El suspendido alcalde de Mayagüez -y quien está acusado de corrupción pública-, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, deberá pagar una multa de $12,000 a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por otorgar varios nombramientos a su hermano a puestos de confianza en el ayuntamiento en violación a la ley.

Según hizo constar la agencia en documentos públicos, la irregularidad por la que se le multa al suspendido alcalde de Mayagüez está relacionada a que dio tres nombramientos a su hermano, identificado por la OEG como Osvaldo Rodríguez Rodríguez.

No se especificó cuáles fueron los puestos. Lo que sí se explicó fue que en abril de 2001, el mayagüezano solicitó una dispensa de la entonces Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) a favor de su hermano. Pero, se alude a que se le orientó de que, si cambiaba de puesto, debía volver a solicitar una nueva autorización.

Estos nombramientos, sin solicitar la autorización, supuestamente ocurrieron en los años 2013, 2017 y 2021.

“Entre sus alegaciones afirmativas en respuesta a la querella, el querellado planteó que, luego de las elecciones generales celebradas en el 2012, 2016 y 2020 solicitó a todos los empleados de confianza que renunciaran a sus respectivos cargos y juramentos. Entre otras defensas, planteó que la OEG es un organismo sucesor de la OCAM, por lo que el querellado no tenía que solicitar autorización en aquellas instancias de designación que ocurrieron con posterioridad a la otorgación de la dispensa del 2 de mayo de 2001 por la OCAM”, dice el informe, al conceder 20 días para la apelación.

Las violaciones bajo los incisos mencionados se refieren a que un servidor público no puede sacar beneficio de su cargo y que la autoridad nominadora no puede interferir en el nombramiento de parientes.

El suspendido alcalde también se encuentra en la actualidad en espera de juicio. Específicamente, el Fiscal Especial Independiente (FEI) le imputa, junto a la directora de finanzas municipal, Yahaira Valentín Andrade, cargos por incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos, relacionados al desvío de unos $9.8 millones de fondos otorgados en tres resoluciones conjuntas de Cámara y Senado, con el propósito de completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez.

Otra querella

Asimismo, el director de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, informó que presentaron una querella contra Héctor J. Sánchez Álvarez, exsubsecretario del Departamento de Educación. Se le imputa utilizar su puesto para influenciar en el jurado que atendía la selección para la premiación de maestro del año y director del año.

Para lograr el premio, los directores y maestros se podían autonominar.

Se precisó en la querella que el excomisionado del Partido Nuevo Progresista (PNP) citó a cuatro miembros del jurado a una reunión, en la que supuestamente les pidió que “prestaran atención a dos de los catorce maestros(as) candidatos(as) participantes. Los 4 miembros del jurado entendieron que se les estaba indicando a quién debían seleccionar”.

Se informó que el finalista iba a recibir $2,000, mientras el ganador $5,000.

Como consecuencia de la alega irregularidad, la OEG pide en su querella la imposición de sanciones contra el excomisionado del PNP, incluyendo una “sanción civil equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido, si alguno”.

Sánchez Álvarez tiene 20 días para responder a la querella.