En la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) buscan hasta por los “centros de espiritistas” a 11 exservidores públicos -dos de ellos de alta jerarquía- a los que les fueron impuestas multas que en su totalidad alcanzan los $333,012.88 porque incurrieron en serias faltas de violación de ley, algunas de ellas constitutivas de corrupción, y no aparecen para pagar sus deudas.

Aun cuando se han hecho múltiples gestiones de cobro hacia estas 11 personas -cuyas identidades fueron reveladas hoy por la OEG en anuncios de periódicos- no se ha logrado llegar a acuerdos para que colaboren y vayan saldando las deudas que tienen con la agencia tras ser penalizados por fallar a su deber y tener una conducta impropia que los llevó a cometer actos de corrupción al utilizar indebidamente sus funciones, ya fuera para conseguir una ventaja ilegítima, para sobornar o para defraudar fondos del gobierno, entre otras violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Así lo explicó a Primera Hora el director de la OEG, Luis Pérez Vargas, al señalar que a través de la Oficina de Asesoramiento Jurídico y Litigación se ha tratado de cobrar el dinero a través de distintas agencias gubernamentales, incluyendo al Departamento de Hacienda donde se podría retener cualquier reintegro. También han acudido a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) para solicitar que si la persona tiene una cuenta en esa organización se hagan deducciones a favor de la OEG.

Como último recurso también han recurrido al tribunal para pedir una sentencia de cobro a favor de la agencia, lo que los faculta a realizar embargos, por ejemplo, poniendo gravamen a vehículos a través del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); o a un bien inmueble a través del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM). Los esfuerzos se extienden, además, a gestiones realizadas en el Tribunal de Quiebras, para que -en caso que la persona recurra a esa acción-, la OEG pueda ser incluida entre los deudores y se les reconozca un turno para recobrar el dinero de la multa.

“Hemos hecho todas las posibles gestiones y no hemos podido dar con ellos, se nos han escapado... no aparecen ni por los centros de espiritistas”, expresa Pérez Vargas al agregar que algunos pudieron haber puesto propiedades a nombre de otro familiar para tratar de escapar a sus responsabilidades.

El director insistió que se trata de 11 personas que están “missing in action” y que el interés de la agencia es llevar un mensaje claro a otros infractores.

“Es importante que la gente sepa que las multas que la oficina impone las vamos a cobrar... a ver si se abochornan y cogen un poco de calor en la cara, pues se va a saber quiénes son ustedes”, sostuvo al recordar que nadie puede ir a prisión por deudas. “Es lo que dice la ley máxima”, acotó.

¿Quiénes son los deudores?

Pérez Vargas señaló que entre los 11 más buscados se encuentran dos exservidores públicos de alto perfil: el exalcalde de Vega Baja, Iván Hernández González y Mariella Pérez Serrano, la exdirectora de la Corporación de Cine.

En el caso del exalcalde de Vega Baja, fue investigado en 2014 por la agencia y el Departamento de Justicia por utilizar su puesto para un fin privado y para fomentar actividades de índole político violando los incisos (k) y (m) del Artículo 4.2 de la Ley de Ética.

Hernández González fue grabado en una reunión con parte de su personal mientras era alcalde exigiéndole colaboración económica y apoyo en las actividades a sus empleados. En el audio se le escuchaba decir que le “picaría la cabeza” a quien fuera si no lo respaldaban. A nivel criminal, en el 2018 y tras un largo proceso judicial, el exalcalde hizo alegación de culpabilidad. Por estos hechos al exjefe de ayuntamiento se le impusieron multas que alcanzaron los $110,000, de los que adeuda en la OEG $108,286.88, pues el restante se le cobró tras el embargo de una cuenta de banco. De hecho, este el monto más alto dentro de los deudores más buscados.

Mientras, la investigación contra la exdirectora de la Corporación de Cine concluyó que, supuestamente, esta transfirió ilegalmente $20,000 de fondos de la entidad que dirigía a su cuenta personal, a la vez que prestó información falsa para adjudicarse facultades que no le fueron atribuidas por la junta de directores. Trascendió que cinco días después, Pérez Serrano transfirió el monto a otra cuenta de la corporación pública. Sobre estos hechos ocurridos en 2011, la exdirectora de la entidad aun adeuda $23,000 de multas.

La segunda deuda más alta entre los infractores que son buscados por la OEG la tiene Ángel Colón De Jesús, quien fue director de Escuelas Operacionales del Departamento de Educación y a quien se le impuso una multa de $71,500 por, alegadamente, utilizar fondos públicos pertenecientes a la agencia para su uso personal.

El tercer monto más alto del grupo se le adjudica a Irma Santos Meléndez, procesadora de datos del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en Carolina, quien fue arrestada en 2015 en un recordado operativo en el que se develó un esquema fraudulento en el que se eliminaban multas a las tablillas de vehículos de motor y a las licencias de conducir a cambio de supuesto dinero.

A esta fémina se le acusó a nivel penal y tras lograr un acuerdo con Fiscalía se le reclasificó un cargo de soborno de la Ley de Ética Gubernamental, a la modalidad de expedir documentos o certificaciones gubernamentales con conocimiento de que la información era falsa. Además, enfrentó otro cargo de infracción a la Ley 8 de Protección para la Propiedad Vehicular.

A nivel de la OEG, Santos -quien se desmayó frente a las cámaras de los medios de comunicación cuando se efectuó su arresto- se le impusieron multas que totalizaron $79,420. En cambio, tiene un balance adeudado de $49,541. La cantidad pagada se le debitó a través del Sistema de Retiro.

Otra figura reportada como “desaparecida” por la OEG es Maritza Rivera González, receptora procesadora del CRIM, a quien se le impusieron multas ascendentes a $41,125 por, supuestamente, formular un esquema de fraude con la intención de apropiarse ilegalmente de fondos públicos. El esquema consistía en recibir pagos en efectivo de contribuyentes a cambio de que la querellada le entregara evidencia de pagos.

Otro funcionario de alta jerarquía que, supuestamente, no aparece es el extesorero de la Autoridad de Carreteras, Silvino Cepeda Ortiz, quien fue señalado de haber sobornado a unos contratistas con quienes acordó un pago de $10,000 a cambio de que se le confirieran fondos federales que sobrepasaban el $1.9 millones. Por estos hechos, Cepeda Ortiz fue procesado a nivel federal y sentenciado a cumplir un año de cárcel. En la OEG se decidió imponerle una multa de $30,000 que no ha pagado.

Hay otros casos como el de un chofer del Municipio de San Juan, identificado como Geovannie Maysonet Ortiz, a quien se le impuso una penalidad de $1,000, pues “pagó para que le emitieran un certificado de enfermedad falso con el propósito de que esos días de ausencia se le cargaran a la licencia”.

Del ayuntamiento de la capital también están los señalamientos a una trabajadora identificada como Zulma López, que pagó para que le emitieran dos certificados de enfermedad falsos para poder ausentarse a sus labores. A la mujer se le impusieron $2,000 en multas.

En San Sebastián, se le imputó a Ivette Ortiz Rosado, una oficinista de Recursos Humanos del municipio, haber emitido unas certificaciones falsas para que empleados recibieran ayudas con el conocimiento de que estos no cumplían con los requisitos. Esta enfrentó una penalidad de $1,770.

Se destaca también el caso de Nelson López González, quien presidió hace años la Legislatura Municipal de Arecibo, y a quien se le imputó haber solicitado $150 del estipendio de dieta a otra legisladora para ser utilizado como donativo a la campaña de un candidato a primarias por el Partido Nuevo Progresista. Según la querella, López González le ofreció a la legisladora asignarle dos comisiones adicionales a cambio de la aportación. Ante la negativa de la mujer el querellado relevó a la legisladora de dirigir y formar parte de las comisiones. Por estos hechos, al exlegislador se le impuso una multa de $5,500 de la cual adeuda $4,290.

De otra parte, la deuda más baja es de $500 y la tiene Yaritza Vázquez López, una auxiliar administrativa del municipio de Guaynabo que durante horas laborables ingresó indebidamente a páginas de Internet para tener acceso a contenido que no estaba relacionado con las funciones oficiales de su puesto.

Según el director de Ética Gubernamental, la mejor vía para estos deudores es llamar o visitar a la agencia y establecer un plan de pago.

“Si no pueden pagar la multa en su totalidad se pueden llegar a acuerdos de pagos. Pero que se desaparezcan y no den cara en ninguna de las facetas no es permisible. Y esta es una de nuestras últimas acciones y es que el pueblo sepa quiénes son”, subrayó Pérez Vargas.

¿A dónde van los recaudos?

El funcionario explicó que al igual que Hacienda, la oficina de Ética es una agencia fiscalizadora con potestad de cobrar a los deudores a los que les impone multa. Pero, ¿a dónde llega ese recaudo?

El director explicó que, en el caso de fraude, se restituye el dinero apropiado ilegalmente de fondos públicos a la agencia correspondiente y el resto pasa al Departamento de Hacienda.

En los últimos 14 años, fiscales la OEG han emitido $3,165,919 en multas administrativas, de las cuales se han logrado restituir para agencias afectadas $195,982 y recaudado (transferido a Hacienda) $1,242,413.

En cambio, la posición del director ejecutivo es que los recaudos por concepto de multas -que el pasado año fiscal alcanzaron los $165,058 (incluyendo $41,350 para restitución)- se le transfieran a la OEG para, por ejemplo, cubrir gastos de mantenimiento, pues en los últimos dos años se ha tenido que incurrir en un proceso de control de plagas que amenazaban las instalaciones gubernamentales.

Según Pérez Vargas, allí hubo que trabajar con una amenaza de colapso de terreno en las afueras del edificio por una invasión de iguanas (gallinas de palo) y hubo que recurrir a fumigadores para atajar un problema de comején. Además, se tuvo que adoptar una quebrada que hay cerca y realizar constantes labores de limpieza para evitar inundaciones en el estacionamiento.

Otro ejemplo en el que se pudiera invertir el dinero es en la contratación de abogados para la Oficina de Asesoramiento Jurídico y Litigación donde se han percibido bajas en los últimos meses.

“Aquí también se incurre en una serie de gastos con emplazadores que se contratan como parte de las gestiones de cobro”, acotó quien busca introducir el tema a través de enmiendas que se están proponiendo en el Proyecto de la Cámara 552.

El presupuesto asignado a la OEG este año fiscal es de $9,123,000, una reducción de $1,197,000 al que se tenía hace nueve años (2012-2013).