Ética Gubernamental cierra investigación sobre el chat de Telegram de Rosselló
No pudieron autenticar la conversación por la falta de cooperación de los investigados y del Departamento de Justicia; no hubo sanciones para los participantes.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 4 años.
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La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) informó hoy que cerró el mes pasado la investigación sobre el chat de Telegram que tuvo el renunciante gobernador Ricardo Rosselló con miembros de su gabinete y contratistas privados por la falta de cooperación de los involucrados, así como del Departamento de Justicia.
La investigación comenzó el pasado 15 de julio de 2019 y estaba encargada a los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA), quienes evaluaron el contenido de las 899 páginas del documento que reveló el Centro de Periodismo Investigativo el 13 de julio del año pasado y que llevó a la dimisión de Rosselló tras 15 días de protestas multitudinarias.
“El chat era propiamente la pieza clave para lograr el procesamiento de las posibles violaciones, por lo que los abogados de la AIPA iniciaron el proceso de investigación dirigidos a validad el contenido de las conversaciones del chat de manera íntegra y libre de manipulaciones. Para imputar las potenciales violaciones era necesario demostrar, primero, que las expresiones del chat fueron hechas y, segundo, que fueron hechas tal como aparecen publicadas en el documento”, explicó el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas, en un comunicado que publicaron en la cuenta de Twitter de la agencia.
[COMUNICADO DE PRENSA] pic.twitter.com/2HMt4Qgxv7
— Ética Gubernamental (@OEGPR) August 28, 2020
En el chat también participaron: el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; el contratista Elías Sánchez; el exasesor Alfonso Orona; el exprincipal oficial financiero y exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el secretario de Estado, Luis Rivera Marín; el exprincipal oficial financiero y exrepresentante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino; los relacionistas Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el publicista Edwin Miranda; el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; y el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira.
Como parte de la pesquisa, Pérez Vargas indicó que los abogados de la OEG entrevistaron a siete testigos, entre ellos, participantes del chat. Además, tomaron seis declaraciones juradas. También, contactaron a dos participantes adicionales de la conversación, pero por instrucciones de sus abogados declinaron cooperar con la investigación.
“Todos los testigos entrevistados aceptaron que Telegram era el sistema de mensajería instantánea utilizada para la comunicación entre funcionarios del gobierno del ex Gobernador Rosselló Nevárez. Estos aceptaron su participación en la plataforma de mensajería y la existencia del chat. No obstante, todos los testigos se negaron a autenticar el contenido. Insistieron que el documento estaba alterado, que no era íntegro y que no reflejaba la totalidad de las conversaciones. Reiteradamente expresaron que no se enviaban mensajes sin contenido, que algunos espacios de las conversaciones estaban en blanco, que faltaba contexto, que se ocultaban mensajes de algunos miembros y que estaba alterado en varias instancias. Ninguno estuvo dispuesto a autenticar su contenido”, dijo el directo de Ética Gubernamental.
Por otro lado, Pérez Vargas dijo que intentaron acreditar el contenido de las conversaciones mediante una certificación de la propia empresa de Telegram, pero que no fue posible porque la compañía solo comparte información limitada ante sospecha de terrorismo.
Asimismo, el funcionario destacó que solicitaron la cooperación del Departamento de Justicia para que compartieran la extracción de información de los teléfonos celulares ocupados a algunos de los participantes del chat –con el propósito de obtener el contenido directamente del teléfono, sin alteraciones o problemas de autenticación, pero la información no fue compartida.
“Ante la ausencia de autenticación de la prueba, un elemento indispensable para la imputación de conducta antiética resulta imposible el procesamiento administrativo de sus participantes, por lo que nos vimos forzados a dar por terminada la investigación”, añade el comunicado de prensa.
Sin embargo, aclararon que, de surgir información concluyente en el futuro, los abogados de la OEG pueden iniciar un nuevo proceso investigativo.