Una moción de desacato contra el Senado de Puerto Rico fue radicada hoy por la candidata a representante por el Distrito 3 de San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados Rodríguez.

La cámara alta “no ha terminado de entregar toda la información que esta servidora solicitó y que el pueblo de Puerto Rico, a su vez, está preguntando”, manifestó esta tarde en conferencia de prensa.

Prados Rodríguez acudió el pasado 29 de septiembre ante el Tribunal con un recurso de mandamus en reclamo de que el Senado hicieran público el nombre, posición, salario y fecha de contratación de todos los empleados y empleadas desde el 1 de enero de 2013 al presente.

“Solo se nos ha entregado la información de los empleados activos”, señaló.

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“El pueblo tiene el derecho constitucional a conocer, a saber, cómo se utilizan los nuestros fondos públicos. No podemos, ni debemos, seguir tolerando un gobierno que no respete la transparencia, que le tenga miedo a rendir cuentas. Por eso vamos a seguir firmes”, añadió.

La aspirante a la Cámara informó el 13 de octubre que el Senado solo suministró una lista parcial de los empleados, pero no proveyó información sobre los sueldos. Además, destacó que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pidió la desestimación del pleito; mientras, el líder de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, aprobó una orden administrativa para tratar de catalogar toda esa información como confidencial.

Sin embargo, el pasado 19 de octubre un juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al presidente del Senado la entrega inmediata y “sin demora alguna” de los salarios de sus empleados en la Casa de las Leyes.

Tras esa determinación, la cámara alta publicó en su página web dos listados con la información requerida solo de algunos de sus empleados. Allí se reveló que la directora de la Oficina de Asuntos Federales, Sociales y Económicos del Senado en Washington, Carmen Feliciano Márquez, es actualmente la funcionaria que más dinero gana como con $13,730 mensuales; y que algunos empleados de los senadores tienen sueldos más altos que los propios funcionarios electos.

“A tres días de esa orden donde el juez decía expresamente que se tenía que entregar de manera inmediata toda esa información, todavía el Senado de Puerto Rico no ha cumplido con esta orden”, apuntó Prados Rodríguez.

Asimismo, indicó que le han enviado correos electrónicos a la representación legal del Senado, pero han sido infructuosos.

“Hemos tenido que recurrir nuevamente al Tribunal para que entonces el Tribunal ordene que se complete esta información”, dijo.

Además, destacó que el presidente de la Cámara de Representantes ha reiterado que hará pública la información del cuerpo que dirige.

“Pero al día de hoy no se le ha contestado a esta servidora por ningún correo electrónico cuándo es que va a entregar esta información”, puntualizó.

Proyecto Rescate

Por otro lado, José Bernardo Márquez, candidato a representante por Acumulación bajo el MVC, destacó que la Legislatura “se jactó” de haber aprobado el año pasado la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico.

Esta última indica que todo organismo gubernamental deberá digitalizar y tener disponible en su portal de Internet: presupuesto aprobado por la entidad gubernamental y gastos trimestrales; retribución específica al personal y planes de clasificación del personal; y licitaciones o propuestas recibidas para obras y servicios, actas de subastas, una vez las adjudicaciones sean concedidas o declaradas desiertas; entre otras.

“El presidente de la Cámara de Representante, el presidente de la Legislatura, no están incumpliendo solamente con el pedido de Eva Prados, no está incumpliendo con la sentencia del Tribunal, está incumpliendo con la propia ley que firmaron el año pasado de datos abiertos y de transparencia”, indicó.

Es por esto que el MVC presentó el Proyecto Rescate, una reforma expedita sobre corrupción, administración y transparencia estatal.

“A corto plazo, lo que hace es revisar esas leyes para que tengan suficientes garras y, en efecto, se implementen. Para que no sea meramente un ley engavetada, sino que se acate sus disposiciones”, señaló Márquez.

El Proyecto buscaría crear una aplicación electrónica en donde todos los elementos que deben ser públicos bajo la ley de datos abiertos “se divulgue proactivamente” en un solo lugar y la información “no esté dispersa en las distintas ‘cuchucientas’ páginas de los organismos gubernamentales”.

Además, modificaría las leyes vigentes para eliminar las excepciones a lo que se considera información pública, así como unas disposiciones que “se prestan para interpretar que estas leyes no le van a aplicar a la rama Legislativa y a los municipios”.