El exalcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, se declaró culpable este miércoles de corrupción gubernamental, tras alcanzar un acuerdo con la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), confirmó la fiscal Leticia Pabón.

La otra acusada en este caso, en el que se les imputó invertir fondos concedidos por la Legislatura para la construcción de un Centro de Trauma, la exdirectora de finanzas del municipio mayagüezano, Yahaira M. Valentín Andrade, no acogió el acuerdo que se le presentó. Pero, el juez William Machado Aldarondo, del Tribunal del Primera Instancia de Mayagüez, le concedió más tiempo para proseguir conversaciones antes de fijar la fecha de un juicio, dijo Pabón a Primera Hora.

Las decisiones se dieron a conocer durante una vista judicial celebrada en la tarde de este miércoles en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez.

La fiscal Pabón sostuvo que la determinación del alcalde de acoger el acuerdo de culpabilidad “significa que él está aceptando que cometió dos delitos graves, significa que el está aceptando que el pueblo de Mayagüez perdió $9 millones gracias a sus acciones y no puede aspirar a ningún puesto público de aquí en adelante”.

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No obstante, el alcalde recalcó, durante una entrevista con medios de comunicación que fue transmitida por en vivo por Facebook, en la página Noticias de Mayagüez, que su determinación no mancha la honestidad con la que llevó la administración municipal de Mayagüez. De paso, rechazó haber cometido corrupción.

“No hay justicia más grande que la injusticia. Y, sobre todo, todo que todo el desfile de la prueba que se ha circulado, no desde ahora, sino desde las investigaciones que se hicieron de este caso por el gobierno federal, es que ni la gente de Finanzas ni este alcalde se benefició de forma alguna, económicamente, de los fondos públicos que estaban en consideración”, sentenció el alcalde.

Dijo estar “satisfecho” por la decisión que tomó de declararse culpable. Pero, no pidió disculpas al pueblo, ni ante el Tribunal ni ante la prensa, de lo sucedido.

En cambio, expresó que le daba las “gracias al pueblo, por la confianza que me dio el pueblo de Mayagüez por tantos años. Que siempre recojo en el pueblo su satisfacción del servicio que le dimos”.

Rechazó haber cometido actos de corrupción, al exponer que “ese dinero, que estaba depositado en una cuenta, un CD (certificado de depósito) en un banco privado, no se estaba utilizando para otra cosa, porque no había el dinero completo, y que se tomó esa determinación, asesorado, por las personas que los alcaldes tienen a su lado para asesorarlo en un momento determinado cuando hay un tipo de situación”.

De inmediato, alegó que hay personas que han creído en su inocencia. Pero, aceptó que hay otros que ni escuchan ni ven por circunstancias políticas o personales, por lo que no creen que no cometió corrupción.

“La evidencia está ahí de que para mí lo más importante era que mi honestidad como alcalde de Mayagüez estuvo siempre. Me acordaba, en 29 años de servicio a esta ciudad, ni un solo señalamiento, ni cuanto a los Juegos Centroamericanos en el Caribe, que no eran $9 millones, eran muchos millones los que estaban envueltos, todas las emergencias que tuvimos que afrontar, no había un señalamiento de la administración mía de situaciones con fondos federales, que no hay ninguna con todos los fondos federales que manejamos, tanto con el huracán María, con el huracán Irma, y con todas las demás actividades que tuvo que trabajar el gobierno municipal de Mayagüez y esa me satisfacción, la honestidad en el servicio público de Puerto Rico”, puntualizó.

Antes de finalizar sus expresiones, alegó que el hecho de que un político sea responsable de actos cometidos por tercero es “una nueva vertiente que va a tener el país”.

El acuerdo

Para lograr el acuerdo de culpabilidad del exalcalde, se realizó una enmienda al pliego acusatorio, dijo la fiscal Pabón.

En un inicio, Rodríguez Rodríguez fue acusado de dos cargos por incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos. El primero de los cargos tiene una pena establecida de tres años de prisión con derecho a probatoria, pero el segundo cargo impone una pena de 15 años de prisión, sin derecho a probatoria, detalló la fiscal.

Ambos cargos fueron enmendados a dos cargos de negligencia en el cumplimiento del deber bajo el Código Penal. Este delito impone una sentencia de tres años de cárcel, pero con el beneficio de que el juez puede dictar que lo cumpla en probatoria. Esto implicaría que no iría a prisión.

Pabón señaló que la decisión de que cumpla o no prisión recae en el juez. Explicó que, contrario a los casos federales, el OPFEI no recomienda una pena.

Pero, el abogado del exalcalde, Harry Rodríguez, dijo estar confiado en que su cliente no tendría que pisar una prisión, ya que cumple con todos los requisitos para una probatoria. Estos incluyen no haber cometido ningún delito anteriormente.

La decisión del juez se podría conocer el próximo 20 de mayo a las 10:00 a.m., cuando Rodríguez Rodríguez fue citado para escuchar su sentencia. En estos días de espera, se le debe realizar al ahora convicto un informe presentencia para conocer si cumple con los requisitos de la probatoria.

Además de estos cambios en los cargos, el acuerdo contempló que Rodríguez Rodríguez tuviese que pagar a la OPFEI $12,500. La fiscal Pabón explicó que esta suma es para “reembolsar parte del gasto de la Oficina para el procesamiento”.

El abogado del exalcalde presentó el cheque públicamente, para demostrar que la suma está salda.

Por su parte, Valentín Andrade también deberá acudir a la corte el próximo 20 de mayo, pero a las 2:00 p.m., a una conferencia con antelación al juicio.

La fiscal Pabón precisó que en esta vista se le deberá informar al juez el avance de la negociación.

Explicó que la defensa de Valentín Andrade quedó en entregar al OPFEI una contraoferta por escrito para que esta pueda hacer un acuerdo de culpabilidad. Dijo que cuando se reciba, “la evaluaremos”.

Rodríguez Rodríguez y Valentín Andrade fueron acusados de cargos de incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos por el desvío de unos $9.8 millones, que fueron otorgados en resoluciones conjuntas de la Legislatura estatal para completar fases del Centro de Trauma de Mayagüez. En cambio, se alega que el exalcalde y quien fuera su directora de finanzas usaron el dinero para realizar inversiones en un grupo que fue acusado en el foro federal.