La jueza superior de San Juan, Ana Paulina Cruz Vélez, extendió hoy al exrepresentante novoprogresista Ramón Rodríguez Ruiz, convicto de corrupción, el horario de su sentencia de un año en probatoria de manera que podrá trabajar hasta las 2:00 de la madrugada, los viernes y sábados, en un negocio de expendio de bebidas alcohólicas, en Guayama.

El exlegislador enfrentaba esta tarde una vista de revocación de su probatoria, pero el proceso se pospuso para el próximo de 15 de septiembre en espera del desenlace del nuevo caso de violencia de género y maltrato de menores que le imputó su compañera consensual, Soniel Torres Suárez, y que se ventilará en una vista preliminar en alzada en el Tribunal de Guayama, el 31 de este mes de agosto.

Rodríguez Ruiz fue expulsado de la Cámara de Representantes en febrero de 2018 luego que la Oficina del Fiscal Especial Independiente le radicara dos cargos relacionados con la contratación de un empleado fantasma en su oficina legislativa, así como, irregularidades en la creación de dos organizaciones sin fines de lucro. Por este caso, en enero de 2021 se le dictó una pena de restitución de $10 mil y una probatoria de un año, que expira en enero de 2023.

El exlegislador por el distrito 27 (Santa Isabel, Coamo, Aibonito, Salinas y Juana Díaz), saltó a la palestra pública en 2017 con un primer episodio de violencia machista contra la exdirectora de su oficina, Soniel Torres Suárez, pero el caso no se radicó.

En el nuevo caso, a Rodríguez Ruiz se le imputa que el pasado 24 de mayo acudió a la residencia de su compañera en estado de embriaguez y sostuvo una discusión con la mujer. Tras la radicación de este caso, el PFEI acudió al tribunal solicitando que se le revoque la probatoria.

En un comunicado de prensa con fecha del 24 de mayo de 2022, el Departamento de Justicia informó que el imputado “empujó abruptamente a la mujer contra una mesa de noche, luego la sacudió violentamente y mientras la jamaqueaba entró la hija y la empujó contra el gavetero del cuarto”.

La jueza Cruz Vélez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, acogió una solicitud de la abogada de defensa, Mayra López Mulero, quien pidió una modificación en las condiciones del horario de la sentencia suspendida de un año que extingue su cliente para que pudiera trabajar hasta horas de la madrugada.

“Es su única fuente de ingresos para cumplir con sus obligaciones”, reclamó la abogada.

Como parte de las nuevas condiciones, el exlegislador podrá estar en el establecimiento, cuyo nombre no se divulgó, de lunes a jueves hasta las 12:00 de la medianoche y los viernes y sábados hasta las 2:00 de la mañana. Los domingos el negocio no abre.

“Es un negocio de bebidas, básicamente”, dijo el exlegislador cuando la jueza le preguntó sobre el tipo de establecimiento comercial. Rodríguez Ruiz indicó que está solo al frente del negocio y que había otra persona, pero se fue a los Estados Unidos.

“Vamos a darle esa oportunidad”, dijo la jueza Cruz Vélez luego de escuchar los argumentos de López Mulero y de la oficial sociopenal, Miosotis De Jesús.

La sociopenal pidió que el imputado se mudara de residencia porque “anteriormente, estaba residiendo cerca (de la víctima en Guayama).

“No queremos ni la mera apariencia, ni los malos entendidos. Este señor no vive con esa dama. Se ha querido decir algo que no es correcto y por lo tanto, para evitar cualquier tipo de mera apariencia y por recomendación de esta abogada, yo lo quiero bien cerquita de donde trabaja hasta que esto se aclare finalmente”, indicó la licenciada López Mulero a preguntas de periodistas a su salida del tribunal.

El fiscal Núñez Corrada se mostró en desacuerdo con la decisión de la jueza de extender el horario al convicto. “La prueba que se ha pasado en relación a él es que ese es el único trabajo que tiene y lo que más me preocupa es que el caso en Guayama, según tengo conocimiento, la menor que tiene 13 años no compareció al tribunal e inclusive se dijo que estaba fuera de la jurisdicción de Puerto Rico”, expresó.

“Ese caso se postergó y el juez tuvo a bien solicitar que para el 31 de agosto se presente la niña y se han hecho gestiones hasta donde tengo conocimiento con el Departamento de la Familia. Esperemos a ver qué pasa el 31 de agosto en esa vista”, sostuvo el fiscal y explicó que el caso en alzada es por la violación al artículo 59 de la Ley 246 sobre maltrato de menores. A Rodríguez Ruiz también se le imputa una violación al artículo 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica.

“Soniel (Torres) fue parte de los hechos que se investigó por la oficina del Fiscal Especial Independiente en relación a las actividades ilegales estaba cometiendo Ramón Rodríguez en la Legislatura y que ella fue víctima también de una agresión, como es víctima de nuevo con este asunto”, sostuvo el fiscal Núñez Corrada.

Pero, López Mulero dijo que en ambos casos “tanto el que se refiere a la pareja de mi representado como a la menor, ambas declararon en vista preliminar y una vez se desfila esa prueba el juez determinó no causa en la vista preliminar”.

La abogada indicó que como resultado de la determinación de no causa se le removió el grillete a su representado y que lo que queda pendiente es la vista preliminar en alzada.

Torres Suárez fue coacusada y convicta en el caso de fraude contra el exlegislador que se radicó en 2018. Era la directora ejecutiva de la oficina de Rodríguez Ruiz en el Capitolio y fue sentenciada en julio de 2020 a siete años en probatoria.