Mientras surgen reclamos de falta de Equipos de Protección Personal (EPP) para empleados que trabajan en las áreas de cuidado directo a pacientes del Centro Médico Correccional, el portavoz principal de la empresa que administra los servicios, Physician Correctional, Raúl Villalobos, asevera que se cumplen con todos los protocolos para garantizar la seguridad de sus profesionales de la salud y de la población penal.

La denuncia oficial la hizo el enfermero Julio Pizarro Valdés quien alegó que los materiales utilizados para prevenir contagios como el del COVID-19 -incluyendo mascarillas, guantes, batas, entre otros- se están distribuyendo en la institución hospitalaria, ubicada en Bayamón, de “forma racionada” lo que expone a diario al personal a infectarse con el novel coronavirus.

“La administración del Centro de Salud Correccional le está proveyendo mascarillas solamente a enfermeras y enfermeros que atienden directamente a los casos sospechosos del COVID-19, pero le niega las mascarillas al personal que interactúa a diario con estas enfermeras y enfermeros”, expresó por escrito Pizarro Valdés.

Agregó que en cuanto a las mascarillas N95 -una línea de defensa vital para evitar el contagio de enfermedades infecciosas en el ámbito de la salud- indicó que solo le son entregadas a los médicos y que a las enfermeras y enfermeros se les proveen mascarillas que no son las indicadas para atender los pacientes sospechosos de COVID-19, por lo que sienten temor de contraer el virus.

“Las mascarillas que se le proveen a las enfermeras y enfermeros le son entregadas por el patrono con la indicación de que tienen que usarla durante todo el día, lo que va en contra de las normas establecidas, que supone que sean cambiadas luego de atender un paciente, por la pobre calidad de las mascarillas”, denunció al insistir en que el equipo es indispensable para que los trabajadores lleven a cabo sus funciones en un ambiente seguro y evitar de esta forma la propagación en la facilidad hospitalaria, así como en la población correccional.

Pizarro Valdés se ha convertido en el portavoz de los empleados del Centro Médico Correccional y en nombre del grupo está exigiendo a su patrono (Physician Correctional), que les hable con claridad sobre los asuntos concernientes al manejo del COVID-19, incluyendo saber si algún empleado ha resultado positivo a la enfermedad.

Alegó que fue a través de la prensa que supo que una farmacéutica del hospital carcelario dio positivo al virus, lo que tiene desconcertado al grupo, quienes prestan sus labores con “gran tensión” e “incertidumbre”.

“La salud emocional y tranquilidad del personal en el Centro de Salud Correccional es indispensable para que los confinados tengan un servicio de excelencia que controle la propagación del virus dentro del sistema correccional de Puerto Rico”, expuso.

Cabe señalar que hasta el momento ningún miembro de la población correccional ha presentado resultados positivos al COVID-19. En cambio, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), sí informó en días recientes que una oficial de custodia del Centro de Tratamiento Social, en Ponce, arrojó positivo a la prueba de la enfermedad viral.

Reacciona el presidente de Physician Correctional

A preguntas de Primera Hora, el presidente de Physician Correctional, la empresa encargada del programa de salud correccional, negó las imputaciones señalando que hace dos meses la empresa cumple con un “estricto y agresivo protocolo” que ha minimizado el impacto y posibilidades de contagios de coronavirus en el centro hospitalario, así como en la población de confinados de Puerto Rico.

Según Villalobos ese protocolo incluye -además de adiestramientos al personal y orientación sobre medidas de prevención a todos los reos del país- , proveer de EPP a los profesionales de la salud, así como cernimientos constantes a los empleados y visitantes a las instituciones mediante la toma de temperatura. Actualmente, para Physician laboran sobre 1,000 empleados.

“Además, como parte de esa frontera hemos mantenido separados o en cuarentena a las personas de nuevo ingreso (sumariados o sentenciados) por un periodo de entre 14 a 21 días… de hecho, hace 10 días que estamos realizando la prueba molecular de COVID-19 a todas las admisiones que se reciben”, destacó.

En cuanto a las imputaciones de estar racionando los materiales de EPP dijo que hay “suficientes abastos” y que se le está proveyendo a todo el personal desde hace dos meses mascarillas quirúrgicas y otros recursos de seguridad.

Dijo que en el caso de las mascarillas N95 se le están ofreciendo a los médicos y enfermeras que trabajan con casos sospechosos o, eventualmente, con los contagiados. “Esas son las guías que establece los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y las estamos cumpliendo… estas mascarillas no son para que las utilice todo el personal, sino aquellos que estén trabajando con casos sospechosos o contagiados”, insistió.

“Me tomé la libertad de llamar a los supervisores del compañero Pizarro Valdés -con quien tengo el interés de hablar para aclarar dudas- para saber si él se había acercado para pedir alguna orientación, pero no… creo que el compañero hizo unas alegaciones que no son válidas porque cuando hace referencia a que se le provea mascarillas N95 a empleados que interaccionan con otros empleados que pudieron entrar en contacto con el paciente, está aludiendo a una petición que es casi imposible de cumplir”, dijo al mencionar en varias ocasiones que al momento no se tiene ni un solo caso de algún reo contagiado del coronavirus SARS-CoV-2.

“Genuinamente respetamos al compañero y entendemos que su posición coincide con nuestra política de protección y seguridad. Pero parece ser que hay elementos de información que hay que compartir con él para que esté en una mejor posición de emitir juicios y opiniones”, sostuvo Villalobos al indicar que en ninguna guía científica se alude a que hay que cambiar de mascarilla y de batas luego de tratar a pacientes “que no son sospechosos de COVID-19”.

En cuanto al caso positivo registrado en el área de la Farmacia, indicó que se tomaron medidas cautelares como lo fue enviar a aislamiento en sus hogares a siete personas que tuvieron contacto con la empleada contagiada.

Indicó, además, que a estos empleados se les hicieron pruebas moleculares y seis resultaron negativas y una positiva.

“Ni la farmacéutica, ni esta otra persona que resultó positivo -y que de hecho está asintomática- tuvieron contacto con los confinados. Créanme que estamos abiertos a trabajar cualquier situación que surja con esta pandemia. Hasta ahora estamos satisfechos porque no hemos tenido un caso dentro de la población de confiados, pero sabemos que en cualquier momento algo puede pasar y estamos preparados para eso”, manifestó al agregar que el centro médico tiene disponible 196 camas y ocho habitaciones de aislamiento con presión negativa, lo que evita la transmisión de cualquier infección por las vías aéreas.