Evalúan medida para agilizar trámites con casas afectadas por Irma, María y terremotos
Todavía quedan sin reparar unas 10 mil viviendas impactadas por los huracanes.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
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El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), William Rodríguez, endosó este jueves un proyecto de ley que busca crear trámites expeditos para que los solicitantes del Programa de Desarrollo Comunitario para Atender Desastres (CDBG-DR) obtengan la titularidad de las propiedades afectadas por los huracanes Irma y María, así como los terremotos del 2020.
A más de cuatro años de los huracanes Irma y María, unas 3,719 viviendas han sido reconstruidas o reparadas, según las estadísticas de la agencia. Sin embargo, aún quedan pendiente cerca de 10,000 familias elegibles.
Rodríguez compareció a una vista pública de la Comisión de Vivienda que estudia el Proyecto de la Cámara 1063, que establecería la “Ley para agilizar los procesos bajo el Programa de Autorización de Títulos” adscrito al Departamento de la Vivienda, para atender a los damnificados por los huracanes Irma y María, y los terremotos del año 2020. La medida es de la delegación novoprogresista.
“Este es un proyecto que hace justicia social a la gente pobre de Puerto Rico”, dijo el Secretario de la Vivienda.
La pieza legislativa propone implementar procedimientos especiales en el Registro de la Propiedad mediante la creación de un proceso expedito de expediente de dominio,reanudación de tracto y prescripción adquisitiva ante notarios. Estas medidas, de acuerdo con la propuesta legislativa, persiguen agilizar la administración y uso eficiente de los fondos de recuperación de Puerto Rico.
Rodríguez informó que, del universo de 1 millón de solicitudes, un 60% de las familias fueron denegadas de recibir asistencia a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) por algún asunto relacionado con la titularidad de sus residencias.
“Son muchas, pero tenemos una oportunidad increíble en términos de que tenemos los recursos para poder atender esta situación, y lo que necesitamos es esta herramienta adicional (proyecto de ley) que nos permita agilizar los procesos, porque los fondos no van a estar para siempre. Tienen una fecha de caducidad, y debemos utilizarlos en su máximo para poder beneficiar a este sector en particular”, señaló el funcionario.
Rodríguez afirmó que, desde su implementación, el Programa de Títulos ha visto su progreso restringido por diferentes factores: la existencia de partes, como herederos conocidos o desconocidos, cuyo paradero se ignora; la falta de permisos emitidos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que viabilicen las mensuras necesarias; y la evolución del proceso dirigido a la obtención del título de la propiedad a uno contencioso.
Añadió que este panorama se agudiza con las limitaciones de tiempo impuestas por el gobierno federal al uso de los fondos CDBG-DR vinculados con los huracanes de 2017, pues el Departamento de la Vivienda de Estados Unidos (HUD, en inglés) requiere que el dinero del programa sea utilizado en un periodo de seis años a partir de la firma del Acuerdo de Subvención.
No obstante, Rodríguez afirmó que, hasta la fecha, sobre 10,200 familias han sido atendidas en el Programa de Títulos. El secretario reconoció que, una vez encaminado el proceso bajo el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), uno de los retos con el cual se topa la agencia es que muchas familias muestran resistencia a que sus residencias sean demolidas, pues temen que nunca serán reconstruidas.
Sugirió a la comisión cameral, presidida por el representante Ángel “Tito” Fourquet Cordero, que se enmiende el proyecto para que se incluya al Programa de Subvenciones para Desarrollo Comunitario Tras Desastres (CDBG-MIT), ya que incluye el Programa de Mitigación para Viviendas Unifamiliares disponible para todos los hogares que enfrentan riesgos calculados en la Evaluación de Riesgos de Puerto Rico.
A preguntas del legislador popular, el secretario aseguró que la propuesta junto con sus enmiendas ha sido avalada por el gobernador Pedro Pierluisi, por lo que recibiría la firma del primer ejecutivo de ser aprobada en la Asamblea Legislativa.