Es posible reducir la cantidad de niños con autismo que terminan en el programa de educación especial del Departamento de Educación (DE), si se les identifica y atiende antes de los tres años de edad, afirmó, hoy, martes, el doctor Miguel Valencia, director de la División de Niños con Necesidades Médicas Especiales del Departamento de Salud.

“Sabemos que aunque se están viendo más niños con trastornos del espectro de autismo, la mayor parte de ellos son los más leves”, indicó el experto durante una vista pública efectuada como parte de esfuerzos legislativos para conocer si existen referidos excesivos de alumnos para el programa de educación especial en el sistema público de enseñanza.

“Si los intervenimos temprano, mientras ese cerebro tiene plasticidad, antes de los dos años, puede ser que no necesiten los servicios de educación especial o que sean de menor intensidad”, estimó Valencia en vista pública conjunta de las Comisiones camerales de Educación, Salud y Bienestar Social, que investigan el aumento de alumnos en la matrícula de la corriente especial del DE, según lo propuesto en la Resolución 1065 de la Cámara de Representantes.

Valencia explicó que la detección temprana hace “un mundo de diferencia”, debido a que antes de los tres años el cerebro humano tiene las condiciones ideales para desarrollar el lenguaje y la comunicación, aun cuando se hayan detectado deficiencias y rasgos de autismo.

“Nuestro interés es que la prueba para autismo se haga a los 18 y a los 24 meses”, indicó sobre las gestiones que tiene encaminadas el Departamento de Salud para revisar sus guías de cernimiento hacia una detección más temprana.

Si se identifica que cierto niño tiene deficiencias, sus encargados deben acudir al Sistema de Servicios de Intervención Temprana (conocido como “Avanzando juntos”), el componente de la ley federal de educación especial para la población de 0 a 3 años.

Para aquellos menores que reciben un diagnóstico de autismo ya en edad escolar, el camino es más arduo no sólo porque su cerebro es menos elástico que el de un infante, sino porque el DE mantiene un modelo que no necesariamente les beneficia, planteó el doctor Valencia.

Diagnósticos cuestionados

El presidente cameral Jaime Perelló, al justificar la investigación legislativa, destacó que la resolución de su autoría procura generar una radiografía del programa de educación especial desde la gestación del futuro estudiante hasta cuántos alumnos están mal diagnosticados. “En vez de preguntarnos por qué no llegó la guagua, por qué no nombraron al maestro, aunque eso es importante, vamos a profundizar un poco más”, aseguró.

Perelló señaló que los estimados de niños que necesitan servicios de este programa rondan de 35% a 40%, cuando en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos tal porcentaje apenas roza el doble dígito.

 “Entiendo que están mal diagnosticados muchos de esos casos. Si (todos) están bien, entonces tenemos un problema serio de salud pública”, agregó Perelló.

En la audiencia legislativa se cuestionó el modelo del DE para atender a la población de estudiantes con diagnósticos de autismo.

Al respecto, el doctor Valencia argumentó que enfocarse en tener más centros o más terapeutas para atender la creciente población de niños con autismo es perjudicial para los estudiantes del sistema de enseñza.

 “El aprendizaje se da en el ambiente natural donde el niño está”, aseguró el experto a preguntas de la representante Luisa ‘Piti’ Gándara, quien preside la Comisión cameral de Bienestar Social.

“Yo no puedo asegurar que un niño de 10 meses, los lunes a las 3:00 de la tarde, es cuando está más receptivo para aprender lo que le estoy tratando de ensenar”, ejemplificó.

Explicó que la investigación científica recomienda capacitar a las personas alrededor del menor para que, cuando muestre curiosidad y el interés espontáneo en aprender, sepan cómo aprovechar el momento.

“No puedo trabajar a todo el mundo con un servicio una vez al mes”, señaló sobre la realidad de que algunas familias van a necesitar más visitas del terapeuta y más seguimiento que otras.

 En este acercamiento, que favorecen los programas del DS debido a que está respaldado por evidencia científica, se conforma un plan de servicio individualizado “no para el niño, sino para la familia”, manifestó.

El progreso entonces se mide en resultados funcionales. Es decir, cómo han mejorado destrezas o conductas específicas, como usar la cuchara o trazar, precisó Valencia.

 “Eso es lo que debería pasar en el DE”, puntualizó.

Sin embargo, expuso que el sistema del DE requiere que el niño con autismo sea sacado de su salón, transportado a otro lugar, en horario estructurado, para recibir una terapia que no necesariamente le beneficia, pero que es costosa tanto para el erario como para el alumno, que pierde la oportunidad de tener un desarrollo óptimo aún con su condición.

“Estos nenes no deben venir a un centro a recibir terapia porque eso no es lo que va ayudarlo. No sabemos cómo ese nene va a generalizar eso que está haciendo por allá (en la terapia) cuando vuelva al salón de clases”, observó.

Durante la vista pública también trascendió la falta de un registro realista de casos, toda vez que no se almacena digitalmente y, además, se usan entrevistas telefónicas, sin revisar, ni confirmar con los expedientes clínicos.

 “Necesitamos saber la verdad, porque no vamos a solucionar el problema si escondemos que no estamos dando los servicios adecuados”, planteó, por su parte, la representante Gándara, quien en el pasado laboró como maestra.

Mientras, la representante Brenda López de Arrarás, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, prometió “ir más allá de lo evidente” en este asunto. “Tenemos una encomienda intensa y bastante abarcadora”, destacó.

 “El Departamento de Educación (DE) tiene un presupuesto de $3,500 millones. Es un presupuesto mayor que el de 14 países en el mundo. No es un problema de recursos económicos, es un problema de estructura”, recalcó, por su parte Perelló.