Tras cinco años de haberse desatado una controversia en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por su presunto ausentismo para trabajar de manera “remota” y el cobro de horas que supuestamente no trabajó, el hijo de la senadora y excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, Norma Burgos Andujar, comenzó a enfrentar consecuencias.

El pasado lunes, 10 de abril, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tomó una decisión en este caso y le impuso una multa de $5,000 a Roberto Enrique Benítez Burgos, quien fue director de la Oficina de Sistemas de Información y Procedimiento Electrónico de la CEE durante el periodo en que su madre era comisionada electoral.

Mientras, trascendió que el Departamento de Justicia continúa todavía con sus indagaciones sobre las irregularidades imputadas contra Benítez Burgos y su madre desde hace cinco años, según confirmó su portavoz de prensa, Joan Hernández.

“La investigación no ha concluido, por lo que no se pueden discutir los detalles, ya que forman parte del sumario fiscal”, indicó la funcionaria.

Benítez Burgos ni Burgos Andujar pudieron ser contactados por Primera Hora para una reacción. Trascendió que estos se mudaron para el estado de Florida.

La controversia sobre la manera en que trabajaba Benítez Burgos se desató en abril de 2018, cuando el senador Thomas Rivera Schatz denunció públicamente el asunto. Como base, presentó una auditoría de la CEE que aludía a irregularidades en la manera en la que este trabajó entre verano del 2017 a abril de 2018.

Entre otras cosas, la auditoría aludía a que Benítez Burgos “incurrió en un patrón” de no registrar su asistencia electrónicamente. Además, supuestamente registró que por tres semanas se le olvidó ponchar en un periodo en que también reclamó ausencias bajo licencia de vacaciones.

La resolución emitida por la OEG concluyó que Benítez Burgos “incurrió en violación al inciso (b) del artículo 4.2 de la Ley Orgánica de la OEG de Puerto Rico” por “solicitar y recibir pago por trabajo no realizado”.

“Acogida la recomendación del Oficial Examinador, se impone a la parte querellada una multa administrativa de $5,000 por infringir dicho inciso”, añade el documento, hecho público la semana pasada y el cual está firmado por el director de la OEG, Luis Pérez Vargas.

El artículo de la ley señalado indica que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

Cabe destacar que el Tribunal de Apelaciones ordenó en octubre de 2021, como parte de un caso radicado por la CEE, que Benítez Burgos devuelva el dinero devengado por los 12 días que cobró bajo el alegato de que trabajó de manera remota y en que la CEE estaba en receso por vacaciones.

El cobro quedó bajo jurisdicción de Justicia, que no proveyó información por todavía mantener el caso bajo investigación.