El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, dijo hoy que no hace falta nueva legislación para atajar la escalada en los casos de violencia de género, pero dejó la puerta abierta a posibles enmiendas a Ley 89 de 2023 que, según el Departamento de Justicia, no obliga a los tribunales a imponer supervisión electrónica en todos los casos de la Ley para la Intervención contra la Violencia Doméstica.

“Las leyes ya están, puede haber espacio para mejorar, pero el sistema tiene las herramientas. Ahora, observo que no hay una constante comunicación para que el rol que tienen que hacer esas agencias de seguridad funcione como un reloj”, dijo Dalmau Santiago a preguntas de periodistas en el Capitolio.

El líder senatorial dijo que con la Ley 89, que entra en vigor el 4 de febrero de este año, la rama judicial va a tener una herramienta adicional para atender estos casos, pero cuando se le preguntó por las preocupaciones presentadas por el Departamento de Justicia y la procuradora de interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, en una vista pública en la Cámara de Representantes el pasado 18 de enero, indicó que el estatuto podría revisarse.

En la vista pública, las agencias indicaron que la Ley 99 de 2009 establecía de forma clara que los tribunales venían obligados a imponer supervisión electrónica en los casos de Ley 54, pero un artículo de la Ley 89 delega en el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) hacer la recomendación a los tribunales.

“Hay espacio siempre para revisar (la ley), pero es el juez el que tiene ante si lo que se le presenta y ante lo que se le presenta, jurídicamente, es la manera en que actúe. Si no se le presenta la información, el juez va actuar con la información que tiene, pero no podemos a priori, violentarle los derechos a un ciudadano de la presunción de inocencia si el juez no tiene la información”, indicó.

Dalmau aludió al feminicidio de Linnette Morales Vázquez, ultimada por su expareja, Wilfredo Hiram Santiago, el pasado 24 de enero, apenas siete horas después que la víctima no logró que se viera una vista preliminar en la que le imputaba maltrato. Tras la suspensión de la vista en el Tribunal de Ponce, el agresor ultimó a tiros a Morales Vázquez, y a la madre y al hermano de la mujer en una residencia en Yauco. Las víctimas eran familiares del secretario auxiliar de la gobernación, Ángel Morales. Posterior a los hechos, el agresor se quitó la vida.

Hacía menos de un año que Santiago había salido de prisión por otro caso de violencia de género y a pesar de su expediente criminal, previo a la vista del 24 de enero, la jueza Ginny Vélez Carreras no dio paso a una moción de la fiscalía de Ponce para que al hombre se le impusiera supervisión electrónica.

“Lo leí en la prensa; se le ofreció a la víctima toda la protección y la víctima rehusó toda la protección, prefirió irse a casa de un familiar, porque se sentía más segura en casa de ese familiar y miren la tragedia que ocurrió. Los mecanismos estaban ahí. ¿Qué hacemos con la víctima? La obligamos a llevarla a un centro de protección. Si la víctima no quiso… esas cosas después que ocurren es que se lamentan”, argumentó el Presidente del Senado.

-¿No hace falta nueva legislación?, se le preguntó.

“A lo mejor alguien presenta algo innovador, pero los mecanismos para trabajar con esta situación los hay. Se denuncia a la persona, la Policía interviene, pero la Policía tiene que recopilar una información y poner en condiciones al fiscal para decidir si radica o no los cargos… Después que surgen los eventos desde las gradas es muy fácil. ¿Por qué no prevenir para que no ocurran esos eventos?”, dijo.

-¿Pero aquí estamos hablando de la vida de mujeres?

“Así es, estoy de acuerdo, pero con la prueba que se le presente al juez, él debe tener la información para actuar de una u otra manera. Si se le presenta prueba de que la persona es violenta y ha tenido casos anteriores, pues el juez tiene ante sí la información para tomar una decisión. La Policía tiene que rendir un informe, la fiscalía va a verificarlo o lo va a fortalecer al presentarle los cargos. Estoy seguro que ni el abogado, ni el fiscal, ni el policía ni el juez que intervino en ese asunto (el caso de Morales Vázquez) anticipaban que una cosa así podía suceder”, indicó Dalmau.

“Siempre cualquier mecanismo en ley puede regresar acá, puede verse en vistas o puede enmendarse. A raíz de todo esto que está pasando tenemos que repensar no solamente el aparato jurídico que ya sabemos que tiene unas vías y cuáles pueden ser los posibles defectos sino, previo cómo fortalecemos la comunicación para que las víctimas sepan cómo protegerse, a donde tienen que acudir, cómo podemos prevenir que personas lleguen a tomar estas decisiones porque no han sido educadas o no tienen los valores o no ha habido un mecanismo disuasivo”, expresó.

Dalmau no fue categórico tampoco en si llenar la vacante en la Procuraduría de las Mujeres ayudaría a detener el alza en la violencia machista. En marzo de 2023, la líder feminista y entonces nominada, Vilmarie Rivera Sierra, pidió el retiro de su nombramiento, pues no tenía los votos para su confirmación. Desde entonces, ocupa el cargo de forma interina, la licenciada Bermúdez.

“Ha habido un reclamo de año y medio de llenar esa plaza, la persona que se trajo no contaba con los votos, ni de la misma delegación novoprogresista. Desde ese momento ha pasado un año y no se ha llenado la plaza. Claro que hay personas que pueden ocuparla, claro que debe haber una procuradora en propiedad, pero eso no quiere decir que la que está de forma interina no pueda tomar cartas sobre el asunto y tomar medidas”, sostuvo el presidente del Senado.

El tema de la violencia de género copó varios de los turnos iniciales de los senadores en la sesión legislativa de hoy, mientras a las 4:00 de la tarde, dos legisladoras novoprogresistas, la senadora Kerem Riquelme y la representante Wanda del Valle, convocaron a la Procuradora interina de las Mujeres, a los secretarios de Justicia, Domingo Emanuelli, de Seguridad Pública, Alexis Torres y de la Familia, Ciení Rodríguez, así como al superintendente de la Policía, Antonio López, a una reunión a puertas cerradas, en el Capitolio, en torno a la violencia machista.

“La ausencia de un abordaje coordinado, la insensibilidad del aparato judicial, el entretenimiento politiquero nunca permitirán, por doloroso que sea este fenómeno, que se reconozca este asunto como una prioridad. Mientras tanto, el monopolio de la moral politizada le da paso a la política de folleto populista inflamada por una combinación de odio y de ignorancia que sigue enajenándose de la necesidad de establecer un estado de emergencia de violencia de género por ley y no por una enclenque orden ejecutiva”, reclamó el senador independiente, José “Chaco” Vargas Vidot.

La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Migdalia González Arroyo, indicó que existen “las leyes, los protocolos y los reglamentos” para atender el problema de la violencia de género.

“Es hora de adjudicar la responsabilidad a quien verdaderamente tiene la responsabilidad. Se ha decretado un estado de emergencia, se extendió el estado de emergencia, pero las recomendaciones del Comité PARE como parte del decreto de ese estado de emergencia nunca han sido implementadas en el país”, sostuvo la senadora González Arroyo.