Son pocas las veces que el gobernador Pedro Pierluisi utiliza un lenguaje levantado en tono para expresarse sobre temas que le incomodan, pero este lunes rompió la regla al abordar el hecho de que hay 101 medidas legislativas aprobadas por la Cámara de Representantes y el Senado que aún no han llegado para la consideración de su firma, lo que lo coloca en una carrera contra el reloj en la última sesión ordinaria del cuatrienio y para poder cumplir con lo que estipula la Constitución de Puerto Rico.

Las expresiones del Primer Ejecutivo surgieron tras culminar una conferencia legislativa con la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado en el que se resumió a los medios de comunicación los temas abordados en el caucus, incluyendo las 101 medidas aprobadas -algunas desde noviembre- y que no han llegado a Fortaleza, así como los nombramientos que aún están sobre el tintero. Además, se estableció que hay 68 medidas de administración “detenidas”, esto entrada ya la séptima sesión legislativa del cuatrienio.

Sobre el centenar de proyectos pendientes para convertirse en ley Pierluisi exclamó que “ahora pretenden (los legisladores de mayoría del Partido Popular Democrático, PPD) que en el término de 10 días evaluemos cada una de esas 101 medidas y que yo tome una decisión en cuanto a si firmo o veto cada una de ellas. O sea, hasta cierto punto, es increíble que hayan acumulado desde noviembre esas medidas”.

“Y están haciendo caso omiso del lenguaje que dispone nuestra Constitución... en la que se establece un proceso cuando la sesión está en curso y un proceso cuando ha culminado. Y sí, es correcto, los vetos se dan de bolsillo sin uno tener que expresar criterios que han llevado a esa decisión, pero eso lo dispone nuestra Constitución... que se la pasaron por... vamos a dejarlo ahí. Es una cosa increíble”, dijo el gobernador causando risa en algunos de los presentes y asombro en otros, entre ellos su hermana Caridad Pierluisi, quien abrió los ojos al escucharlo decir la expresión.

El veto de bolsillo es un proceso que ocurre si no está la Asamblea Legislativa en sesión y pasa el término constitucional de 30 días sin que un proyecto haya recibido la firma del gobernador. En el caso de que el gobernador explicara por qué se opone a un proyecto de ley o resolución conjunta, el proceso se llama “veto expreso” y sí procedería que la Asamblea Legislativa intente ir sobre esa oposición mediante votación. Para ir por encima del veto ejecutivo se necesitan dos terceras partes de ambos cuerpos legislativos, según la sección 19 del artículo III de la Constitución de Puerto Rico.

“Es que cuando se dan vetos de bolsillo los miembros de la prensa me abordan a mí. ¿Por eso 101 medidas acumuladas de esa manera?, ¿anticipando posibles vetos?... No entiendo, son ganas de... he dejado en tintero par de expresiones porque no acostumbro a caer en eso”, puntualizó molesto Pierluisi y, nuevamente, a punto de que se le escapara una palabra soez.

“Yo tengo un equipo de trabajo en Fortaleza y van a hacer el trabajo, pero esto realmente es una carga extremadamente onerosa. Vamos a hacer el trabajo, pero se le ve la costura. ¿Por qué 101 medidas? Yo puedo entender, como dice el señor portavoz, que alguna de ellas se hayan tardado el trámite y las dejaron para ahora. Pero 101 es una barbaridad”, insistió el mandatario.

El 73% de los proyectos aprobados en la Legislatura han sido firmados por el gobernador.

Nuevamente a la carga con nombramientos

De otra parte, Pierluisi más temprano adelantó que enviaría a consideración del Senado 36 nombramientos totales, incluyendo 23 que se habían retirado en la pasada sesión porque no fueron atendidos por la Cámara Alta. Casi todos estos nombramientos son de jueces, fiscales, miembros de Juntas y registradores, entre otros.

También se someterán a consideración de la Legislatura algunos nombramientos que se hicieron en receso, como fue el de Nino Correa Filomeno para comisionado en propiedad del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

“Hay un nombramiento que espero que sea confirmado por unanimidad y es el de Nino Correa como comisionado en propiedad del Negociado de Emergencias, quien ha llevado esa labor de forma interina”, destacó el gobernador al recordar que se aprobó una ley que cambió los credenciales para el puesto, por lo que espera que la confirmación ocurra “rápidamente”, pues el candidato ha demostrado “un gran desempeño”.

El senador Thomas Rivera Schatz mencionó que, de los 554 nombramientos presentados por el gobernador, apenas se atendieron 373.

“Hay 22 que fueron retirados y 12 rechazados. Y se han atendido apenas el 64% de los nombramientos porque los que se retiraron fueron por la inacción del Senado y la Cámara”, subrayó al mencionar que hubo nombramientos que tenían seis informes positivos algo que “nunca había ocurrido en la historia y ese es un dato irrefutable y corroborable”, expresó el senador.

Pierluisi, más tarde, confirmó que designó hoy a Lisoannette González Ruiz como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Además, el primer ejecutivo sometió para consejo y consentimiento del Senado el nombramiento de Antonio Ramos Guardiola como director ejecutivo de PRITS.

Los nombramientos sometidos en la pasada Sesión Legislativa y que no fueron atendidos incluye, además, al procurador del Veterano, Agustín Montañez Allman. También Pierluisi sometió nuevamente las designaciones de ocho jueces al Tribunal Superior y un juez al Tribunal Municipal. Igualmente, cuatro fiscales, dos procuradores de asuntos de menores y un registrador de la propiedad.

Asimismo, el gobernador sometió las designaciones de un miembro de la Comisión Apelativa de Servicio Público, un miembro de la Comisión de Practicaje, dos miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, un miembro de la Junta de Libertad Bajo Palabra y dos miembros para la Junta Reguladora de Programas Reeducaron y Readiestramiento para Personas Agresoras.

Del mismo modo, el primer ejecutivo sometió al Senado el nombramiento de María Teresa Quintana como comisionada y presidenta de la Comisión Industrial. Además, hizo lo propio con los nombramientos de René Acosta y Raúl Bustamente como miembros de la Junta de Directores de la Compañía de Turismo, así como los de Carmen Ruiz Fischler, José Vega Santana y Fernando Llavona Torres como nuevos integrantes de la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR).

De Igual modo, sometió el nombre de Terilyn Sastre a la Junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el de Alicia Z. Díaz como miembro y presidenta de la Comisión de Alimentación y Nutrición.