La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, anticipó que a mediados de mes esta administración podría presentar a sus acreedores su propuesta para reestructurar la deuda, y aunque ese proceso no ha comenzado oficialmente, dijo que se ha discutido informalmente la necesidad de establecer un mecanismo independiente que supervise las operaciones fiscales y presupuestarias del gobierno. 

“Hay un interés de que aquí haya un ente por encima que les dé a ellos esa certeza. Cuando nos sentemos a negociar, entendemos que van a ser unas cosas (que) nos las van a plantear formalmente porque nos las han planteado informalmente, inclusive, muchos de ellos, como ya saben, prefieren que sea una imposición federal”, manifestó Acosta durante una vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado. 

“Es un ejercicio de decir ‘estamos dispuestos a hacer esto’, y va a ser una exigencia que nos van a hacer. Informalmente, ya lo han hecho”, abundó la funcionaria a preguntas del presidente del Senado, Eduardo Bhatia. 

El líder senatorial cuestionó, entre otras cosas, por qué el Ejecutivo interesa crear la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica sin que hayan comenzado aún las negociaciones con los bonistas y acreedores, y preguntó también por qué determinó establecerla mediante legislación y no con una Orden Ejecutiva. 

“Lo que hemos hablado con los acreedores, siempre que quieren que algo tenga permanencia, piden que sea por legislación para sentir que es algo que va a tener permanencia y no va a ser eliminado”, respondió Acosta. 

Bhatia, incluso, planteó si sería necesario que los cinco miembros de la junta tengan que ser evaluados y confirmados por el Alto Cuerpo, como dispone la pieza legislativa, y dijo no tener ningún reparo conceptualmente con el proyecto por entender que el ente que se propone crear cumpliría una función de supervisión y no controlaría las operaciones fiscales del gobierno. Asimismo, anticipó que la junta que se cree sufriría modificaciones, según avancen las negociaciones con los acreedores. 

“Yo no creo que haya mucha controversia de la forma en que quedó redactado. Al eliminar el elemento de que sea una junta de control, donde supedita lo que es la Asamblea Legislativa… cuando cambia el elemento de control, cambia la naturaleza de la junta”, manifestó el presidente del Senado durante su turno de preguntas.

Sin embargo, la junta sería responsable, entre otras cosas, de revisar y aprobar el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal que se adopte, que tendría una vigencia de cinco años, aunque luego el gobernador lo ratificaría mediante Orden Ejecutiva. El ente propuesto, además, evaluaría el presupuesto gubernamental recomendado cada año, y fiscalizaría su cumplimiento por parte de las agencias. 

La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, preguntó a los deponentes por qué hay que delegar en un nuevo organismo gubernamental funciones que hoy realizan o que podrían llevar a cabo el BGF, el Departamento de Hacienda (DH) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

“Aquí se ha hablado de credibilidad, de transparencia y eficiencia. ¿Cuál es el problema de que ustedes hoy no son creíbles? ¿Por qué no pueden proyectar eficiencia? ¿Por qué no es suficiente la transparencia? ¿Por qué tienen que venir estas cinco personas a hacer las funciones de ustedes?”, preguntó la legisladora a los deponentes. 

Acosta precisó que el problema no estriba en el desempeño de esta administración, sino en la desconfianza que genera el que, por más de una década, el gobierno haya sobreestimado sus recaudos y se haya excedido en sus gastos provocando en el gobierno patrones de insuficiencia presupuestaria que han colocado a las finanzas del país en el estado crítico en el que se encuentran y que han lacerado su credibilidad ante los mercados financieros.

El secretario del Departamento de Haciend, Juan Zaragoza, por su parte, fue más allá al señalar el récord delictivo de la función pública como uno de los motivos principales que, a su juicio, justifican la creación de la junta de supervisión y control fiscal.

“Lo que no nos ayuda a nosotros es el récord delictivo que tiene el gobierno, de muchas décadas. Entonces, llegamos nosotros, y una pregunta legítima de ellos (los acreedores) es ‘¿a ustedes sí les tengo que creer?’. Ese es el problema, no es tanto que nosotros no podemos hacer el trabajo. Tenemos un récord criminal que podemos hablar largo y tendido sobre él”, dijo Zaragoza.

OAT rechaza la medida

Luego del panel compuesto por el equipo fiscal de esta administración, compareció ante la comisión senatorial el licenciado Élix Morales, director de la Oficina de Legislación y Reglamentos de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), para oponerse al proyecto del Ejecutivo por entender que, a pesar de que textualmente excluye a la Rama Judicial de su aplicación, en la práctica, sus disposiciones atentarían contra la función administrativa de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta. 

“Un examen integral de la medida nos permite concluir que dicha expresión resulta insuficiente por sí sola para excluir a la Rama Judicial, a la Asamblea Legislativa y a las demás entidades autónomas mencionadas de la cobertura del plan (de desarrollo económico) y de la jurisdicción de la junta”, afirmó el letrado en representación de la jueza Isabel Llompart, directora administrativa de los Tribunales.

“En lo que respecta a la Rama Judicial, el Proyecto del Senado 1513, tal y como está redactado, supondría un menoscabo a las prerrogativas que confiere nuestra Constitución a la jueza presidenta del Tribunal Supremo para la administración de la Rama Judicial”, agregó.

La vista de este lunes fue la última sobre el proyecto de la junta fiscal en el Senado, confirmó José Nadal Power, presidente de la Comisión de Hacienda en ese cuerpo. El organismo legislativo deberá rendir su informe antes de este jueves, último día de aprobación de medidas de la presente sesión ordinaria. El senador por San Juan anticipó que incluirá enmiendas para, entre otras cosas, simplificar las operaciones y las facultades de la junta. 

“Hay que simplificar un poco lo que es el rol de la junta, y eso no disminuye su importancia, sigue siendo fundamental tener una junta que se concentre más bien en la validación”, indicó el senador popular al afirmar que los cambios previstos buscan evitar que el nuevo ente añada más burocracia al gobierno.