Rosaima Rivera tiene 33 años y está en su cuarto año en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) cursando su juris doctor.

Ahora, todo se le ha venido abajo con la amenaza de paro -que comenzaría hoy hasta el 5 de abril, fecha de la Asamblea Nacional en el coliseo Roberto Clemente- y luego una huelga indefinida a partir del 6 de abril, ambas decisiones adoptadas el pasado 21 de marzo en una asamblea general en el teatro ríopedrense.

Para Rivera, su sueño se le hizo sal y agua.

“Necesito graduarme. En la medida en que la Universidad de Puerto Rico se mantenga cerrada por manifestaciones del estudiantado, se afecta mi derecho a recibir una educación pública y se compromete mi patrimonio, porque tuve que hacer ajustes en el trabajo para estudiar para la reválida. En la medida en que la UPR permanezca cerrada, no me pueden terminar de dar mi semestre”, afirmó Rivera.

Su caso no es el único.

Según Alejandro Caminero, portavoz de la Coalición Universitaria por el Progreso (y quien, junto a Brian Díaz, impugnó el voto de paro por no haberse hecho de manera electrónica, como dicta la Ley 128 del 2010), “tenemos constancia de estudiantes que venían a la UPR y que están contemplando ir a otras universidades por el clima de inestabilidad. No es solo la parte académica, sino la posibilidad de completar los procesos administrativos porque hay unas fechas límites para pedir las ayudas económicas federales y privadas”.

Tanto Caminero, también estudiante de Derecho como Díaz, reclaman desde la semana pasada que el voto se hiciese de manera secreta y electrónica para “evitar las presiones que se dan durante las asambleas”. 

Además, ese voto electrónico necesita un quórum de 25% de los estudiantes, en tanto que las asambleas solo requieren el 10% para hacer quórum. 

“El 25% representa un universo mucho más amplio y con mejor poder de decisión”, planteó Díaz.

Mientras se trata de resolver el asunto a horas de que arranque un paro, Rivera se encuentra frustrada con todo el proceso. 

“Yo entiendo el derecho que puedan tener las personas a manifestarse, pero eso no debe menoscabar mi derecho a yo graduarme y estudiar. Si no puedo graduarme, tendría que esperar a que esto se acabe o ver qué alternativas va a traer la universidad, porque encuentro que es muy oneroso tener que buscar otra universidad que me convalide los créditos. Esa sería la última alternativa”, insistió Días.

“La desobediencia civil, las huelgas, los paros, tienen consecuencias”, recordó Caminero. “Quieren poner presión a la universidad, pero la va a sentir más el estudiantado y no es la universidad la que tiene injerencia de hacer los recortes, es la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y es a ellos y al gobierno al quienes hay que reclamarles. Es poco producente pensar que cerrando la universidad y agravando el problema fiscal que tiene va a dejar sin efecto los recortes, cuando realmente podría ocurrir que pongan bajo sindicatura la universidad como subterfugio para salvarla”, advirtió.