En un trámite expedito, la Asamblea Legislativa le dio paso este miércoles al proyecto que crearía la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas.

Cerca de las 11:00 p.m. la medida fue aprobada a viva voz en el hemiciclo de la Cámara de Representantes y se esperaba la votación final sobre el proyecto cerca de la medianoche.

Después, la pieza legislativa seguirá rumbo a La Fortaleza para la firma del gobernador Alejandro García Padilla.

Durante el último día de aprobación de medidas en la Legislatura, el proyecto que el ejecutivo presentó durante la mañana de este miércoles acaparó gran parte del debate legislativo en ambas cámaras, donde las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) insistieron en la necesidad de que el asunto se atendiera con urgencia, mientras que las minorías del Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) criticaron enérgicamente el trámite acelerado que se le dio.

El proyecto de ley fue discutido temprano en la tarde en el Senado, donde el debate se extendió por cerca de dos horas, y se le incluyeron varias enmiendas, que horas más tarde fueron acogidas por la Cámara. Ambos cuerpos aprobaron la legislación en votación partidista, sólo con el voto afirmativo de los legisladores del PPD.

El presidente cameral, Jaime Perelló, indicó que durante la discusión sobre el proyecto en el Alto Cuerpo se atendieron las preocupaciones de los representantes para que se atemperara la legislación propuesta a las disposiciones de la recién aprobada Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno (Ley 66-2014).

"Era bien importante que la mención que hacía sobre ese aspecto en la legislación valorara y entendiera que era base la Ley 66, y eso se aclaró en las enmiendas en el Senado", dijo Perelló durante un aparte con la prensa en medio del debate cameral, que duró cerca de cuatro horas.

Durante la discusión en la Cámara, representantes de la delegación del PNP, como Antonio "Toñito" Silva y la portavoz, Jenniffer González, criticaron la medida al asegurar que atenta contra la credibilidad del Gobierno con sus bonistas y que expone al País a una nueva degradación crediticia. Además, censuraron que se considerara durante el último día de aprobación de medidas legislativas, sin vistas públicas y sin ningún tipo de análisis.

"Hay que ser bien truquero para aprobar medidas como esta, que degradan, no solamente el crédito, sino lo único que nos queda, el nombre, el nombre que nuestra Constitución garantiza con el pago de la deuda", dijo González en referencia a la disposición de la ley máxima que ordena con rango prioritario el pago de la deuda a los bonistas del Gobierno.

 "Este embeleco, esta reestructuración, lo van a pagar los consumidores", añadió la portavoz de la minoría novoprogresista, quien llamó al estatuto el "Código de Quiebras Criollo".

En el Senado, la delegación del PNP, mediante su portavoz, el legislador Larry Seilhamer, tronó en contra del proceso acelerado de discusión y aprobación de la medida.

“El gobernador de Puerto Rico ha menoscabado a la Asamblea Legislativa”, afirmó Seilhamer.

A juicio de Seilhamer, “en nada contribuye este proyecto a atender la situación de ineficiencia de las corporaciones públicas”, y resaltó que sería aprobado en la Legislatura sin que se conozca su impacto y consecuencias.

“Esto es un capítulo de quiebra... ¿quién va a querer invertir en Puerto Rico?", argumentó Seilhamer.

Igual rechazo al proceso y a la medida expresó la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, quien sostuvo que "confiar en la sabiduría del gobernador Alejandro García Padilla no es una buena determinación". Argumentó que el proyecto es demasiado complejo para evaluarlo en pocas horas, y advirtió que el mismo tendrá "graves e irreversibles consecuencias".

El senador popular Ángel Rosa, quien en marzo pasado presentó un proyecto con el mismo objetivo, elogió la acción del gobernador, y aseguró que la medida protege la deuda de obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico y defiende las corporaciones de la quiebra.

Calificó de "valiente, necesaria y a tiempo” la legislación, y afirmó que la misma “no va en contra de los empleados de las corporaciones, ni de las corporaciones públicas”. Además, recordó, refiriéndose a los trabajadores, que “ellos nos han estado pidiendo legislación una como esta”.

El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, sostuvo que esta legislación establece un régimen puertorriqueño para manejar la posible insolvencia de las corporaciones públicas, que establece un mecanismo de negociación con los acreedores y crea por primera vez en Puerto Rico un tribunal de quiebras local.

El proyecto de administración crea un marco legal para que las corporaciones públicas que puedan caer en una situación de insolvencia cuenten con un proceso que les permita atender y manejar sus deudas, al mismo tiempo que garantiza la continuidad de los servicios que prestan, sin amenazas de acciones de cobro de sus acreedores que pongan en riesgo sus haberes y activos.