El Comité de Estabilidad Fiscal de la Asociación de Alcaldes recomendó acción legislativa sobre varios temas a fin de atajar la crisis de finanzas que enfrentan la mayoría de los 78 municipios, tras la paulatina eliminación del Fondo de Equiparación.

El presidente de la Asociación y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, presentó los resultados de un estudio encomendado al comité, integrado por varios alcaldes y economistas.

En el renglón de decretos contributivos, el grupo de trabajo propuso que se evalúe mediante resolución el contabilizar el gasto tributario y la posibilidad de enmendar leyes para abolir la facultad del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) sobre las contribuciones municipales y que los municipios negocien sus tasas tributarias.

También el Comité propuso que mediante una resolución se investigue el pago de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble de toda corporación pública y que se evalúe la posibilidad de que los municipios puedan cobrar por el uso de servidumbre de paso a las corporaciones públicas como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Otra de las medidas propuestas es que una porción del impuesto a las habitaciones (“room tax”) sea destinado al municipio donde se cobre el impuesto y que una porción del impuesto de las tragamonedas y lotería electrónica también vaya a los municipios donde se registre la venta.

Se recomendó también investigar por la vía legislativa el estatus del fondo de redención del 1.03% desde que se dejó de pagar la deuda y que se elimine la responsabilidad de la Administración de Seguros de Salud para el año fiscal 2021-2026, a ser sufragado con una asignación congresional.

Igualmente, el Comité recomendó que se evalúe la imposición de un “fee” municipal al marbete que emite Departamento de Transportación y Obras Públicas para carreteras estatales y municipales.

Otros de los temas atendidos por el Comité de Estabilidad Fiscal de la Asociación de Alcaldes es la eficiencia del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), comenzando por una evaluación y posibles enmiendas a la constitución de la junta de directores del organismo para darle fin a la representación del Estado, así como evaluar la estructura operacional y establecer métricas reales.

De igual manera, a juicio del Comité, procede una revisión de los Reglamentos para atemperarlos al nuevo Código Municipal y tomar medidas para enfrentar el volumen de la morosidad y otra de las recomendaciones es aumentar la base contributiva, retasando propiedades actuales y tasar las nuevas propiedades, así como afianzar los poderes de los municipios y regiones para cobrar y tasar de manera efectiva.

El grupo de trabajo también señaló la importancia de evaluar la eficiencia municipal mediante la creación de consorcios y fomento de la descentralización.

“Aunque el Gobernador habló de descentralización y de que los municipios asuman ciertas responsabilidades que ahora realiza el gobierno central, es necesario hablar de la descentralización fiscal o cómo los municipios reciben ingresos para realizar las responsabilidades que actualmente están delegadas y las que pueden y deben realizar”, dijo el presidente de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a los alcaldes populares.

Sostuvo que como base de la estructura de financiamiento municipal, el Fondo de Equiparación para los municipios no debió ser eliminando ni modificado por el gobierno central y la Junta de Supervisión Fiscal sin las debidas enmiendas de ley y sin el necesario estudio integral sobre los costos que significará para los municipios, principalmente los pequeños y medianos.

El Fondo de Equiparación para los municipios no es un subsidio, sino un mecanismo donde el Gobierno Central compensa los daños y perjuicios causados a las finanzas municipales al conceder exoneraciones de manera arbitraria sin la consulta y autorización municipal”, agregó Hernández Ortiz.

El Fondo de Equiparación se nutre de contribuciones no cobradas por los municipios, como la aportación básica exonerada, el 35% de los ingresos netos de Lotería Tradicional y el 2.5% de rentas internas netas del fondo general ($1,100,310), así como el 2% de los recaudos de las multas de infracción de vehículos de tránsito y 0.20%, la veinte centésima de la contribución no cobrada por las exoneraciones residenciales solicitadas.