La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada García Montes, propuso este marte una medida que buscará analizar el Código Penal para tipificar como delito todo tipo de acción que atente contra los servicios que ofrece el Departamento de Educación de Puerto Rico.

La idea de la también presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado se genera durante un diálogo que se produjo en una mesa redonda que lideró, en el que aspiró a cuestionar a personal de varias agencias que son las responsables de ofrecer el mantenimiento a los planteles escolares de la Isla.

Según la legisladora de la Pava, su propuesta entiende que también minimizaría o resolvería el despilfarro de fondos de la agencia.

“La impunidad se tiene que acabar. Cuando un funcionario público ocasione un daño o entorpezca los servicios educativos, la pena debe ser tipificada como delito dentro dentro del Código Penal, para que sirva de disuasivo y con ello poner fin a la ineficiencia e irresponsabilidad que obstaculiza la gestión pública, en este caso de las escuelas”, denunció García, en declaraciones escritas. “Los funcionarios tienen que cumplir con su responsabilidad y, de lo contrario, tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Quienes se afectan con estas malas decisiones y con el incumplimento de los actos de los funcionarios son la comunidad escolar”.

En la mesa estuvieron representados el Departamento de Educación, la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas, la Autoridad de Edificios Públicos. También participaron los representantes de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico y del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Según la senadora, los representantes de las agencias dejaron claro que existe un desfase entre los trabajos que realizan.

“A pesar de que AEP es una de las agencias con más recursos especializados, el secretario de Educación, Eliezer Ramos, destacó que las escuelas que más problemas confrontan son las que precisamente están bajo la AEP. Al momento de preguntar por qué se suscitan los problemas que el país conoce, las respuestas fueron vagas y nadie puedo identificar responsables. Esto simplemenente es intolerable e inaceptable porque mientras nadie asume la responsabilidad son cientos los estudiantes que se afectan con las deficiencias en las escuelas”, denunció.

La senadora se comprometió en revisar el código para identificar herramientas que permitan mediante legislación responsabilizar a los funcionarios que incumplan en sus funciones de identificar el problema, referirlo y resolverlo.

“Hablamos de millones de dólares que recibe el departamento y que las agencias tienen y nada pasa. Mi compromiso es fijar responsabilidades y eliminar la impunidad”, prometió.

Se espera que, en los próximos días, la senadora ofrezca detalles de los pasos a seguir y la evaluación realizada.