La Oficina de Ética Gubernamental presentó una querella contra el exalcalde novoprogresista de San Juan Jorge A. Santini Padilla por prestar servicios profesionales al Senado al mismo tiempo que cobraba por trabajar en la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) tras el paso del huracán María en 2017.

Aunque la querella tiene fecha del pasado martes, 1 de diciembre, fue anunciada hoy a través de la cuenta oficial de la agencia en Twitter.

“El querellado, mientras prestó servicios profesionales al Senado, no llevó a cabo su función principal para la cual fue activado por la GNPR después del paso del huracán María por Puerto Rico. La conducta del querellado laceró la credibilidad y confiabilidad en dicha agencia, así como en sus funcionario”, expone el documento.

La activación de la Guardia Nacional tras el catastrófico paso de María comenzó el 22 de septiembre de 2017 y se extendió hasta el 23 de mayo del año siguiente. El periodo era de 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Santini estuvo asignado a la posición de abogado de la Guardia Estatal con remuneración económica durante todo el periodo.

No obstante, el exalcalde de la capital habría continuado brindado sus servicios por un contrato activo desde el 13 de julio de 2017 con el Senado para ejercer como asesor legislativo.

De acuerdo a la investigación, Santini prestó servicios profesionales a la Cámara alta “mientras cobró por el trabajo que debió estar realizando en la Guardia Nacional” por lo menos en 14 fechas identificadas que van desde el 17 de octubre de 2017 al 26 de abril de 2018.

“Las horas pagadas por la GNPR al querellado mientras este se encontraba realizando funciones no relacionadas a su trabajo fueron 31 horas, equivalentes a $832.74″, lee el documento.

Ética Gubernamental destaca que las leyes establecen que el servicio militar activo estatal es uno a tiempo completo y que la persona se compromete a prestar todos sus esfuerzos al desempeño de sus funciones.

“Un oficial en servicio militar y estando presente para tal servicio, no puede dedicarse a realizar otra gestión no relacionado con su función militar. Por lo que, un oficial en servicio militar activo estatal tiene que dedicar todo su esfuerzo en esa función, mientras se encuentra en su jornada laboral”, añade la querella.

Es por esto que la agencia indicó que Santini violó tres incisos del Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico: el (b), que establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”; el (r) “un servidor público no puede omitir  el cumplimiento de un deber impuesto por ley o reglamento, si con ello ocasiona la pérdida de fondos públicos o produce daño a la propiedad pública”; y el (s) “un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.

Ética Gubernamental solicitó, entre otras cosas, que se le imponga una multa de hasta $20,000 por cada infracción demostrada, que tenga una sanción equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido y que se le ordene la restitución de $832.74.

Santini tendrá 20 días para contestar las alegaciones y, de no comparecer a alguna etapa del procedimiento, se podrá continuar el proceso sin su participación.

La abogada Daysi N. Usera Falcón, del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la agencia, estuvo a cargo de la investigación.