El abogado Rolando Emmanuelli expresó este miércoles que el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal están “pateando la lata”, o “posponiendo el problema”, al favorecer el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) tras testigos del ente fiscal exponer preocupaciones legales y económicas sobre su sostenibilidad a largo plazo.

“Yo pienso que la información que se ventiló hoy es indicativa de las dudas que hay sobre la viabilidad del plan de ajuste en término de que se pueda cumplir y que eso implica que Puerto Rico esté siempre luchando por tratar de cumplir unos términos y condiciones que son muy difíciles de cumplir”, expresó el abogado a Primera Hora. “Eso va a requerir recortes en los servicios esenciales, recortes en los municipios, en la UPR (Universidad de Puerto Rico), y todo lo que haga falta para que se pueda vivir en el país”.

Dicha declaración se da luego que el testigo Guarav Malhotra, ejecutivo de la firma asesora Ernst & Young (E&Y), indicó ante la jueza federal Laura Taylor Swain en el tercer día de vistas de confirmación del PAD que Puerto Rico entrará en un déficit presupuestario de $2,100 millones para el 2035. El testimonio se da tras preguntas emitidas por el bonista individual y abogado Peter C. Hein.

Igualmente, la testigo Sheva R. Levy, otra ejecutiva de la firma que asesora a la JSF, respondió a Hein que el no recortar las pensiones de los jubilados, asunto que la Ley 53-2021 buscaría proteger, costará un promedio de $69 millones anuales al fisco.

“Los mismos proponentes del plan, que fueron los testigos de la Junta, manifiestan que hay unos problemas que hacen más probable que Puerto Rico caiga en la miseria”, sostuvo. “Tú caer como país a una segunda quiebra es llevarlo a la miseria”.

No obstante, Emmanuelli destacó que estos datos que se expusieron en el Tribunal Federal del Distrito de San Juan como prueba pericial para cumplir con “el mejor interés de los acreedores” no evitarán la confirmación del plan de ajuste.

“Los acreedores podrían quejarse que se discriminan a ellos por darle un tratamiento mucho mejor a unos acreedores específicos, y un tratamiento aquí sería cero recortes, y eso es lo que hace pertinente esta discusión”, dijo el licenciado.

“Tienen que discutirse, tienen que ventilarse esas pruebas porque aquí se hizo un cambio a última hora”, agregó tras señalar cómo la Junta sometió un octavo plan de ajuste modificado el pasado martes.