Algunos dueños de hogares de cuido prolongado para adultos mayores, donde el Departamento de la Familia (DF) ha ubicado cientos de participantes, advirtieron que si para el viernes el gobierno no salda -al menos- una parte de los $3.9 millones que les adeuda, solicitarán la remoción de entre 600 a 800 viejitos que permanecen en estas instalaciones.

Así lo adelantó la presidenta de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico (FICPRO), Tamara Pérez, al aseverar que el desespero entre los dueños de hogares es a tal grado que han tenido que hipotecar sus bienes o solicitar préstamos que apenas pueden pagar en un intento por cubrir el dinero que no les ha sido pagado por el DF, agencia que tiene la responsabilidad de subvencionar el cuido de miles de ancianos en la isla.

En cambio, las múltiples gestiones para mitigar la crisis no han sido suficientes. Y la gota que colmó la copa y paciencia de muchos administradores de las instalaciones especializadas -que llevan semanas advirtiendo el tétrico escenario que enfrentan por el impago- fue que en medio de sus reclamos el DF envió mensajes de texto en los que se les exige a los administradores a cumplir con los requisitos de un plan de emergencia para la temporada de huracanes, como lo establece la Ley 88 de 2018 (Ley de Garantía de Prestación de Servicios). Actualmente FICPRO tiene cerca de 532 dueños de hogares afiliados a su organización.

“Nos están diciendo que para el 31 de mayo debemos tener el plan de emergencia que incluye, al menos, abasto de combustible y alimentos para, al menos, 20 días después del paso de un evento de fuerza mayor. También se exigen abastos de medicamentos y artículos de primera necesidad para operar por ese tiempo y una cisterna de agua con capacidad suficiente para suplir la necesidad de este servicio por, al menos, cinco días. Pero, ¿con qué dinero se va a cumplir para el 31 de mayo con todas las exigencias del Departamento de la Familia?”, sostuvo Pérez al agregar que se les ha advertido que quienes no cumplan recibirán multas, cierres o cancelaciones de licencias.

Según explicó Pérez hay dueños de hogares afiliados al FICPRO a los que se le adeuda el pago de subvención de cuido de adultos mayores de hasta tres años fiscales anteriores. Puntualizó que los $3.9 millones que han trascendido públicamente corresponden al presente año fiscal 2022-2023.

“Hay de todo, pero el total adeudado es necesario para poder cumplir con las obligaciones contractuales de alimentación, cuidado y atención las 24 horas, nómina del personal profesional y las utilerías agua, luz, teléfono, gas. Los hogares han rendido sus servicios de cuidado con alto compromiso y necesitan del pago para viabilizar y continuar su operación, en beneficio de nuestros adultos mayores”, expresó Pérez.

Sin embargo, la situación ha llegado al límite y aunque les resulta “doloroso” pedir la remoción de los participantes cobijados por el DF, las opciones están agotándose.

“Algunos dueños de hogares han tenido que hipotecar bienes y otros han tenido que hacer préstamos para tratar de subsanar la situación. Pero ya no pueden más, porque es acumulativo. Lo que yo digo es que la falta de pago se cataloga maltrato... el DF hizo un contrato de pago y debe resguardar por el cuidado y bienestar de los adultos mayores bajo su tutela. Y todo esto se pone en riesgo por la falta de pago. Ya se han agotado los mecanismos de diálogo y no pueden esperar más”, dijo la portavoz de la federación.

Explicó que este viernes se llevará a cabo la novena asamblea del organismo donde se presentará una resolución para tomar decisiones.

“En su mayoría, los afectados están inclinados a tomar la determinación de pedir al Departamento de la Familia la remoción de los adultos mayores y adultos discapacitados ubicados por la agencia, por los cuales el gobierno no está pagando la subvención, basado en el incumplimiento con el acuerdo contractual”, adelantó sobre la asamblea que se llevará a cabo a partir de las 8:00 de la mañana en el salón de actividades de la Cooperativa Las Piedras, en Humacao.

“Estamos hablando de unso 600 a 800 viejitos que podrían ser removidos ante la falta de pagos. Esto es bien desesperante y triste porque estos residentes son como nuestra familia, pero no vemos luz al final del camino. Todo han sido promesas y no ha habido cumplimiento. Al contrario, la deuda sigue creciendo y se hace bien difícil operar sin recibir los pagos”, dijo Pérez al agregar que por cada adulto mayor subvencionado, el DF paga entre $1,500 y $2,300 mensuales, dependiendo de las necesidades de la persona.

Aseveró que en una reunión que hubo con la secretaria interina del DF, Ciení Rodríguez, se les explicó que la falta de pagos se debe a la falta de personal en el área de finanzas y a un proceso de renovación de convenio.

”Pero nosotros no podemos ser penalizados por algo que ellos deben corregir. Son ellos los que tienen que buscar cómo resolver el problema”, opinó.

Según los datos ofrecidos por el DF, para abril la agencia subvencionó el cuido de 5,125 adultos mayores que fueron ubicados en distintos centros a través de la Isla. En ese mismo mes se pagó una nómina por los servicios de $4,216,074.

Se expresa Procuradora de Personas de Edad Avanzada

Por su parte, la Procuradora de Personas de Edad Avanzada, Carmen Delia Sánchez, aseguró que la agencia fiscalizadora sirve de mediadora en la situación. De hecho, dijo que la última reunión buscando remedios para el impago se efectuó en abril con la participación de personal del DF.

“Tenemos conocimiento de la situación y desde nuestra división legal y en conjunto con la Procuradora de Instituciones de Cuido Prolongado, Estefanía Díaz, hemos discutido el asunto. Hemos recibido el insumo de la federación y asociación de dueños de hogares de cuidado prolongado de adultos mayores para conocer cómo se está afectando con esta situación la población de personas mayores de 60 años. Hemos buscado alternativas y hemos hecho recomendaciones de cómo manejar el asunto en particular con unos hogares que han llegado hasta nosotros”, puntualizó al explicar que a través de la Procuraduría se han podido llegar a acuerdos de pagos con entre 20 a 25 hogares a los que se les adeudaba dinero.

La Procuradora subrayó que los procesos de egreso de los participantes son “delicados” y lo preferible es no llegar a esa posición.

“Los adultos mayores tienen unos derechos. Estaremos pendientes a la decisión que se tome el viernes, pero entendemos que el Departamento de la Familia tomará acción. Sabemos que la agencia está trabajando para pagar la deuda... pero aquí lo importante para nosotros es que no se violen los derechos de los adultos mayores. No se puede tirar a la calle a un adulto mayor por una falta de pagos. Estamos hablando de personas que, en su mayoría, son indefensos”, precisó Sánchez.

Recordó a los dueños de hogares de cuido prolongado que pueden presentar cualquier preocupación de alguna situación que ponga en riesgo a sus residentes llamando al (787) 721-6121.

“Estoy bien sorprendida con el tono del mensaje”

La secretaria interina del DF, Ciení Rodríguez, se mostró “sorprendida” con las advertencias lanzadas por la FICPRO, y aludió a que los portavoces del organismo están “faltándole a la verdad”.

De entrada, la secretaria sostuvo que el monto de $3.9 millones no son deudas acumuladas, sino “atrasos” de pagos de meses pasados. Y agregó que del total mencionado unos $3.3 millones correspondían a pagos del mes de abril que han ido disolviéndose poco a poco. “Es cierto que hay una deuda del año fiscal 2022-2023 y el número exacto que debemos de este año es $358,963″, subrayó.

Explicó que la agencia paga cerca de $5 millones al mes por parte del servicio a personas que son reubicadas por el gobierno en centros de cuido prolongado. Pero acotó que “la mayoría de los participantes” utilizan el dinero que reciben de seguro social o del PAN para cubrir parte de los costos. Además, manifestó que el 30% del universo de los hogares son los que tienen más del 40% de su matrícula subvencionada por el DF.

“Aquí la mayoría son residentes que pagan por lo privado”, expuso al agregar que, en el caso de los afiliados a la federación, son unos 275 los que reciben subvención del gobierno.

Sin embargo, reconoció que sí hay unas deudas pendientes con algunos hogares, pero indicó que se trabaja para resolver esas cuantías de “casos críticos”, con hasta cinco meses de impago, antes de que culmine el año fiscal en junio. De hecho, dijo que se les ha pedido reiteradamente a los dueños de hogares que entreguen una lista con los nombres y apellidos de los participantes de los que no se ha recibido el pago de subvención de cuido. “Y ese listado no lo han dado”, aseguró.

“Lo que me sorprende es que la federación utilice esto de subterfugio para incumplir con un requisito de ley (88) que no es impuesto por nosotros... están queriendo unir un asunto de licenciamiento con un asunto programático. Tienen que cumplir con la ley y punto”, expresó.

“Pero decir que si el Departamento de la Familia no les paga no van a cumplir con la ley, porque no tienen capacidad de pago, es faltarle a la verdad y es querer hacer deshonestidad intelectual... y esa amenaza que nos hacen de que sacarán viejitos a la calle, porque estamos pidiendo que se cumpla con la ley..., mira, de verdad que estoy bien sorprendida con el tono del mensaje”, añadió al reconocer que al tratarse de entidades privadas pudieran solicitar la remoción a la agencia.

De otra parte, explicó que cada hogar tiene que tener en reserva dinero para operar, al menos, por tres meses. “Y algunos no lo están cumpliendo... pero eso no lo dicen”, subrayó Rodríguez.