Aumentos en abortos espontáneos, en casos de cáncer y en enfermedades respiratorias, entre los residentes de las comunidades aledañas a la planta Applied Energy Systems (AES) en Guayama, fueron consignados hoy en una vista pública en la Cámara de Representantes sobre una medida que ordena a los departamentos de Salud y Recursos Naturales, así como, al Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico a realizar un análisis de las condiciones de salud de los habitantes de la zona y su relación con la exposición a las cenizas tóxicas producto de la quema de carbón.

Portavoces de la organización ambientalista Puerto Rico Sierra Club destacaron una investigación realizada por un equipo de 27 investigadores de la Escuela de Salud Pública del RCM en 2017 que reveló varios patrones en cuanto a la prevalencia de enfermedades cardíacas, respiratorias y de la piel en las comunidades Puente de Jobos y Miramar en Guayama, en comparación con comunidades estudiadas en Fajardo (Santa Isidra y Rafael Bermúdez).

Según el estudio, en el caso de las mujeres de 15 a 49 años en Guayama, la prevalencia de abortos espontáneos fue de 22.4%, mientras que la prevalencia en las mujeres residentes en las comunidades de Fajardo fue de 3.6%. “Las mujeres en edad reproductiva residentes de Guayama tuvieron 7.8 veces la posibilidad de tener un aborto espontáneo en comparación con las mujeres en edad reproductiva en Fajardo”, dice el estudio citado por Sierra Club Puerto Rico en una vista pública ante la Comisión de Salud de la Cámara.

La investigación epidemiológica arrojó también que en la población de Guayama las prevalencias de al menos una enfermedad respiratoria fueron de 35.8% y de 18.3% en las comunidades estudiadas en Fajardo.

“No hay duda de que los residuos tóxicos de la quema de carbón, en la planta de AES, ubicada en Puente de Jobos, una zona por la que discurren aguas del Acuífero del Sur, han tenido tenido un grave impacto sobre la calidad de las aguas de la zona. Esto ha quedado corroborado tanto por los propios estudios comisionados por la AES como por dos estudios recientes del Colegio de Químicos de Puerto Rico, realizados en marzo y en agosto del año pasado”, expuso Maritza Maymí Hernández del Sierra Club. Le acompañaba el también especialista en estrategia legislativa de la organización y abogado, José Coss Charriez.

Maymí Hernández indicó que los análisis de agua potable en varias residencias de Guayama y Salinas efectuados por el Colegio de Químicos “demostraron que varios agentes tóxicos y cancerígenos de las cenizas acumuladas en la planta AES llegan al agua potable que consumen a diario las y los residentes de estos municipios”.

Sostuvo que existe la posibilidad de desarrollar otros estudios de salud pública y/o ambiental que puedan corroborar y/o ampliar el cúmulo evidenciario que se ha levantado mediante investigaciones epidemiológicas y de bioestadística. “Por otro lado existe un imperativo ético y moral del Estado en garantizar el bienestar de la población a la cual gobierna. De ahí la necesidad y la urgencia de conocer la posible extensión de los daños a la salud humana de los agentes tóxicos de la quema de carbón, muy particularmente sobre las poblaciones que por ya casi 20 años han sido castigadas por el impacto directo”, argumentó.

Sierra Club favoreció que el nuevo estudio que propone la medida legislativa debe ser dirigido por el RCM por contar con los recursos especializados idóneos para identificar, diseñar y desarrollar los acercamientos periciales y metodologías más adecuadas y cumplir con los rigores científicos de la encomienda. La organización ambientalista sugirió que la participación de los departamentos de Salud y Recursos Naturales debe ser como “facilitadores de datos y recursos”.

El médico internista de la región de Guayama, Gerson Jiménez Castañón dijo por su parte que los resultados del registro de tumores de Puerto Rico sobre la incidencia de cáncer en la zona “son llamativos”.

Indicó el galeno que entre 1990 y 2000, “cuando no había planta de carbón” los diagnósticos nuevos de cáncer representaron unos 103.3 por año. “Ocho años más tarde, de 2010 a 2014, el promedio de casos nuevos aumentó a un promedio de 169.4 por año, un incremento de más de un 60%”, sostuvo Jiménez Castañón, quien agregó que la planta AES comenzó a operar en 2002.

El Departamento de Salud y el RCM, también citados a la vista pública, no comparecieron y enviaron memoriales escritos. Ambas dependencias expresaron que si no se les asignan fondos no tienen los recursos para llevar a cabo el nuevo estudio comisionado por la Legislatura.

“Si la Asamblea Legislativa determina avalar esta pieza legislativa, el Recinto no tiene objeción a su aprobación, condicionado a que se viabilice su implementación con la asignación especial de fondos para los fines propuestos”, expresó la rectora del RCM, Ilka Ríos Reyes.

Indicó que tres estudios epidemiológicos en salud pública ambiental del RCM ya encontraron un mayor patrón de morbilidad y de mortalidad de los residentes del municipio de Guayama en comparación con los del municipio de Fajardo. “El estudio ecológico (donde se analizaron 15 años de datos oficiales de agencias estatales y federales) identificó a la planta de carbón, como un factor principalísimo en el patrón de morbilidad y mortalidad de los residentes de Guayama, causadas por la exposición a la contaminación de aire, en comparación con los residentes de Fajardo”, sostuvo la académica.

Las vistas publicas, que son conducidas por la representante Sol Higgins Cuadrado, continuarán el 30 de este mes.