomar decisiones informadas”, sostuvo.