Tan pronto como en octubre próximo, el exalcalde de Barceloneta, Sol Luis Fontanes Olivo, de 69 años, podría estar en la libre comunidad -en reclusión domiciliaria- cumpliendo lo que le resta de sus condenas en los tribun ales estatal y federal.

El abogado Ramón A. Cestero Moscoso, quien explicó que le faltarían seis años, indicó que ya el caso del expolítico en el foro estatal está ante la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP).

De hecho, el director ejecutivo de la JLBP, Ovidio López Bocanegra, informó a Primera Hora que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) les envío el récord de Fontanes Olivo tras cumplir, el pasado 15 de abril, el mínimo de sentencia.

López Bocanegra explicó que cuando un reo cumple la pena mínima, Corrección les envía automáticamente los datos del confinado, con el cómputo de bonificaciones y otras certificaciones, para su evaluación y la celebración de una vista de consideración de libertad bajo palabra.

“Él tiene derecho a que lo refieran, no al privilegio que es un criterio de la Junta”, aclaró López Bocanegra.

En días pasados, la JLBP publicó un edicto en Primera Hora informando a las víctimas que el caso de Fontanes Olivo está ante su consideración.

En el foro estatal, Fontanes Olivo fue sentenciado a 13 años de prisión por omisión en el cumplimiento del deber, impostura (falsa representación) y violación al artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental. 

El exalcalde se declaró culpable en el 2013, por sobornar a contratistas de la alcaldía, daños agravados a estructuras en la comunidad La Boca y violaciones a la Ley de Ética.

En el tribunal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico, desde octubre de 2012, cumple diez años de cárcel por cargos de soborno relacionados a programas que recibían dinero federal.

Esos diez años los cumple concurrentes con su condena en el foro estatal.

“Ahora, en octubre, que cumple siete años confinado, cualificaría -si cumple con todos los requisitos- para tres años en libertad su pervisada y ser enviado a Puerto Rico", explicó el abogado quien dijo que en este caso “varían las condiciones de si puede o no trabajar y a qué hora tiene que estar en su casa…”.

En la sentencia por los cargos locales le faltarían seis años por cumplir, pero si son concurrentes con los tres en libertad supervisada de la federal, serían entonces tres, para un total de seis, a partir de octubre próximo, explicó Cestero Moscoso.

“Estaría en libertad supervisada conjuntamente con lo que le quede de la sentencia estatal, en su casa, en arresto domiciliario”, abundó.

“La idea es que le convaliden el tiempo que ha cumplido en la federal para que pueda, si le queda algún periodo adicional de cumplir en la estatal, cumplirlo en arresto domiciliario”, insistió el abogado.

Ya la JLBP le informó al Departamento de Justicia -en este caso a la secretaria Wanda Vázquez- sobre el caso, y según informó la directora de prensa de la agencia, Mariana Cobián, “se recibió el expediente y está bajo evaluación”. 

La fecha para la vista de consideración no ha sido pautada, pero Cestero Moscoso dijo que podría darse en agosto o septiembre próximos. 

Uno de los asuntos que evalúa el oficial examinador (abogado) en la vista es la conducta del confinado.

“De la información que tengo es que la conducta ha sido excelente y que ha sido bien cooperador y está bien considerado en ese sentido. De salud ha mejorado”, mencionó el abogado.

Aunque se supone que luego de cumplirse la pena mínima se celebre la vista, en un período de 45 días, el tiempo varía dependiendo de factores como el que logren contactar a las víctimas o que el reo esté en una prisión en los Estados Unidos. 

La vista del exacalde se verá por videoconferencia desde el estado de Virginia, donde está en custodia mediana. 

De hecho, las autoridades federales están en conocimiento de que comenzó a correr el caso en la Isla, informó el abogado al detallar que hay una vista señalada para el 18 de junio, en la JLBP, donde están citadas las víctimas del caso federal.

“La idea es que haya concurrencia entre cualquier término que le falte cumplir tanto en la federal como en la estatal”, dijo Cestero Moscoso sobre la vista de junio que “si le es favorable y se ve su caso aquí en agosto o septiembre, se determinará cuánto le falta y que sea concurrente en probatoria, con grillete, arresto domiciliario e incluso se le podría permitir trabajar 8 a 6 horas y dormir en su casa”.

Por su parte, el director de la JLBP dejó claro que cuando un reo deja la prisión estatal también se le imponen restricciones de horarios y conductas.

La Junta tiene 16 condiciones mandatorias y otras que pueda o quiera imponer, siempre y cuando se ajusten al reglamento, especificó López Bocanegra.

Entre estas están: reportarse con su técnico de servicios sociopenal por lo menos dos veces al mes, estar en su casa en un horario, que por lo general es a las 6:00 de la tarde, no acercarce a las víctimas y hacerse pruebas toxicológicas periódicamente.

Para evaluar cómo está comportándose se hacen visitas de seguimiento.

En los casos de violencia doméstica tiene que inscribirse en un registro de ofensores de la Ley 54 y lo mismo ocurre en el caso de agresiones sexuales.