La vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PDA) arrancó hoy ante la jueza federal Laura Taylor Swain, con las declaraciones iniciales a favor del plan de varios de los principales grupos involucrados con la restructuración de la quiebra de Puerto Rico, incluyendo a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que actúa como representante del gobierno de Puerto Rico por disposición de la Ley Promesa federal.

En la tarde, hicieron sus presentaciones iniciales varios opositores al plan, aunque temprano esta mañana se anunciaron acuerdos con dos de los grupos en oposición y en el descanso de almuerzo se logró otro acuerdo más.

Brian Rosen, abogado de la JSF, inició las presentaciones. Defendió el plan y comunicó a la jueza que hace pocas horas habían radicado una moción para reflejar cambios de último momento que describió como “técnicos en su naturaleza”, que incluyen entre otros una fórmula para cálculos relacionados a las pensiones, así como asuntos relacionados a la aprobación de la Ley 53, también llamada ley habilitadora, que aprueba la emisión de nueva deuda atada a esta propuesta de PDA.

Martín Bienenstock, también abogado de la JSF, defendió el plan y resaltó que es un plan que “logra muchísimo”, y entre otras cosas reduce de unos $33,000 millones a solo $7,400 millones. Destacó además que 57 de las 71 clases de acreedores aceptaron el plan, y entre las que se oponen se trata mayormente de clases subordinadas y no aseguradas.

Bienenstock repasó que cuando la JSF llegó a Puerto Rico, por mandato de la Ley Promesa, se encontró un gobierno en una situación financiera muy precaria, lo que supuso retos adicionales para confeccionar el PAD. Recordó que “hubo muchas demandas, todos comenzaron a pelear por qué pedazo de lo poco que quedaba se podía llevar cada cual”.

Agregó que a las dificultades existentes se sumaron las que provocaron los desastres naturales y luego la pandemia, así como la migración y la baja natalidad.

Insistió en que parte de las proyecciones que ha hecho la JSF se verían sobreestimadas si el gobierno de Puerto Rico no lleva a cabo importantes reformas estructurales.

Asimismo, se tomó algunos minutos para explicar las diferencias que podrían esperar los acreedores cuando se restructura bajo Título III. De igual forma, aclaró que el fiscal actual, certificado en abril, no provee especificaciones de pago de deuda, y no las tendría hasta la confirmación del PAD.

Se refirió a algunas de las objeciones presentadas y, en el caso del reclamo de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) afirmó que basaba argumentos en decisiones tomadas en cortes de Puerto Rico, bajo disposiciones de la Constitución de Puerto Rico, “y aquí no estamos aplicando leyes estatales ni locales, sino federales”.

Rosen continuó la exposición, repasando las negociaciones y los acuerdos con los diferentes grupos de acreedores hasta llegar al PAD que buscan confirmar, y agradeciendo a los equipos de mediación y las partes involucradas por trabajar hasta lograr los acuerdos que hicieron posible el PAD.

“Eventualmente, se pudo construir toda la estructura. El Plan tiene un amplio respaldo” afirmó Rosen, asegurando que en muchas clases lograron más de 90% de apoyo y en una incluso un apoyo total. “Los ingredientes para este acuerdo, el primero de su clase, ya se mezclaron y están listos para ser horneados”.

De igual forma, los abogados de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el grupo Coalición de Deuda Legítima celebraron el PAD como un plan que saca a Puerto Rico de la bancarrota y pidieron a la jueza que lo confirmara.

El abogado de Ambac Assurance, Denis Dunne, afirmó que están “en total respaldo al plan”, recordando que en el pasado Ambac “ha defendido tenazmente sus derechos. Hemos tenido grandes desacuerdos con la Junta, pero tanto nosotros como ellos nunca perdimos de vista el objetivo de conseguir un acuerdo”.

Dunne subrayó la creación de un instrumento de valor contingente como “crucial para lograr los acuerdos” e insistió en que “aunque no sea un plan perfecto, creemos es el correcto para seguir adelante”.

También hablaron a favor del PAD los abogados de Financial Guaranty Insurance Company, de National Public Finance Guarantee Corporation y de Assured Guaranty.

De igual forma, Catherine Steege, representante legal del Comité Oficial de Retirados, apoyó el PAD, si bien admitió que fue un proceso complicado en el que tuvieron que tomar decisiones que sabían no les ganarían ninguna popularidad, pero que mantuvieron el proceso de negociaciones hasta lograr conseguir que no se recortaran las pensiones.

La abogada del COR sostuvo que quienes critican el pacto con los pensionados no reconocen la difícil realidad económica de Puerto Rico, y agregó que su posición está suplementada por estudios de expertos que demuestran que cada dólar que se le da a un pensionado tiene un efecto multiplicador en la economía. Agradeció a los mediadores por un PAD sin recortes a las pensiones, sin reducción de beneficios a los pensionados y con la garantía de un fideicomiso de pensiones, y solicitó que se aprobara.

Luc Despins, del Comité de Acreedores no Asegurados, explicó que su respaldo “es al resultado (del Plan), y no necesariamente a los pasos que se dieron”. Comentó que su grupo recibirá una recuperación de 20% que, aunque baja, es mucho mejor del 3% que les ofrecieron inicialmente. Despins indicó que estaban en una posición inusual, toda vez que los miembros del Comité apoyaban el plan, pero la clase lo rechazó. Sin embargo, sostuvo, apenas votó alrededor del 20% y eso era una señal de que el resto no estaba lo suficientemente molestos como para dar su voto en contra. “Nosotros continuamos creyendo que este plan es la mejor solución”, insistió.

Otra declaración a favor llegó de parte del abogado de Cantor Katz Collateral Monitor, encargada de asegurar la remuneración de bonistas del antiguo Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En la tarde, se presentaron las objeciones, no sin antes dar a conocer un acuerdo con el US Bank National Association, con el que se modificaría lenguaje para poder dejar atrás sus objeciones y que se sumara en respaldo al plan.

Sin embargo, otros mantuvieron sus objeciones.

El bonista individual Peter Hein, que tiene unos $700,000 en bonos de Puerto Rico, presentó una larga lista de reclamos. Afirmó que “un bonista en una clase debe recibir el mismo tratamiento que cualquier otro bonista en esa clase” y describió que él compró los bonos al precio que se pedía originalmente cuando Puerto Rico aún cumplía sus pagos, mientras que los fondos buitres compraron a 20 centavos de dólar cuando arreciaron los problemas financieros, y ahora ambos recibirían la misma remuneración.

Hein cuestionó que no se permitiera crear un comité negociador de bonistas individuales como él que pudieran defender su postura, y por el contrario, tendrían que conformarse con lo acordado por otros grupos de bonistas.

También cuestionó que por los pasados cinco años no recibió pagos como acreedor de $100,000 de principal y $33,000 en intereses, “según establece la Constitución de Puerto Rico”, mientras el gobierno incurría en gastos “de todo tipo”, y ahora además destinará millones para las pensiones que no se verán recortadas “ni siquiera en los casos de los empleados mejor pagados”. Condenó que con el plan terminaría recibiendo apenas 68% de lo que invirtió en Puerto Rico.

Hein continuó su crítica, alegando que la JSF no estaba cumpliendo con las disposiciones de la Ley Promesa de actuar en el mejor interés de todos los acreedores y “todavía más preocupante es el hecho que la JSF, bajo las presiones políticas, parece haber renunciado a reducir cualquier beneficio de pensiones”, y fue de la propuesta inicial, a una de recorte de solo 8.5% a pensiones por encima de $2,000 mensuales, “y ahora nos dicen que no se recortará nada”

Afirmó que con esas decisiones “vemos que una vez más se alteran las prioridades establecidas en la Constitución”.

El abogado fue más lejos y condenó cómo siquiera se le permitía a Puerto Rico solicitar una restructuración bajo un proceso de bancarrota, cuando sus propios estados financieros mostraban contaba con $25,000 millones en sus cuentas, mientras que su deuda pública era solo de $6,800 millones, o $7,400 millones si se le sumaban los intereses. Aseguró que los estados financieros muestran que Puerto Rico puede pagar su deuda, e incluso la totalidad de sus pensiones, y aun así le quedaría suficiente dinero en el banco.

“¿Cómo es que se le permite a un gobierno pedir restructurar si tiene todo ese dinero y no se prueba su insolvencia? La respuesta es que Promesa se hizo tan específica para Puerto Rico, su propio nombre lo indica, y por eso no se pide la insolvencia”, afirmó Hein, agregando que a cualquier otra municipalidad se le habría exigido.

Hein cuestionó además la gran cantidad de incentivos contributivos que ofrece Puerto Rico, “mucho más que cualquier otro estado”, así como varias de las cifras usadas en las proyecciones de la JSF, como la de población, que aseguró era menor a la que ofrece el Censo.

Hein cuestionó además el proceso de votación de los bonistas en torno al plan, y afirmó que, incluso si una clase lo aprueba, no invalida el derecho de un individuo a objetarlo.

Finalizó cuestionando “quién va a comprar bonos de Puerto Rico otra vez si no cumplen con sus obligaciones” y citó, como hicieron muchos a través de la vista a Alexander Hamilton, “que recomendó al gobierno pagar sus obligaciones”.

Asimismo, se presentaron varias objeciones que, aunque diferentes en su origen, se amparan en el derecho a justa remuneración tras una confiscación de propiedad por parte del gobierno, establecido en la Quinta Enmienda. Entre esas objeciones está la Sucesión Pastor Mandry Mercado, la empresa procesadora de leche Suiza Dairy, Finca Matilde, Inc.

Según los argumentos de los abogados que representan a cada una de esas partes, ese derecho a una compensación justa es irrevocable, no puede menoscabarse, no puede anularse ni por la JSF, ni por Promesa, ni siquiera por el Congreso, y los demandantes tienen derecho a la totalidad de lo que se les adeuda. Uno de ellos fue más lejos y dijo que aprobar un plan que intenta esconderse tras la restructuración para deshacer ese derecho nos devolvería a la época de los reyes, donde persistía el temor de que gobierno te podía quitar tu propiedad en cualquier momento.

Otra objeción llegó de parte del representante legal de las uniones SEIU y UAW, argumentando que el PAD es “demasiado generoso con los acreedores”, en perjuicio de los trabajadores. Indicó que revisarían las enmiendas respecto a las pensiones agregadas recientemente, y luego de hacerlo y discutir con los abogados de la JSF, informarían si mantienen, modifican o retiran sus objeciones.

Asimismo, presento objeciones el abogado Enrique Almeida, a nombre de varias cooperativas de ahorro y crédito. Afirmó que las cooperativas fueron víctimas de un esquema urgido desde el gobierno para apropiarse de sus fondos y los fondos de sus clientes, y el PAD no les provee una compensación justa, lo cual además supone un riesgo al sistema de cooperativas. “El Plan no provee una clase para que a estas cooperativas se les pueda pagar completo. En algunos casos no se pagaría nada. Por eso estamos rechazando el plan. Ni las cooperativas ni el público deben ser víctimas de los malos manejos del gobierno”, afirmó Almeida.

El abogado José Sánchez expuso una objeción al PAD a nombre de Mapfre Praico Insurance Company, que tenía bonos como fiador de contratistas de la Autoridad de Edificios Públicos. Indicó que Mapfre ha tenido pérdidas de unos $15 millones tras asumir la terminación de proyectos cuyos contratistas fueron declarados en pérdida. Sin embargo, Mapfre alega que el dinero que se retuvo en AEP no es del gobierno, toda vez que cuando el asegurador cumple con pagar la fianza se convierte en propietario y tiene el derecho a ese dinero retenido.

Hubo igualmente objeciones del representante legal de instituciones financieras de inversión que participaron de la emisión de deuda de Puerto Rico y a los que la JSF demanda por supuestamente emitir deuda en violación de límite máximo establecido en la Constitución. Su reclamo en esencia es que no han sido liberados de responsabilidad, como ha ocurrido con otras aseguradoras que ahora están apoyando el PAD. Indicó que el lenguaje del plan con respecto a terceras partes es “en el mejor caso, ambiguo” y sugirió que se modifique para que permita “preservar nuestros derechos” y liberarlos de responsabilidades de posibles causas de acción.

El bonista Arthur Samdovitz presentó una objeción alegando que los votos contados por la JSF “no reflejan la realidad”. Sostuvo que es poseedor de $200,000 en bonos GO, y que la clase en que se encuentra aparece respaldando el PAD con unos pocos votos que no son representativos del universo de ese grupo de bonistas. Afirmó que, en su caso, no recibió la boleta para votar y pidió a la corte no aprobar el Plan hasta que no se cree un mecanismo que permita reflejar de manera efectiva los votos e incluya a todo aquel que no pudo votar. El bonista también rechazó la alegación de la JSF de que los bonos GO del 2014 se hubiesen emitido en violación del límite constitucional.

El abogado José Luis Barrios objetó a nombre de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, argumentando que, aunque nadie pone en duda que ofrecen “un servicio esencial, la educación, que es un derecho constitucional”, su salario promedio mensual es de apenas $1,700, y si logran cumplir 30 años de servicio, se retira con 75% de salario que equivale a unos $1,500 mensuales, con lo que ronda el umbral de pobreza. Afirmó que la congelación de beneficios supone un recorte adicional a una clase trabajadora que ya está rondando el nivel pobreza.

Agregó que algunos maestros tendrán que trabajar 18 años más para poder tener algo de seguridad y agregó que, bajo las cifras que presenta el PAD, se podrían retirar de golpe unos 5,000 educadores de los 6,000 que pueden hacerlo, lo que supondría que los ingresos calculados serían en realidad mucho menos. “La JSF pudo atender esto siendo un poco más estricta con ciertos bonistas, pero decidió no hacerlo. Prefirió actuar perjudicando a los maestros”, afirmó.

Por último, se presentó una objeción a nombre de Quest Diagnostics Inc., demandante principal de unos $4.7 millones en deuda por transacciones del gobierno que la JSF estaría cobrando a terceros. Se trata, explicaron, de una objeción limitada para exponer la posición de que esa recuperación se transfiera a Quest.

Para mañana martes se espera la presentación de 25 personas del público en general, elegidas por el tribunal al azar entre las muchas que pidieron participar del proceso. Según explicó la jueza Swain al cerrar la vista, en el grupo “hay empleados del gobierno, al menos un bonista, pensionados y otros que se han descrito como parte del pueblo”. La vista está pautada para comenzar a las 9:30 a.m.