El gobernador Pedro R. Pierluisi convirtió en ley una medida legislativa que enmienda la Ley para Prohibir el Hostigatimento Sexual en el Empleo para que cobije a personas que realizan internados sin remuneración.

El Proyecto del Senado (PS) 217 también obligará a los patronos a establecer y publicar un protocolo para proteger a sus empleados en casos de hostigamiento sexual y crea un portal exclusivo de querellas, entre otros fines.

Dicha medida es de la autoria de los legisladores del Partido Nuevo Progresista Carmelos Ríos, Keren Riquelme y Gregorio Matías, la legisladora del Partido Popular Democrático Migdalia Arroyo y la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago.

“El hostigamiento sexual debe ser combatido en todos los frentes y por eso, con esta nueva ley, protegeremos también a todas las personas que realizan internados educativos. Ellos y ellas tienen los mismos derechos que el resto de la clase trabajadora, por lo que cobijarlos con las protecciones de esta ley es lo correcto”, dijo Pierluisi sobre la pieza legislativa endosada por el Departamento de Justicia y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).

Según el reglamento, tanto la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) -como el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH)- brindarán asesoramiento técnico a las empresas para la elaboración del protocolo y velarán por el cumplimiento de este. Igualmente, la OPM y el DTRH serán las agencias encargadas de lo que será el portal cibernético, en el cual se podrán radicar querellas en línea y se pondrá a disposición de la ciudadanía información sobre las leyes y recursos relacionados al hostigamiento sexual.

La medida forma parte de uno de cuatro proyectos senatoriales que Pierluisi aprobó este viernes, en el que también concedió su firma a una legislación que permite a convictos por escalamiento agravado, delito grave de segundo grado o delito de mayor severidad, participar de los Programas de Desvío luego que este cumpla parte de su sentencia y exhiba buena conducta.

El PS 204, de la autoria de los senadores novoprogresistas Keren Riquelme, Gregorio Matías y William Villafañe, fue favorecido por el Departamento de Corrección y Rehabilitación, quien esbozó que de estos delitos ser elegibles para el programa de desvió, el mismo le aplicará la norma general de la agencia, donde cada caso será evaluado y considerado para este “privilegio”.

Asimismo, el gobernador le dio paso al PS 366, que autoriza que se incorpore el símbolo internacional de la comunidad sorda en todo certificado de licencia de conducir a los ciudadanos cuya certificación médica así lo establezca. Por lo tanto, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) deberá, mediante un Acuerdo Colaborativo, reorganizar los datos y llevar a cabo la programación necesaria con el Puerto Rico Information and Technology Services (PRITS).

Otra medida firmada por el gobernador es el PS 694, que añadirá un integrante al Comité de Recursos del Agua que fungirá como representante de los sistemas de acueductos rurales que no son de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, o non-PRASA. Además, reconoce el libre acceso para realizar pruebas de calidad de agua, inspecciones, labores de mantenimiento, mejoras y obras de infraestructura e impone multas de $500 a quienes impidan que se puedan realizar estos trabajos.

Pierluisi veta dos legislaciones

En otros asuntos, el gobernador Pierluisi emitió vetos expresos a los PS 432 y 134.

Mediante carta, el Primer Ejecutivo explicó detalladamente a los presidentes legislativos que el querer enmendar, mediante el Proyecto 432, la Ley de la Administración de Servicios Generales (ASG) para establecer un tope de 10 por ciento sobre el monto original del contrato en las órdenes de cambio al mismo, incluyendo agencias, exentas de ley, parte de premisas erradas en términos de gerencia administrativa y contempla regulaciones que ya se encuentran en el Estado de Derecho.

A esto se une que, tras el impacto de los huracanes de 2017, los terremotos de 2020 y el reciente azote del huracán Fiona hace dos semanas, “resulta más adecuado realizar cualquier modificación a los procesos o requisitos que rigen las órdenes de cambio mediante la flexibilidad que permite la reglamentación actual”.

En lo que respecta a las órdenes de cambio, Pierluisi explicó que “si se gestionan correctamente, permiten que fluya el trabajo y se realice a cabalidad la obra, según las necesidades a satisfacer”.

“La limitación estricta a un por ciento, sin que medie una justificación, podría ser fatal para los objetivos de cualquier proyecto y estos podrían quedar inoperantes ante la falta de continuidad de las obras. Son conocidos los retos que representa la inflación que nos afecta; en particular en la industria de la construcción que experimenta un incremento constante en sus gastos. Esto podría obligar a hacer ajustes en las obras que se tienen planificadas y, probablemente, aumentar el costo de los proyectos de construcción. No se debe perder de perspectiva que las subastas se adjudican según las circunstancias prevalecientes al momento y que las obras de construcción, por su propia naturaleza, requieren de un término de tiempo durante el cual las circunstancias pudieran variar sustancialmente”, agregó.

En torno a las órdenes de cambio, las mismas ya forman parte del Estado de Derecho, incluyendo la Ley 150- 2020 que enmendó la Ley de la ASG, para, entre otros asuntos, establecer la responsabilidad de las agencias de Gobierno de notificar y fundamentar las enmiendas a las órdenes de compra o contratos que elevan el valor de la compra ya adjudicada. Mientras, los contratos de construcción de la obra pública están regulados por la Ley de Documentos Uniformes para la Contratación de Programación, Gerencia, Diseño, Inspección y Construcción de Obras Públicas de 2010. Además, existe reglamentación de la ASG que establece que la agencia debe mantenerse por debajo de un porciento establecido, y de ser necesario y justificado el realizar obra adicional por encima de dicho por ciento, se deberá buscar la autorización del ente superior que rige la entidad.

“En este periodo histórico, la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico es una de las necesidades más apremiantes que este Gobierno tiene que satisfacer. Para agilizar la reconstrucción, se declaró un estado de emergencia en la infraestructura por los daños causados desde los huracanes Irma & María en 2017 y terremotos de 2020 mediante la Orden Ejecutiva 2021-24; y más recientemente, mediante la Orden Ejecutiva 2022-45 se declaró un Estado de Emergencia por el paso de Fiona por Puerto Rico. Ante las situaciones que enfrentamos durante los pasados años y los desafíos presentes, resulta más adecuado realizar cualquier modificación a los procesos o los requisitos que rigen las órdenes de cambio mediante la flexibilidad que permite la reglamentación actual”, indicó Pierluisi, al destacar que es necesario excluir de este tipo de legislación los contratos de compra de combustible de la AEE, ya que los aumentos en estos contratos son por cambio de precio en el mercado, aumento en consumo debido a situaciones operacionales o aumento en demanda.

Del mismo modo, el gobernador no firmó el PS 134, que proponía definir la responsabilidad de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública -WIPR- en casos de Declaración de Estados de Emergencia. Pierluisi reconoció que, en principio, la medida tiene una buena intención, pero implica gastos fiscales adicionales significativos, no contempla fuentes de ingresos y retira recursos al canal del Gobierno, que ya no recibe asignaciones del Fondo General.

“La loable intención de mantener un canal de comunicación para poder llevar información en casos de emergencia ya se está realizando y se destinan recursos públicos para lograr su propósito. Por el contrario, esta medida tendría el efecto de retirarle esos recursos a WIPR, obligando a realizar una operación gubernamental gratuita. Por otro lado, la medida impediría que WIPR pueda ser contratada por el Departamento de Educación, en tiempos de emergencia, como lo ha sido durante la pandemia, para suplementar los servicios educativos del Departamento y en cambio, obligaría a la corporación a proveer esos servicios al Departamento de forma gratuita, lo que no es viable”, explicó.