En la última década la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ha impuesto un total de $2.8 millones en multas a servidores públicos que incurrieron en serias faltas de violación de ley, y de estas $1.4 millones corresponden a los 10 principales deudores de la agencia en la que figuran dos alcaldes, un director escolar, dos empleados del Departamento de la Familia y funcionarios de corporaciones públicas.  

Se trata de 10 funcionarios que fallaron a su deber y  tuvieron una conducta impropia que los llevó a cometer actos de corrupción al utilizar indebidamente sus funciones ya fuera para conseguir una ventaja ilegítima, para sobornar o para defraudar fondos del gobierno.

Un análisis realizado por Primera Hora reveló cuáles son las multas administrativas más altas impuestas de enero de 2009 a septiembre de 2019 por la agencia fiscalizadora, ocupando el primer lugar un exfuncionario identificado como Ramón Malavé Lacourt, quien le adeuda a OEG $801,000 luego que una investigación concluyera que el hombre -quien laboraba como oficinista en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) se apropiara ilegalmente $392,912 en fondos públicos. Al servidor público se le probaron 75 infracciones a la Ley de Ética.

Según la querella del caso, expuesta en la página de la OEG, durante el periodo de 2005 a 2008 Malavé Lacourt alteró 18 cuentas inactivas de personas que habían recibido pagos de compensación por incapacidad transitoria y desvío fondos de las mismas a su dirección postal y a un apartado al que tenía acceso. En 2013 al sujeto se le radicaron cargos criminales por violación al código penal de Puerto Rico y a la Ley de Ética. En ese proceso Malavé Lacourt se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años de cárcel de restricción domiciliaria.

Los próximos turnos con las multas más altas corresponden a alcaldes que incurrieron en serias faltas de conducta que violentaron el Código de Ética y pusieron en riesgo la estabilidad del soporte moral de Estado.

Con una multa de $110 mil el segundo lugar lo ocupa el exalcalde de Vega Baja, Iván Hernández González, quien en 2014 fue investigado por la OEG y el Departamento de Justicia por utilizar su puesto para fin privado y para fomentar actividades de índole político violando los incisos (k) y (m) del Artículo 4.2 de la Ley de Ética. Hernández González fue grabado en una reunión con parte de su personal mientras era alcalde exigiéndole colaboración económica y apoyo en las actividades a sus empleados. En el audio se le escuchaba decir que le “picaría la cabeza” a quien fuera si no lo respaldaban. A nivel criminal, tras un largo proceso judicial, el exalcalde hizo alegación de culpabilidad en el 2018. Las multas en la OEG se encuentran en gestión de cobro a través del tribunal.

El tercer lugar corresponde al exalcalde de Cidra, Ángel “Wiso” Malavé Zayas, a quien la OEG le impuso en 2015 una multa de $90,000 por violar diversos artículos de la Ley de Ética, así como el Reglamento de Ética Gubernamental. Los señalamientos incluyen haber ordenado a empleadas municipales a utilizar propiedad oficial, durante horas laborables, para preparar material de naturaleza político-partidista. También les ordenó a esas mismas empleadas identificar y reclutar personas para que fungieran como funcionarios en los centros de votación durante unas primarias. En cambio, la multa más alta ($60,000) correspondió al patrón de hostigamiento contra sus empleadas a través de comentarios de índole sexual y acercamientos físicos indebidos. Al exalcalde se le radicaron cargos criminales por estos hechos y resultó culpable. Actualmente, Malavé Zayas estableció un plan de pago con la OEG para saldar su deuda.

En el listado de las 10 multas administrativas más dispendiosas figuran también dos empleadas del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) adscrito al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quienes fueron arrestadas en 2015 en un recordado operativo en el que se develó un esquema fraudulento en el que ambas eliminaban multas a las tablillas de vehículos de motor y a las licencias de conducir a cambio de dinero.

Las deudoras del OEG son Nichole Barreto, quien trabajaba en Arecibo; e Irma Santos, funcionaria en Carolina. A ambas se les acusó por infracciones generales al Reglamento Interno de Normas y Conducta del DTOP. Entre varios señalamientos, se les señaló de apropiación ilegal o uso indebido de fondos del departamento, conducta impropia y alteración de documentos públicos, entre otros.

En el caso de Barreto -quien alteró las multas de vehículo y licencia de 277 ciudadanos-, Ética le impuso una multas ascendentes a $79,550 que se encuentran en gestión de cobro. Mientras, a Santos -quien se desmayó frente a las cámaras de los medios de comunicación cuando se efectuó su arresto- se le impusieron multas que totalizan $44,600, de los cuales ha pagado casi la mitad a través de deducciones a través de los Sistemas de Retiro.

Otra gran deudora en la Oficina de Ética es Mildred González Hernández, quien en 2012 fue arrestada tras radicársele cargos de apropiación agravada, malversación de fondos públicos y violación a la Ley de Ética Gubernamental mientras laboraba como directora asociada de la Administración de Familias y Niños (ADFAN) del Departamento de la Familia (DF), en la región de Humacao.

La mujer- quien tenía a su cargo la administración de fondos pertenecientes a menores y adultos beneficiarios de seguro social, subvenciones y pensiones- utilizó los deberes de su puesto para de forma ilegal acceder a 18 cuentas bancarias de clientes de los que se apropió más de $90,000 mediante retiros no autorizados. En este caso la OEG impuso multas que totalizan $76,000 que González Hernández está saldando mediante un plan de pago.

Otro empleado del DF en la lista principales deudores de Ética es Gustavo Díaz Pagani, un auxiliar de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) que en 2007 fue destituido de su puesto tras haber sido señalado de haberse apropiado indebidamente de $35,000 de fondos que manejaba del programa en el que trabajaba. La investigación de la OEG concluyó que de las facturas de la caja menuda hubo un desembolso ilegal de fondos públicos para la compra de bebidas alcohólicas, comidas para mascotas, perfumes y otras irregularidades que desencadenaron en violaciones a varios incisos del artículo 3.2 de la Ley de Ética y al artículo 6 del Reglamento de Ética. En total se le impuso una multa de $56,000 que, actualmente, el exservidor público está liquidando poco a poco con un plan de pago.

Un director escolar de una escuela vocacional en Humacao, identificado como Ángel M. Colón de Jesús, está también en la mirilla de la agencia pues le adeuda $71,500 que, actualmente, están en gestión de cobro. Colón de Jesús fue acusado en 2015  de haberse apropiado de dinero de la escuela que dirigía. El director utilizó la cuenta bancaria escolar para realizar pagos a sus tarjetas de crédito, hipoteca, membresía de gimnasio y compras por eBay. Incluso, hasta efectuó con fondos públicos pagos de las facturas de agua y luz de su madre. Las transacciones ilegales ascendieron a $67,292. Al hombre se le radicaron cargos criminales por los hechos y se declaró culpable.

Completa el listado Edgardo Marcial Torres, un supervisor de servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que utilizó su puesto y las facultades del mismo para presentar documentación falsa ante la corporación pública y así poder apropiarse ilegalmente de $20,430 de fondos públicos para su beneficio personal. Al violar varios incisos del artículo 3.2 de la Ley de Ética se le impusieron multas que totalizan $44,600 que está pagando con un plan establecido con la OEG.  

¿Qué pasa con los deudores y con el dinero pagado?

Los $801,000 que el convicto Malavé Lacourt le adeuda a OEG, así como el monto de $110,000 del exalcalde de Vega Baja y los $79,550 de Barreto, una de las oficinistas del CESCO, se encuentran actualmente en “gestión de cobro” y ese “estatus”,  según explicó a este diario el director de la agencia, Luis A. Pérez Vargas, indica que la agencia se encuentra diligenciando el monto mediante diversas alternativas a través de la Oficina de Asesoramiento Jurídico y Litigación.

“En estos casos que tenemos clasificada la multa en ‘gestión de cobro’ lo que significa es que la Oficina de Litigación está tratando de cobrar el dinero a través de distintas agencias gubernamentales. Por ejemplo, puede ir a (Departamento de ) Hacienda y si esa persona tiene un reintegro pendiente reclamamos para que ese pago se procese a nuestro favor. También podemos ir a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado y solicitar que si la persona tiene una cuenta con ellos se hagan deducciones a nuestro favor, y así por el estilo”, detalló.

Dijo que en última instancia se recurre al tribunal para pedir una sentencia de cobro a favor de la OEG lo que los faculta a realizar embargos, por ejemplo, poniendo gravamen a vehículos a través del Departamento de Transportación y Obras Públicas; o a un bien inmueble  a través del CRIM. “Cuando la persona que nos adeuda vaya a vender ese auto o esa propiedad, ese gravamen nos ayuda a retener el dinero”, explicó Pérez Vargas.

“También hemos ido al tribunal de quiebras para que, si la persona recurre a esta acción, nos incluyan como deudores y se nos reconozca para estar en turno y recobrar ese dinero de la multa”, agregó.

“Mientras más alta es la multa más difícil es el recobro pero nuestro porciento de éxito en las multas está en las de menor cifras… digamos que en las de $7,000 y $10,000. Ya las que son de más de $100,000 las personas buscan la forma de zapatearse”, dijo al estimar que un 62% de la totalidad de multas emitidas se cobran o están en un proceso de plan de pago.

Cabe destacar que la Ley de Ética faculta a la OEG a iniciar investigaciones mediante la solicitud de cualquier personas que ofrezca información relevante sobre alguna posible violación al estatuto. Esa información se investiga y de corroborarse puede convertirse en querella e inicia el procesamiento administrativo al servidor público a quien se le imputan violaciones al Código de Ética o a sus Reglamentos. El proceso adjudicativo lo preside el Oficial Examinador de la OEG quien examina la prueba que presenta el área de investigación de la agencia, así como el querellado, y es el que determina una resolución a través de un informe. La parte afectada puede solicitar una reconsideración ante la dirección ejecutiva de la OEG e incluso las resoluciones pueden ser revisadas en los foros judiciales apelativos.

Al igual que Hacienda, la oficina de Ética es una agencia fiscalizadora con potestad de cobrar a los deudores a los que les impone multa. Pero, ¿a dónde llega ese recaudo?

El director explicó que en el caso de fraude, se restituye el dinero apropiado ilegalmente de fondos públicos a la agencia correspondiente y el resto pasa al Departamento de Hacienda.

En cambio, desde que fue nombrado a ocupar el puesto -en el verano- ha hecho hincapié en que buscará la forma de que haya legislación a fin de que haya una enmienda a la ley para que en lugar de desviarse parte de los recaudos a Hacienda los fondos se queden en su agencia.

“Estoy de acuerdo que el dinero de restitución debe quedarse en la agencia o municipio que lo perdió. Pero estamos convencidos que el resto de los recaudos debe llegar a nuestra agencia para ser utilizados, precisamente, en oficinas como la de Asesoramiento Jurídico y Litigación que, actualmente, consta de seis abogados y una directora… esos siete componentes de esa área atienden consultas, trabajan referidos en el foro apelativo y los procesos de cobro. Tienen las manos llenas con el trabajo que realizan y nos hace falta más recursos”, sostuvo quien pretende que para la próxima sesión ordinaria en la Legislatura se considere un proyecto de ley incluiría la enmienda.

Actualmente, el presupuesto de la OEG es de $9.2 millones, una reducción de $1.3 millones en los pasados tres años.

“Con los bueyes que tenemos aramos, pero con más recursos la carreta avanza más”, dijo de forma coloquial.