Expertos en economía y leyes expresaron a Primera Hora que la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) llevaría al éxodo de la futura generación de puertorriqueños ante la implementación de medidas de austeridad para lograr pagar la deuda fiscal.

El economista José Caraballo Cueto opinó que aunque los efectos de la implementación del PAD no serían de mayor impacto a corto plazo, dado que “Puerto Rico estaría en un ‘tanque de oxígeno’ que se llama la ‘reconstrucción post-huracán María’”, la peligrosidad de esta propuesta que intentaría sacar al país de la bancarrota emergería ante la falta de un nuevo modelo de desarrollo económico.

“Si la economía, después de cuatro o cinco años que se acabe la reconstrucción después del huracán María no crece, pues hay tres formas de tratar de pagar esa deuda. Número uno, a través de aumentar más impuestos de los que tenemos; número dos, recortar más servicios gubernamentales; o número tres, accediendo a una nueva quiebra, pero esa opción número tres no está disponible ya, porque parte del acuerdo ahora es que reestructurar esa deuda y Puerto Rico no va a volver tener acceso a incoar a la ley Promesa. Va a quedarse en un limbo jurídico como estábamos antes de Promesa, que no podíamos tener acceso a un mecanismo de reestructuración como tienen los países independientes y los Estados Unidos”, expresó Caraballo Cueto.

Añadió que las opciones disponibles serían “dolorosas” para el ciudadano común.

“El gobierno está planificando para una medida bien de corto plazo, no están mirando el largo plazo. Aquí el peligro no va a estar para los próximos que vayan a estar en Puerto Rico en los próximos cinco años, sino para las generaciones futuras, y me parece un poco irresponsable de parte de los que están negociando esta deuda, que ninguno de ellos la va a pagar”, agregó el profesor asociado de la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. “Me parece un acto de irresponsabilidad que se piense que ‘en los próximos años no habrá problemas, que los que vengan después resuelvan’, esos que vienen después son nuestros hijos, sobrinos y nietos, que son los que tendrán ese país destartalado”.

El experto insistió en que la confirmación del PAD podría llevar a la isla a contar con “más cuarteles cerrados, más escuelas cerradas, menos acceso a una educación universitaria pública y menos servicios de salud”.

“Eso ya lo hemos experimentado los adultos en Puerto Rico en los últimos años, hemos visto cómo se degeneran los servicios del gobierno, que cada día cuentan con menos personal y menos recursos para atender al ciudadano adecuadamente”, manifestó.

“Lo que está implícito en ese plan es que el que venga de atrás, lo arregle. Entonces, no podemos culparlos cuando ellos decidan emigrar porque, en el plano individual, esa es la forma más fácil de escapar del peso de la deuda”.

Por otro lado, el abogado Rolando Emmanuelli indicó que, según la organización sin fines de lucro Espacios Abiertos, la confirmación del PAD permitiría un aumento a la prestación de servicios de la deuda de $2,700 millones a $3,113 millones, lo cual reduciría la disponibilidad del presupuesto fiscal del gobierno de este año a $7,000 millones.

“Ves lo que está pasando con la Universidad de Puerto Rico, que se está desarticulando porque pierde las acreditaciones [por falta de presupuesto], lo cual es grave, pero donde más me duele a mí es que hay 43 municipios al borde del colapso, en el sentido que sus ayuntamientos tendrían que cerrar, y estos son los municipios que le sirven a la población más pobre del país. Y esos municipios tendrían que despedir a sus empleados masivamente”, expresó Emmanuelli.

“El municipio suple las funciones del gobierno central, las complementa y, a veces, las da completa, y es la primera línea de defensa en todo. Hasta la gente que se le muere un pariente y no tiene dinero para enterrarlo, el municipio provee esos chavos, así que apoyan múltiples facetas. Nada más ahí vas a ver a un gobierno menguado, menoscabado, sin capacidad de prestar servicios”, añadió.

Por otro lado, indicó que, aunque se logre respetar la paga mensual de los pensionados del sistema público al no aprobar recortes, el plan que impulsa la Junta intenta, hasta ahora, “atarle las manos a la Legislatura para que no le den ningún aumento”.

“La lógica es inescapable, cada año hay inflación. Cada año se reduce tu poder adquisitivo. La Junta no quiere ajustar las pensiones, y eso va a condenar a este sector, que son más de 100,000 personas a la miseria”, expresó.

“Si tú tienes un país tan deteriorado económicamente, la gente se va. Y si la gente se va, baja la tasa contributiva, el consumo, que llevaría a bajar los ingresos del IVU (Impuestos sobre Ventas y Uso), y eventualmente llegaríamos a la segunda quiebra. Eso no lo despinta nadie”, concluyó.