Itza Marie García Rodríguez, ex secretaria asociada de la Gobernación bajo el renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares, demandó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por daños y perjuicios.

En el documento –radicado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el pasado 1 de mayo por el abogado Jesús Roberto Ramos Puca– la demandante pide una compensación no menor de $5,000,000 y una rectificación pública de la mandataria del País.

Vázquez Garced fue demandada como exsecretaria del Departamento de Justicia y en su carácter personal y el proceso está relacionado con el conocido “WhatsApp Gate”, chat político-partidista por el que se inició una pesquisa ya que en él se encontraba el juez Rafael Ramos Sáenz, quien ejercía sus facultades judiciales al momento del intercambio de mensajes.

Por esto, Rosselló Nevares, el 2 de mayo de 2018, le pidió la renuncia a García Rodríguez y a otros tres funcionarios que participaban de la conversación. También aceptó la renuncia del secretario de la Gobernación, William Villafañe Ramos, quien hoy es legislador, y que estaba en el chat.

La determinación del entonces gobernador surgió luego que Justicia realizara una investigación preliminar y recomendara a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independientes (Opfei) a Ramos Sáenz. En esa misma conferencia de prensa, Vázquez Garced realizó varias acusaciones contra García Rodríguez en las que sostuvo que pudo hacer cometido “un delito de perjurio”, que “pudo haber ocurrido influencia indebida con relación al nombramiento del juez Ramos Sáenz”, así como “una posible obstrucción a la justicia e intervención indebida e intento de intimidación” contra la hoy gobernadora.

“El Informe del Opfei acredita que las expresiones realizadas por la codemandada Vázquez Garced y otros representantes del codemandado Departamento de Justicia en contra de la demandante, durante la conferencia de prensa en la que informaron públicamente los resultados de la investigación conocida como ‘el caso de WhatsApp’, eran falsas, maliciosas y calumniosas. Se desprende, además, que fueron hechas como represalia en contra de la demandante por haber referido una comunicación para consideración del Lcdo. Alfonso Orona Amilvia, entonces Principal Asesor Legal de la Oficina del Gobernador”, reza la demanda de 12 páginas.

La intimidación a la que la Vázquez Garced se refería era a que García Rodríguez había dado paso al asesor legal del gobernador una denuncia –realizada por Nayda Betancourt– contra ella por alegadamente intervenir en el caso de Tyrone Torres Betancourt, el joven que entró a robar a casa de su hija.

“Las expresiones falsas, maliciosas y calumniosas fueron realizadas por la codemandada Vázquez Garced en múltiples ocasiones por los meses subsiguientes hasta abril de 2019, según información y creencia”, añade el documento presentado al tribunal.

También están demandado, además de Vázquez Garced, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y las compañías de seguros correspondientes.

García Rodríguez alude que los actos de los demandados le han ocasionado “graves daños”, además que “se ha manchado su nombre y reputación de una irreparable” y le “ha limitado sus oportunidades profesionales”.

Asimismo, señala que continúa siendo “objeto de burlas y ataques públicos”, entre otras cosas, lo que le provoca “humillación, angustias, sufrimientos y temor”.

“Los codemandados han cometido ataques abusivos contra la honra, reputación, vida privada de la demandante, violado sus derechos más básicos”, se desprende de la demanda.