La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli y reconocidos peritos ambientales denunciaron hoy que el proyecto de expansión de 7.5 kilómetros de la carretera PR-10 para convertirla en un expreso entre Arecibo y Ponce, pone en riesgo cuerpos de agua, yacimientos mineros y provocará una destrucción mayor de los recursos naturales en la Cordillera Central.

Los científicos cuestionaron la necesidad del proyecto que el gobernador Pedro Pierluisi anunció el pasado mes de enero mediante una inversión de $552 millones, provenientes en su mayoría de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (CDBG-MIT, en inglés) bajo la custodia del Departamento de Vivienda federal.

“Dice el gobierno que el proyecto beneficiaría a 1.3 millones de personas y que supuestamente existe un estudio de costo y beneficio, del cual solicitaremos copia, mas no dice cómo afectaría las fuentes de agua que se nutren desde el Río Grande Arecibo y las quebradas tributarias y a la gente que se sirve del super acueducto para el agua que recibimos en nuestros hogares”, dijo Nogales Molinelli, en conferencia de prensa en el Capitolio.

La legisladora indicó que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) ha dicho que el propósito es convertir a la PR-10 en un expreso con paseos y control de acceso. “Ayer los medios de comunicación cubrieron la noticia de la privatización de los peajes y este no será la excepción. Pensemos, ¿a quién le interesa que se complete este proyecto?, cuestionó.

Dijo que por los datos preliminares que ha recibido, el proyecto consta de 24 puentes con 75 tramos, uno de ellos sobre el Río Grande de Arecibo; 16 puentes sobre 17 quebradas tributarias; 6 puentes sobre depresiones topográficas; 11 muros de tierra mecánicamente estabilizada y 6 muros anclados al suelo.

Alertó también sobre las consecuencias sobre la vida silvestre, la belleza natural, los recursos de agua, la boa puertorriqueña, el guaraguao de bosque, la cotorra puertorriqueña, falcón de , entre otras especies y árboles endémicos.

“La preocupación más grandes que tenemos es que la ciudadanía no está enterada de la magnitud del impacto de esta destrucción. Tan solo le han hecho el cuento de cómo les beneficia en ahorrarles ocho minutos de un viaje de aproximadamente 25 minutos. No ha habido discusión, ni vistas públicas en las cuales la gente pueda participar. No saben que convertirán la carretera en un expreso, que cobrarán peaje, que posiblemente lo privatizarán y se aumentará el costo de transitar por una vía que actualmente no conlleva peaje”, sostuvo Nogales Molinelli.

“Construir y diseñar esta carretera a la vez, es un disparate mayúsculo, no hay que ser ingeniero, no hay que ser físico. Están fragmentando el impacto ambiental del proyecto. Es claro que no se puede evaluar un proyecto de esta complejidad por partes. Fragmentar la evaluación del impacto ambiental de un proyecto es ilegal, esta es una acción ilegal del gobierno de Puerto Rico, de HUD, del Cuerpo de Ingenieros y de cualquier agencia que tenga injerencia en este tipo de proyecto. Es simple y llanamente demencial, es una locura y además, violatoria de cuanto reglamento y ley ambiental hay en Puerto Rico”, dijo el científico ambiental, Neftalí García.

Dijo también que entre el noreste de Ponce y suroeste de Lares hay entre cuatro a cinco yacimientos de cobre, oro y plata y algunos de molibdeno, además, de otros yacimientos mineros que ya han sido delimitados, cuantificados y otros, estudiados de forma preliminar.

“Estamos hablando de que una explotación de esos 17 yacimientos afectaría al Río Bibí, el Río Pellejas, el Río Grande de Arecibo, el embalse dos Bocas, el Río Tanamá, el Rio Camuy y una quebrada que va hacia el río Añasco”, sostuvo el científico, quien recordó que desde la década de 1960 la carretera PR-10 era parte de un plan minero.

“Cualquier actividad que tenga que ver con la carretera 10 nos tiene que alertar sobre potenciales explotaciones mineras en Puerto Rico. Eso unido a que a que el Servicio de Catastro Geologico de Estados Unidos (US Geological Survey) está involucrado en la búsqueda de lugares con minerales y metales estratégicos que son importantes para materiales militares, espaciales, la electrónica, industria eléctrica y para la producción industrial relacionada con las comunicaciones”, dijo para agregar que la gente de Adjuntas viaja fundamentalmente a Ponce y la gente de Utuado, a Arecibo. “Esta área lo que requiere es mejoramiento y de ser necesario construir una nueva autopista hay una opción superior desde el punto de vista ambiental”, expresó.

En cuanto a la sismología, García advirtió también que por el área pasa “el gran sistema de fallas del sur de Puerto Rico”.

El planificador Félix Aponte Ortiz dijo que la cuantía de $552 millones que se anunció para el proyecto ha sido sobreestimada, pues la aritmética supone que cada kilómetro costaría unos $76 millones.

“No conozco una carretera en los Estados Unidos que tenga un costo tan elevado por kilómetro, probablemente no existe”, indicó Aponte Ortiz.

Dijo también que construir un puente de esa magnitud en la Cordillera Central, en un área escarpada plantea un reto de ajustar la topografía, la geografía y el paisaje a la carretera. “Históricamente hacíamos lo contrario, ajustábamos la carretera a la topografía y en reconocimiento del comportameinto de la red pluvial. Aquí estamos pretendiendo alterar todo para adaptarlo a una carretera y la incógnita es cuál es el objetivo social, el objetivo económico. ¿A quién beneficia esta intervención? ”, inquirió el planficador.

Cuestionó también la utilización de fondos federales del Departamento de la Vivienda federal cuando en Puerto Rico hay una gran necesidad de vivienda y el que se utilice una declaración de impacto ambiental “obsoleta” que data de más de 40 años. “Con el pensamiento ambiental de hace 45 años al menos, queremos construir uno de los proyectos de ingeniería, sino el proyecto de ingeniería vial más retante en la historia de Puerto Rico”, subrayó.

“No entiendo el argumento a favor de ese emprendimiento porque sabemos que la PR-10 no solamente costó mucho sino que cada vez que llueve mucho se cierra. No hemos logrado manejar la PR-10 y ahora la vamos a extender”, puntualizó el ecólogo retirado del Servicio Forestal Federal, Ariel Lugo.

Sostuvo que el costo de construcción por kilómetro es de $73.6 millones, el doble de lo que costó el tramo para la PR-10.

“En los años de 1960 la Autoridad de Carreteras decía: ‘vamos desafiar la naturaleza’ y la naturaleza se los tragó. Hoy, eso se les ha olvidado y empiezan a desafiarla de nuevo”, afirmó Lugo.

“¿Quién esta a cargo del análisis ambiental? El proyecto se basa en una declaración de impacto ambiental de 1972, como si Puerto Rico no hubiese cambiado. Esa es una estratagema que están usando todas las agencias federales en Puerto Rico porque el Congreso nos dio mucho dinero para rehabilitar a Puerto Rico”, indicó el también dasónomo.

“Baja la población, tenemos toneladas de dinero, tenemos la oportunidad de rediseñar a Puerto Rico y lo que estamos haciendo es sacando de los gabinetes oscuros proyectos viejos que fracasaron en el pasado con documentación obsoleta”, agregó.

José Córdova Iturregui profesor jubilado de física y química indic;o que no hay justificación para un proyecto de esa envergadura “simplemente” para que las personas puedan moverse de Utuado a Adjuntas o viceversa. “Uno tiene que pensar que tiene que haber algo detrás”, cuestionó.

Dijo que dos elementos detuvieron el proyecto original minero en los años de 1960 y principios de 1970: la contaminación de los cuerpos de agua y el terrible destrozo que iba a ocurrir en la zona porque la ingeniería que se proponía era a cielo abierto para extraer los minerales.

Córdova Iturregui agregó que otro elemento, es el impacto a los recursos de agua. En el área metropolitana ya han sido socavados sustancialmente por la construcción que ha sedimentado nuestros lagos ahora estamos hablando de impactar la fuente de agua que suple al área metropolitana.

Dijo que también hay que pedirle apertura y transparencia al gobierno. “Que nos digan que es lo que hay detrás de todo esto porque no es una carretera”, afirmó.