Los aumentos salariales para los paramédicos y técnicos del Servicio de Emergencias Médicas, así como para los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no se han hecho realidad, pese a que el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley las medidas legislativas que los hacían viables, ya que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) todavía no les ha dado el visto bueno.

La afirmación la hizo este jueves el primer ejecutivo, tras anunciar la rehabilitación de 199 apartamentos de una habitación de alquiler en el complejo residencial Casa Linda Apartments de Bayamón, así como la construcción de 52 nuevas unidades de dos habitaciones.

En el caso de los aumentos a los paramédicos, estos se prometieron y aprobaron en el 2022. Sin embargo, Pierluisi dijo que “la Junta ya hizo unos señalamientos. Indicó que el proyecto es inconsistente con la orden de confirmación del Plan de Ajuste del gobierno”.

Indicó que la Junta ha solicitado un estimado del impacto de esta alza salarial, el que está a cargo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así como de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.

Según anunció Pierluisi el 15 de febrero de 2022, la propuesta establece que los técnicos de Emergencias Médicas Básico verían un aumento de $1,525 a $1,989 mensual, los paramédicos de $1,725 a $2,250, y los despachadores de $1,625 a $2,120.

Mientras, el aumento salarial al mes de los vigilantes fue una legislación firmada el pasado 12 de agosto, la cual busca aumentar a $2,600 la paga base de los vigilantes. También otorgaría un incremento de $300 mensuales a los trabajadores del DRNA.

Pierluisi comentó que “estamos en el proceso de someterle una certificación a la Junta, conforme a la Ley Promesa, indicando que es consistente o no es consistente con el Plan Fiscal aplicable”.

Para resumir el escenario que viven estos trabajadores, el gobierno no dudó en establecer que, aunque haya convertido en leyes estas promesas de mejoras salariales, quien determinaría si se conceden es la Junta de Supervisión Fiscal.

“La realidad es que, en estas cosas, hasta cierto punto la Junta tiene la última palabra, porque si entendemos en ese diálogo con Junta, de que la objeción de la Junta es insalvable y de que recurrir al tribunal es una causa perdida, porque reconocemos, si es que eso pasa, que la objeción que está levantando la Junta tiene validez jurídica, pues, entonces no se logra el propósito de la ley. Así que a estas alturas yo lo único que puedo decir es que yo la firmé, esas dos leyes. Mis deseos es que reciban esas alzas salariales, pero reconozco que la Junta tiene, para bien o mal, la última palabra”, sostuvo.

Señaló que, en la espera de una determinación de la Junta, evalúan cambios en el plan de clasificación y retribución de estos empleados como vía para poder concederles la mejora salarial.