Miembros de la Cámara de Representantes y agencias de ley y orden que participan de la lucha contra la corrupción participaron de una mesa redonda en el Capitolio, en busca de posibles estrategias para atajar este tipo de conducta, que en las pasadas semanas ha dejado una estela de arrestos de alcaldes y contratistas, y está claro que hay un consenso en la necesidad de modificar o enmendar algunas leyes y reglamentos para dar más herramientas a las agencias fiscalizadoras.

Por el lado legislativo acudieron el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, y los representantes Juan José Santiago y José Bernardo Márquez, así como otros asesores. De parte del grupo de agencias estuvieron el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, la contralora Yesmín Valdivieso, la fiscal Yolanda Morales, directora de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia y Mariano Rivera, subdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, así como varios otros asesores y colaboradores.

La conversación se inició en torno a las gestiones municipales sobre el manejo de desperdicios sólidos, algo que ha estado en la mira pública desde la semana pasada que se desató la ola de arrestos federales, porque precisamente el ejecutivo de una compañía de manejo de desperdicios sólidos está detrás de uno de los esquemas de corrupción que se han dado a conocer hasta el momento.

Sin embargo, la discusión no tardó en girar hacia el por qué había una percepción pública de solo las autoridades federales estaban logrando combatir efectivamente la corrupción y qué debía ocurrir para que las autoridades locales tuvieran una mayor presencia en esa lucha.

Emanuelli insistió en la necesidad de conceder más tiempo al termino para llevar a cabo las investigaciones, que actualmente está en 90 días, con la posibilidad de una prórroga de otros 90 días. Sostuvo que ese término de tiempo “coloca una presión tremenda” para los investigadores, y comparó que “los federales no tienen tiempo límite”.

Asimismo, tanto Hernández como otros funcionarios destacaron la necesidad de cambiar las reglas de actuales en cuanto a la evidencia que se puede obtener y presentar en los casos de corrupción, de manera que incluya el uso de videos y grabaciones de audio.

Hernández subrayó que en ocasiones una persona corrupta cae a nivel federal gracias una grabación, por un mismo caso que no se pudo llevar a nivel estatal porque no se puede grabar.

Emanuelli coincidió en que “eso de las grabaciones para evidencia no coloca en desventaja”. La fiscal Morales, mientras, recordó que la ley de crimen organizado sí autoriza grabaciones que no sean de conversaciones telefónicas.

Hernández también sugirió revisar la estructura de funcionamiento de los inspectores de la Oficina del Inspector General (OIG) y los fiscales del FEI.

Hernández sugirió también reglas más estrictas que impida la contratación de cualquier persona que haya estado involucrada en actos de corrupción.

“Aquí todos sabíamos que la persona que cogieron en Trujillo Alto había salido culpable de cargos de corrupción. ¿Cómo es posible que todavía trabajaba en el municipio? No solo eso, sino que además era en un cargo de jerarquía. Eso hay que evaluarlo. Una cosa es que siga adelante como ciudadano y otra como funcionario público. Que se vaya al sector privado, pero no puede seguir como funcionario público”, afirmó el presidente cameral.

De igual forma, Hernández pidió que se tratar a funcionarios de agencia y de la Legislatura bajo “las mismas reglas para todos”, en lugar de con reglas más flexibles para los legisladores, como ocurre actualmente.

Mientras, el representante Márquez abogó por una revisión de la ley de datos abiertos, de manera que todos puedan tener más visibilidad de cada contrato con una entidad pública, incluyendo la mayor cantidad de información posible, para que sea más fácil poder monitorear cualquier actividad sospechosa.

Luego de repasar que en los 13 años que lleva en la Legislatura el tema de la corrupción siempre ha estado presente, con casas tanto del Partido Popular Democrático (PPD) como del Partido Nuevo Progresistra (PNP), el presidente Hernández afirmó que “vamos a hacer cambios. Quiero que estemos claros en eso, vamos a hacer cambios”.

Por otro lado, las agencias defendieron su gestión y comentaron que, aunque quizás no se trate de casos de alto perfil que son los que más atraen la atención pública, sí están trabajando y llevando casos de corrupción ante la justicia o las agencias concernidas.

El secretario de Justicia sostuvo que en este año “completamos 24 investigaciones que fueron sometidas al PFEI (Panel del Fiscal Especial Independiente) con diferentes recomendaciones” y en siete de esos referidos se nombró a un fiscal especial. Agregó que “actualmente hay otras 10 investigaciones en curso contra alcaldes y otros funcionarios públicos”.

Emanuelli enfatizó que los casos que lleva el PFEI, que pasan antes por el cedazo de Justicia, consiguen “sobre 80%” de convicciones.

La Oficina de Ética Gubernamental, mientras, anunció que “a la mañana de hoy (viernes) tenesmo 503 investigaciones activas. Nueve son contra exalcaldes y alcaldes”.

“Nuestros funcionarios están haciendo trabajo todo el tiempo. Que haya silencio no significa que no se esté trabajando. Lo que pasa es que hay que ir por lo bajo”, comentó Rivera.

La fiscal Morales subrayó que su oficina además de trabajar casos de funcionarios que caen bajo las leyes del FEI, también se ocupa de investigar casos de funcionarios públicos y civiles con ciertas relaciones con el gobierno que puedan haber incurrido en algún delito, fuera por corrupción o violaciones de derechos civiles, entre otros.

La contralora Valdivieso, mientras, resaltó que la Oficina del Contralor ha perdido unos 150 empleados desde que comenzó a trabajar allí en 2010, y agregó que los esfuerzos de reclutamiento que han llevado a cabo no han rendido frutos, porque “no puedo competir con los salarios de la empresa privada”.

Valdivieso destacó además que “en nuestra oficina vemos lo que se conoce como casos periferales de corrupción”, que no tienen tanto relieve.

“Cosas como que una maestra en Mayagüez estaba firmando con su supervisor mientras trabajaba en otro lugar. Quizás nadie la conozca, pero eso también es corrupción”, afirmó la contralora, agregando que todo el tiempo están también haciendo referidos a agencias y colegios de peritos.