"Exigimos que cualquier intento de desalojar el campamento se haga con pleno respeto por los derechos humanos de estos jóvenes que están expresando su sentir sobre una situación que preocupa a gran parte de la sociedad", expresó Liza Gallardo Martín, directora ejecutiva de AIPR, en un comunicado de prensa.

Según detalló el organismo local, los manifestantes llevan desde el pasado miércoles en el campamento, el mismo día en que el Senado federal aprobó el proyecto de ley conocido como "Promesa" para poner solución a la crisis de deuda de Puerto Rico.

Sin embargo, el pasado viernes, un grupo de alguaciles federales acudieron al campamento y les advirtieron a los participantes que no podían quedarse en su ubicación actual y que se debían retirar.

"Entendemos que este grupo de personas quiere expresar su preocupación por la decisión de imponer una junta de control fiscal y que se está llevando a cabo de manera pacífica", reclamó Gallardo sobre los manifestantes, que sobrepasan el medio centenar.

Las manifestaciones se han llevado a cabo las 24 horas y han incluido presentaciones musicales improvisadas, mayormente de raperos y poetas locales, quienes han expresado a través de canciones y recitales su rechazo a la junta de control fiscal.

"Expresarse públicamente y participar en manifestaciones es un derecho fundamental para poder reclamar sus otros derechos", afirmó también en el comunicado Rubén Kondrup, coordinador de activismo de AIPR.

"Sin embargo, hemos visto como en Puerto Rico y muchos otros países, la protesta se trata como un acto criminal. Este es un asunto de mucha preocupación para Amnistía Internacional", añadió Kondrup.

AIPR enfatizó en el comunicado que la desobediencia civil es una táctica que se utiliza en todas partes del mundo y mientras sigue siendo un acto no-violento la Policía y otros actores del Estado no deben utilizar fuerza contra los manifestantes.

"Los ojos del país están actualmente sobre este campamento y en Amnistía Internacional también estamos pendientes de los acontecimientos allí. Cualquier incidente de uso de fuerza excesiva e irracional sería totalmente inaceptable", subrayó Gallardo.

La ley o "Promesa" crearía una junta de control fiscal sobre el Gobierno puertorriqueño que tendría más poderes que el propio Ejecutivo local, y podría incluso modificar las normas sobre salario mínimo y compensación de horas extra, lo que preocupa a algunos demócratas.