Aunque la Ley 80 para una ventana de retiro incentivado está en vigor desde agosto, el gobierno frenó el inicio del programa ante el desconocimiento de su impacto en los puestos esenciales de trabajo en las entidades públicas, y cuántas de esas vacantes habría que llenar al quedar descubiertas, salió a relucir ayer durante las vistas públicas de transición.

“Estamos dejando que corra el proceso de elección para ver, de ese universo de empleados elegibles, cuántos quieren acogerse, cuántos de esos empleados se tendrían que reemplazar y cuántos no”, explicó Luis Collazo Rodríguez, administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, durante su participación en las vistas públicas de transición de gobierno.

La Administración de los Sistemas de Retiro envió el 14 de octubre una carta circular a los patronos de las entidades públicas, informando los procesos para la implementación de la Ley 80, que aunque era por fases, no contemplaba un freno.

Sin embargo, además de diferencias sobre este estatuto con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), durante los ocho días que han transcurrido de vistas de transición, la mayoría de los jefes de agencia ha mostrado preocupación ante el impacto que podría generar la salida de empleados en puestos esenciales, frente a dificultades para nuevos reclutamientos, como los bajos salarios y puestos congelados.

“Lo que hemos hecho es iniciar una parte de la implementación que entendemos es necesaria para tener todos los elementos de juicio que necesitamos para discutir el asunto con la Junta de Supervisión Fiscal”, sostuvo Collazo.

En una carta enviada el pasado viernes a la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, ya había informado que el gobierno no continuaría el proceso de implementación hasta tanto se llegara a un acuerdo entre las partes.

El administrador estimó que unos 17,000 empleados públicos del gobierno central, municipios y corporaciones cobijados por la Ley 447 de 1951 y la Ley 1 de 1990 podrían ser elegibles para acogerse al retiro incentivado, pero al momento se desconoce el dato concreto de cuántos tendrían la intención de participar de la ventana y cuáles son empleados esenciales.

La Ley 80 garantizaría una pensión de 50% del salario del empleado, así como beneficios marginales, partidas que serían cubiertas directamente por el patrono dentro de sus gastos de nómina. Collazo apuesta a que, aún cuando el patrono deberá cubrir esa pensión y el salario de nuevos empleados contratados, habría un ahorro de unos $2 mil millones.

La Junta, por su parte, sostiene que la implementación de la Ley le costaría al gobierno $7 mil millones, pero Collazo señaló que dicho ente federal no les ha explicado de dónde surgen esos números o cómo llega a esa conclusión.

El funcionario adelantó que en los próximos días se enviará una carta circular a los patronos instruyendo a que los empleados que quieran acogerse al retiro incentivado completen el formulario correspondiente, “pero ningún empleado va a poder separarse del servicio para acogerse al programa hasta tanto nosotros negociemos con la Junta de Supervisión Fiscal y la Junta apruebe”.