Pieza clave en la investigación de la Oficina de Ética Gubernamental contra el alcalde Héctor O’Neill será el informes financiero que se supone someta en dos meses el primer ejecutivo municipal, dijo la directora ejecutiva de esta dependencia, Zulma Rosario.

En entrevista con WKAQ, Rosario dijo que el personal de su agencia evaluará el pago a la presunta víctima de hostigamiento sexual en una transacción extrajudicial, que se ha dicho oscila entre los $300,000 a $450,000.

Por este caso O'Neill, quien el sábado asistió al Festival de la Patita Guisá de Guaynabo y el domingo compareció brevemente a la prensa sin responder preguntas, enfrenta un pedido del gobernador Ricardo Rosselló para que renuncie.

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“Los auditores de la Oficina de Ética harán una evaluación usando de punto de partida sus anteriores financieros y el que está a punto de rendir porque esa transacción aparentemente se llevó a cabo en diciembre de 2016 y precisamente el informe que tienen que rendir al primero de mayo tiene que ver con el 2016”, dijo Rosario en la entrevista radial.

Una lectura de la Ley de Ética Gubernamental revela que la información del informe financiero se somete bajo juramento. Además, en su artículo 5.7 se indica que falsificar o dejar de presentar información exigida en ese documento se castiga con una pena fija de 3 años de cárcel y multa de $5,000. 

La funcionaria explicó que un informe financiero es algo mucho más extenso que una planilla o un estado financiero, y que la información que aparece o no aparece en uno de esos documentos puede conllevar delito.

Agregó que precisamente información que no se colocó en el informe financiero es parte de los delitos que se le imputaron el lunes en un tribunal estatal a la exsenadora Mari Tere González, actualmente libre bajo fianza por este caso que nació en parte de la acusación federal relacionada al contratista y recaudador del Partido Popular Democrático, Anaudi Hernández.

Ayer, Rosario precisó que se examinan documentos de O’Neill desde 1993, esto como parte de una investigación forense iniciada hace meses contra el alcalde.

“Si nos mintió, eso es un delito y va derechito para el FEI (Fiscal Especial Independiente) o para las autoridades federales, dependiendo lo que encontremos en la investigación”, explicó Rosario.