La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) archivó este miércoles una solicitud de investigación contra el expresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el ingeniero Ralph Kreil Rivera, luego de que se concluyera que el cargo que ocupaba no lo hacía ser empleado de la corporación pública y por ende podía firmar certificaciones de instalaciones eléctricas a favor de sus clientes privados.

La conclusión se alcanzó luego de que la abogada Alexandra Rivera Ríos, del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la OEG, emitiera un informe sobre la pesquisa que emprendió tras las denuncias realizadas por el representante Luis Raúl Torres en abril del 2021. Por ello, al conocer el resultado, el legislador expresó sentirse “totalmente frustrado”.

Las alegaciones contra el exfuncionario, que es presidente de la corporación Electrical Engineer Service, Inc., apuntaban a que este suscribió certificaciones como ingeniero eléctrico de trabajos realizados en entidades privadas y que eran presentados ante la AEE. Torres alegó que la acción violentaba la Ley de Ética Gubernamental y otras disposiciones relacionados a la corporación.

No obstante, la abogada designada por Ética para evaluar el caso concluyó que no hubo tal violación. La explicación de los hechos la dio el director de la agencia, Luis A. Pérez Vargas, en comunicado de prensa.

“En lo pertinente a los hechos bajo investigación, la certificación establece que la persona que certifica no puede ser empleado de la AEE y no puede proveer beneficio económico a empleado alguno de la AEE. La actuación señalada contra Kreil Rivera, de suscribir certificaciones de instalaciones eléctricas, gestión para la que no tenía impedimento por no ser empleado de la AEE y porque tampoco estas certificaciones suscritas por él iban a la aprobación de la Junta que presidía, no son suficientes para concluir que haya incurrido en alguna violación de ley”, señaló.

“De la prueba documental y testifical evaluada no se evidencia que las actuaciones del ingeniero Kreil Rivera, hayan violentado alguna disposición legal o reglamentaria, ni que haya intervenido directa o indirectamente en un asunto en el que tenga un conflicto de intereses para beneficiar algunos de sus clientes privados. Ello considerando que las certificaciones de instalación eléctrica, por si solas, no constituyen una representación, asesoramiento o servir como perito a favor de una persona privada, pues estas se limitan a certificar ante la agencia que la instalación eléctrica está de acuerdo con las normas aplicables”, añadió.

Ante tal conclusión, Pérez Vargas procedió a archivar el caso. Más, sin embargo, dejó claro que “de surgir información concluyente en el futuro, en esta o en cualquier otra investigación culminada en la Oficina, los abogados de la OEG pueden iniciar un nuevo proceso de investigación”.

Al culminarse este proceso, Torres se expresó indignado por la determinación.

“En el caso ese en particular del ingeniero Ralph Kreil Rivera, cómo es posible que él siendo primero vicepresidente y luego presidente de la AEE y que él recibía como una paga, no dietas nada más, un estipendio, más recibía pago por dieta, más le pagaban el plan médico, cómo es posible que él esté como ingeniero certificando proyectos a la AEE, cuando él es el presidente. Eso es un claro conflicto de interés y viola varias leyes”, sostuvo en entrevista con Primera Hora.

El legislador tronó contra la OEG y contra el Departamento de Justicia, porque a su juicio presentan “una doble vara” en defensa de aquellos que son de la administración de turno, o sea, del Partido Nuevo Progresista (PNP). Pero, alegó que “cuando refieren gente que no son del penepé, a esos le aplican todo el peso de la ley”.

Cabe destacar que el pasado mes de octubre el Departamento de Justicia emitió un informe en el que no recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente para investigar a Kreil Rivera por los hechos imputados por Torres.

Kreil Rivera renunció a la Junta de la AEE el 27 de septiembre en medio de apagones y averías de las plantas de generatrices de la corporación pública.