La procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, respaldó este miércoles un proyecto para establecer -por mandato de ley- un período máximo de 72 horas para celebrar una vista de causa probable para arresto en alzada en los casos presentados bajo la Ley 54 de Violencia Doméstica.

A pesar de que hace más de un año la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) emitió una orden interna para fijar, precisamente, en tres días laborables el término para celebrar una vista de causa probable en alzada en estos casos, la procuradora de las Mujeres manifestó que le “preocupa” dejar el asunto a nivel administrativo.

“Todos aquí queremos lo mismo, salvar vidas. Pero, también, es de conocimiento público que, ante ese ejercicio de discreción, han ocurrido feminicidios”, señaló la procuradora ante los miembros de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.

“Si esto es estatutario, puede haber unas consecuencias ante el incumplimiento, y eso es uno de los aspectos que agradecemos que se atienda. Tiene que haber consecuencias, porque la consecuencia no puede ser: ‘ay, perdón, se nos pasó’... porque así hemos perdido muchas”, subrayó Bermúdez en vista pública.

En los pasados años, el desempeño del Poder Judicial en la atención de los casos de violencia de género ha sido cuestionado en instancias que culminaron con el asesinato de las víctimas a pesar de que habían procurado el auxilio del tribunal.

La vista de causa probable en alzada es un recurso que puede ser solicitado por el Ministerio Público en aquellas ocasiones donde no se está de acuerdo con una determinación adversa para lograr el arresto del sospechoso. En esta segunda oportunidad, puede presentarse la misma prueba o evidencia adicional contra la persona imputada.

Actualmente, la Regla 64 (n)(8) de Procedimiento Criminal dispone que la vista preliminar en alzada se celebre dentro del término de 60 días luego de la determinación de no causa.

Para la licenciada Gisella Rosa González, en representación de la OAT, dejar el asunto a nivel administrativo le permite al Poder Judicial reaccionar con inmediatez y tomar medidas correctivas en aquellas instancias que la legislación deje en blanco. “Realmente, no es una objeción, es una petición de deferencia a los procesos administrativos de la OAT”, expuso.

“El que se fijen procesos administrativos o procesos operacionales bajo legislación, pues, puede ponerle un amarre a las respuestas que se puedan dar administrativamente sobre este y otros temas que tengan que ver con la Ley 54″, señaló González.

Mencionó que, al fijar en tres días la celebración de la vista de causa probable para arresto en alzada, se consideraron factores como la no revictimización de la víctima y que el Ministerio Público cuente con la evidencia necesaria para sustentar el caso.

El Proyecto de la Cámara 15, de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, sugiere, además, enmiendas a la “Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica” (Ley 99-2009) para asegurar la imposición de vigilancia electrónica -de manera no discrecional- como condición adicional al conceder la fianza en todos los casos bajo la Ley 54.

Sobre ese aspecto, Bermúdez se expresó a favor y dijo que, en 2021, presentó por petición dos medidas con ese objetivo, pero no fueron atendidas.

La posibilidad de derogar la Ley 54 y generar un nuevo estatuto que recoja claramente todas las enmiendas de las que ha sido objeto desde su promulgación fue otro asunto discutido durante la audiencia pública. Bermúdez sugirió crear una comisión especial que analice esa posibilidad.

“Esto es una ley que continuamente estamos trabajando sobre ella, y lo que sucede es, precisamente, lo que busca atender esta legislación, atender asuntos técnicos que se nos quedan cuando reaccionamos”, expuso, en tanto, el representante novoprogresista José “Che” Pérez, presidente de la Comisión de lo Jurídico. “Tenemos que sentarnos todos y comenzar a repensar si es necesario, entonces, hacer una nueva ley”, agregó el legislador.