Encontrados los trabajadores y los patronos por la Reforma Laboral
El Departamento del Trabajo favorece la medida, si se corrige un solo error.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.
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Mientras el Departamento de Trabajo solo señaló un error a la propuesta Reforma Laboral que está bajo la atención de la Comisión senatorial de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, abogados defensores de la clase trabajadoras, así como importantes organizaciones que agrupan a los patronos despedazaron la medida por no contener propuestas que les beneficie como parte impactada.
De parte de los trabajadores, los abogados Carlos Mondríguez Torres, Ruy Delgado Zayas, Félix Bartolomei y Víctor Bermúdez Pérez reclamaban que fuese este sector el que se beneficie de los cambios. Se reclamó que no se señale a los empleados como parte de la crisis fiscal, pues en otros países del mundo ninguna medida que recorte derecho a la clase trabajadora ha tenido éxito en propiciar el desarrollo económico.
Mientras, organizaciones como la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE); el Centro Unido de Detallistas (CUD); la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y la Cámara de Comercio de Puerto Rico, no favorecieron el proyecto de la Cámara 1244. Aludieron a que les preocupa la reducción del término del periodo probatorio, la acumulación de licencia por vacaciones y enfermedad, el bono de Navidad, la eliminación del tope de la mesada bajo la Ley 80, así como el aumento en el término prescriptivo.
Esta lucha entre trabajadores y empleados fue muy bien anticipada por el senador Rafael Benabe, durante su discurso durante la vista pública.
“A nosotros nos parece que el PC1244 no es un proyecto ideal. No es que nosotros quisiéramos, pero en la lucha de los trabajadores rara vez se logra lo ideal, porque lo que se logra es producto de la relación de fuerzas entre patronos y trabajadores que están empujando en direcciones opuestas. Todo indica que esta medida, con todas sus limitaciones, es lo que en este momento vamos a poder lograr que se apruebe y que el gobernador lo firme. Y repito, sin ser ideal. Nosotros hubiésemos preferido, nosotros luchamos porque se pagara doble las horas extras”, manifestó.
Ante esas posturas encontradas, la procuradora del Trabajo, Naihomy Álamo, quien representó al Departamento del Trabajo, solo mostró preocupación por el hecho de que la pieza legislativa contiene un error. Es que aludió que la Cámara de Representantes enmendó en el hemiciclo la pieza legislativa para establecer que el cambio de horario o lugar de trabajo no pueda ser informado de manera verbal, sino solamente por escrito, y el proyecto llegó al Senado sin dicha enmienda.
En general, la funcionaria aludió a bondades de la medida a favor de los trabajadores. Destacó, por ejemplo, que “de los más notorios es la acumulación para las personas que trabajen menos de 115 horas. Sabemos que previo a la Ley 4 acumulaban únicamente aquellas personas que trabajaban al menos 115 horas y con la Ley 4 se aumentó a 130 horas y ahora se reduce a 115 horas, y también establece un esquema de acumulación para aquellas personas que trabajan menos de 115 horas, pero al menos 20 horas en cada semana del mes”.
También respaldó el que se disminuya de nueva a seis meses el periodo probatorio y que se reestablezca la orden de que las horas extras serían pagaderas en exceso de ocho horas en un periodo de 24 horas.
“Hay beneficios obvios que es la eliminación de los topes. El bono de Navidad se reincorpora a las 700 horas de trabajo para tener derecho al mismo”, destacó la procuradora.
Sin embargo, el abogado Mondríguez Torres, quien fue presidente del Colegio de Abogados, estableció que la medida continúa restándole derechos a los trabajadores.
“Nunca se ha visto en ningún país del mundo que se reconstruya una economía restándole derecho a los trabajadores. Esos derechos se van a perder y la economía no se va a reestructurar”, sentenció.
Aludió a que algunos derechos se dejan a la interpretación del patrono, como lo es el hecho de establecer compensaciones a base de la situación financiera de la empresa. Dijo que quien justifica esa situación financiera es el propio empleador.
Mientras, el abogado Delgado Zayas mostró preocupación porque se deje en manos del patrono determinar el termino prescriptivo de un contrato.
“Muy beneficioso para el patrono y muy poco beneficioso para el trabajador… Es demasiado obvio que es injusto para el trabajador”, destacó, al establecer que la medida también deja a un lado la protección de la Constitución a los empleados y sus derechos de sindicalizarse.
Por su parte, Bermúdez Pérez abogó por que la legislación reconozca que “los empleados deben contar con una presunción a su favor”.
Comentó que, como abogados, se les hace difícil plantear casos en los tribunales, porque desde en un inicio se le limita la prueba a favor de los trabajadores en casos de despido injustificado o por discrimen.
En contraposición, el presidente de ASORE, Mateo Cidre, expuso que “este proyecto contiene disposiciones de gran impacto económico para el sector privado e incide sobre los empleos a tiempo parcial. Su aprobación abonaría a la dura carga que representa crear y mantener negocios en Puerto Rico. El escenario es de incertidumbre económica y ello no provee un ambiente propicio para añadir el costo que le representará a las empresas que operan en Puerto Rico, otro cambio en la legislación laboral”.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez, estipuló que el proyecto “es lesivo al adecuado clima de hacer negocios y fomentar inversiones en Puerto Rico. De ser aprobado este proyecto sin enmiendas mayores, sería altamente perjudicial para nuestra competitividad como destino para atraer, retener y expandir inversiones de capital en todos los sectores económicos productivos que sostienen la economía local”.
Es que alegó que la propuesta “adolece de serias deficiencias y carece del balance mínimo”. Pero, Rodríguez no defendió a las empresas. Alegó que “lejos de propiciar un nuevo marco regulatorio favorable para los empleados, añade ambigüedad, desbalance y disposiciones confiscatorias para patronos que deben llevar a esta Comisión a rechazar la medida o formular enmiendas sustanciales a la misma”.