Las decenas de miles de pensionados del país se verán severamente impactados por el plan fiscal enmendado que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal y no precisamente solo por el recorte de un 10% que verán en sus pensiones en tres años, explicó José Acarón, director estatal de AARP en Puerto Rico, grupo que aglutina a personas de 50 años o más.

¨Aquí se habló mucho por años de la crisis humanitaria. La crisis humanitaria va a comenzar ahora con los adultos mayores retirados… Se trata de una situación preocupante, no me sorprende pero me sigue preocupando, se olvidan que detrás de los números hay vidas humanas y familias¨, dijo Acarón. 

La Junta aprobó la propuesta del gobernador Ricardo Rosselló para recortar solamente las pensiones más altas, lo que protegería a los pensionados que reciben menos de $2,000 del recorte de 10 % que se estará formalizando en los próximos meses.

Se estima que los sistemas de retiro del gobierno atienden a unas 150,000 personas, pero no se especificó qué cantidad recibe menos de los $2,000.

¨Reducir el costo total de las pensiones en un 10% estamos totalmente opuestos¨, precisó Acarón. 

Con el dinero que reciben hoy día no les da a muchos para cubrir sus necesidades, o la de hijos, nietos y otros familiares que tiene que ayudar, según dijo. ¨Actualmente cerca del 25% de los pensionados no tiene hoy día suficiente dinero para pagar todos sus medicamentos¨, indicó.

Pero el golpe no es solo con las pensiones, aclaró Acarón porque por un lado, le bajas las pensiones, por el otro le afectarás su cubierta médica con la reforma de salud, y finalmente le aumentarás las contribuciones de la propiedad.

¨Aquí hay una doble y una triple pegada¨, afirmó Acarón. ¨La gente no va a tener como pagar medicamentos, como pagar los servicios de salud, cómo pagar tu casa¨, dijo.

Agregó también que la Junta tendrá un problema legal para imponer esa reducción en las pensiones porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que no se le pueden bajar las pensiones a una persona que ya la está recibiendo.

Sobre otras propuestas de la Junta, Acarón dijo estar de acuerdo con que todos los empleados tengan que aportar al seguro social, como en la actualidad son maestros y policías. Tampoco está claro cómo se evitará que caigan en el nivel de pobreza, y si se refiere al nivel de pobreza en Estados Unidos o en la Isla, porque son distintos.

También dijo que no está claro que hablen de liquidar activos para financiar las pensiones porque ya casi no quedan activos en el Sistema de Retiro. Criticó también que se hable de que todos los jubilados tengan cuentas definidas para acumular para retiro porque hay 9,000 personas que están acumulando de otra forma y ¨no me gustaría pensar¨ que esas personas perderían su jubilación.

Mediante comunicado de prensa tras la aprobación hoy del plan, la Junta informó que enmendó el Plan Fiscal del Gobierno en cuanto a las pensiones para lograr reducciones de 10% en el total de los pagos de pensiones, comenzando en el 2020. Durante los próximos 30 días, el Gobierno y la Junta trabajarán en un plan específico a ser finalizado para el 30 de junio 2017, basado en los siguientes principios:

(1) financiar las obligaciones de pensiones en un sistema de reparto simple (“paygo”), liquidando activos para ayudar a financiar beneficios utilizando los ingresos  al fondo general para pagar los beneficios que se debían bajo el plan previo; 

(2) enlistar a todos los miembros activos y nuevos empleados en cuentas de contribuciones definidas que segreguen y protegen sus contribuciones para el pago de sus propios beneficios en el futuro; 

(3) reducir progresivamente el costo total de las pensiones en un 10% para asegurar que el sistema pueda cumplir sus obligaciones, con protecciones para asegurar que ningún miembro caiga bajo el nivel de pobreza federal como resultado de las reducciones; 

(4) incluir, a partir del 2020, a todos los nuevos maestros y trabajadores de seguridad y protección pública en el sistema de Seguro Social, y, hasta donde sea práctico, inscribir a todos los maestros y trabajadores de seguridad y protección pública activos, menores de 40 años, en el sistema de Seguro Social.