La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) confirmó este jueves que radicó querellas contra los alcaldes de Fajardo y de Jayuya, José A. Meléndez Méndez y Jorge L. González Otero, respectivamente, por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, por lo que podrían exponerse a multas de hasta $20 mil por cada infracción.

En el caso de Meléndez Méndez, este fue señalado por quitarle las libretas de boletos de la Policía Municipal y ordenar a los agentes a que pararan de emitir multas en la urbanización donde este reside el pasado 18 de diciembre de 2020.

Según el recurso de la OEG, este se presentó al cuartel “visiblemente molestos”, quejándose de una multa de $150 que le emitió una agente hacia una residente del vecindario en el que el ejecutivo municipal reside por tener un vehículo chatarra en la vía pública.

La querella agrega que Meléndez Méndez, “lanzando vituperios en un tono de voz alto”, amenazó con despedir al comisionado de la Policía municipal, Luis Jurado Sánchez y a la oficial que radicó el boleto por una violación a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Incluso, dicho recurso sostiene que el alcalde solicitó a la agente policiaca a que dejara sin efecto la investigación por el vehículo chatarra.

La OEG acusa a Meléndez Méndez por varias violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, entre ellos, por utilizar sus facultades para obtener un beneficio que no permite el reglamento, alterar o remover propiedad pública y omitir el cumplimento de sus deberes.

Por su parte, la Oficina de Prensa del Municipio de Fajardo sostuvo, en declaraciones escritas, catalogó los señalamiento contra el alcalde de “falsas. Asimismo, esta oficina indicó que, por recomendaciones de sus abogados, “no puede emitir expresiones”.

“Más adelante, el alcalde, hará todas las aclaraciones pertinentes”, manifestó.

Mientras tanto, González Otero fue señalado por nombrar a su sobrina, Ismarie Pérez González, para ocupar un puesto irregular como “Auxiliar de Oficina” en el municipio, puesto que ocupó desde el 5 de abril hasta el 31`de diciembre de 2016 “tras varias extensiones de su nombramiento”. Además, la querella señala que el ejecutivo municipal de Jayuya no presentó medida de inhibición ante la OEG por el conflicto de interés que esta situación representa.

“Al respecto, el querellado estampó su firma y aprobó las solicitudes de nombramiento de personal irregular de su pariente”, lee la querella.

Relacionado a esta imputación contra González Otero, también la oficina le adjudica al exadministrador de este municipio otra violación a la Ley de Ética Gubernamental por supuestamente autorizar la renovación de nombramiento de otro sobrino del alcalde, Joel Lafontaine González, quien ejercía como “Gerente Financiero”.

Ambos alcaldes tienen hasta el martes, 21 de febrero, para responder a los señalamientos.