La gobernadora Jenniffer González Colón envío cuatro nuevas medidas a la Legislatura, todas enfocadas en abordar la violencia doméstica y el acceso a la salud para mujeres embarazadas y en el periodo postparto.

Según explicó a través de una comunicación escrita, la primera medida busca extender los contratos cobijados bajo la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas” a la construcción, mantenimiento u operación de edificaciones cuyo único propósito sea albergar a mujeres víctimas de algún delito de violencia doméstica en Puerto Rico.

“Existen varias entidades sin fines de lucro que se dedican a concederles albergue a mujeres que han sido víctima de este mal social. No obstante, las mismas no cuentan con los mecanismos administrativos ni el capital para poder subsistir económicamente y poder continuar ofreciendo la gama de servicios que les ofrece a estas víctimas. Al extender los contratos que se pueden dar bajo la ley de las APP, se refuerzan las acciones para combatir la violencia doméstica al agilizar los procesos para el establecimiento de este tipo de infraestructura”, aseguró la mandataria.

La segunda medida establecería la expedición de manera inmediata de una Orden de Protección por violencia doméstica cuando sea solicitada en un tribunal. La medida enmendaría la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”.

Otra de las medidas busca que, como parte inherente del sistema de educación judicial, a todos los jueces del Tribunal General de Justicia se les requiera que dos veces al año tomen adiestramientos sobre el tema de violencia doméstica, y sobre los cambios en políticas y procedimientos relacionados a la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.”

“La confianza del Pueblo en el sistema judicial exige que estos actúen correctamente y conforme a los más altos principios morales al atender esta y todas las controversias presentadas ante sí”, lee el comunicado.

La última medida radicada busca garantizar el derecho de toda mujer a seleccionar y recibir atención directa de un ginecólogo-obstetra, adicional a su médico primario hasta un año después del parto. Además busca disponer que las aseguradoras autoricen al obstetra a diagnosticar, manejar y tratar las condiciones de las pacientes durante el embarazo y el posparto, sin requerir un referido o autorización previa del médico primario; atemperar las disposiciones legales pertinentes.

“En Puerto Rico, muchas mujeres enfrentan barreras administrativas impuestas por los planes médicos que les exigen referidos o autorizaciones previas del médico primario para recibir atención directa de su ginecólogo y obstetra. Estas restricciones pueden ocasionar demoras en diagnósticos y tratamientos esenciales, comprometiendo la calidad de la atención médica”, se alegó también.