Xavier González Calderón, exadministrador de la Cámara de Representantes quien cumple una condena a nivel federal por su participación en el esquema para favorecer al exrecaudador de la Pava Anaudi Herández con un contrato de instalación de un cuadro telefónico en ese cuerpo, enfrenta ahora cuatro cargos adicionales a nivel estatal.

Contrario a la mayoría de sus casos, la oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) no informó sobre la radicación de cargos, ni siquiera dijeron que se había encontrado causa para arresto en cuatro cargos: extorsión, enriquecimiento ilícito, intervención con procesos gubernamentales y el dar información falsa.

De inmediato, no estuvo claro si esas fueron las únicas cuatro denuncias presentadas contra González el pasado 30 de agosto o si hubo otras que no prosperaron.

Los FEI Ramón Mendoza y Leticia Pabón, que tienen a su cargo el caso que incluye al expresidente cameral Jaime Perelló, no precisaron por qué no se informó de la radicación de cargos.

A pesar de que González Calderón estaba citado para comparecer hoy a un señalamiento de vista preliminar, el individuo no llegó debido a que el FEI no sometió una moción a nivel federal de habeas corpus para que se ordenara su traslado del Centro de Detención de Guaynabo al Centro Judicial de San Juan.

Mendoza dijo que a su entender sólo se necesitaba la citación del juez para que se diligenciara el traslado.

El abogado de González, quien estuvo presente en sala, no hizo expresiones.

Ante esa discrepancia, el juez Enrique Silvas citó a González Calderón para el 21 de septiembre a las 10:00 de la mañana. 

Mientras tanto, Perelló tendrá una vista argumentativa el 13 de octubre en horas de la tarde cuando sus abogados explicarán por qué entienden que se debe desestimar cuatro de las nueve imputaciones que pesan en su contra.

El juez Silva adelantó que para esa ocasión será el mismo tribunal quien pida la transmisión de la vista por entender que se trata “de un asunto importante” .

Según el FEI, Perelló debía informar donativos políticos como lo establece esa Ley de Ética Gubernamental. 

La teoría del FEI es que Perelló no informó ante el Contralor Electoral un donativo que le hiciera el otrora contable y hoy convicto Lutgardo Acevedo. Por ende, se infiere que el dinero fue a parar a su bolsillo, y debía informarlo ante la Oficina de Ética Gubernamental, lo que tampoco hizo, y allí está el delito, argumentan.

El expresidente cameral también enfrenta imputaciones por perjurio, falsedad ideológica, posesión y traspaso de documentos falsos, así como y violaciones a la Ley para el Financiamiento de Campañas Públicas.

Pero según la defensa de Perelló a cargo de José Andreu Fuentes y José Olmos, esos cuatro cargos relacionados a donativos no proceden porque la Cámara de Representantes tiene su propio Código de Ética por el que se rigen sus miembros.

Las imputaciones en el caso de Glenn Rivera Pizarro quien fue convicto a nivel federal por su alegada participación en el mismo esquema, quedaron pendientes de que se resuelva una moción presentada por sus abogados Juan Masini Soler e Iricelis Ortiz bajo la teoría de que se trata de una doble exposición.

Esa moción está pendiente ante el juez Rafael Taboadas.