El comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, aseguró que ya se preparó el plan para atender la escasez de supervisores en la Uniformada, una situación descrita por el gobierno como “una crisis sin precedentes de recursos humanos” que se intenta resolver hace casi cuatro años y que aun está en el limbo.

El plan, que se impulsó crear mediante una moción en 2018 por consenso entre las partes que conforman la llamada Reforma de la Policía (Negociado de la Policía, el Monitor Federal John Romero y el Departamento de Justicia de Estados Unidos) se debe entregar al juez federal Francisco Besosa el 4 de mayo de 2022, esto luego de varios retrasos. Posteriormente, hay que desarrollar informes de progreso cada 90 días sobre el cumplimiento o los remedios en caso de que se falle en alcanzar lo propuesto.

“Se está enviando un plan a Departamento de Seguridad Pública y al juez (federal) Besosa indicando el plan de trabajo para lograr la cantidad de supervisores que actualmente la Policía necesita para cumplir cabalmente con la Reforma de la Policía”, dijo el comisionado tras participar de la graduación de 127 nuevos cadetes en el Centro de Convenciones.

López Figueroa reconoció que se necesitan alrededor de 1,180 supervisores en los rangos de sargentos con plazas que ya están vacantes.

“La Reforma requiere un sargento por cada 10 agentes. Este año vamos a dar nuevamente los exámenes... están presupuestados los exámenes para que los policías puedan tomar los mismos y entrar al proceso”, añadió sobre el hecho de que para poder ocupar un puesto de jerarquía como sargentos, tenientes y capitanes los interesados deben pasar unas pruebas, según establecido por la Reforma.

El gobernador Pedro Pierluisi también reconoció que “hay campo para mejorar” y dijo estar confiado en que el plan prospere remediativamente.

Según una moción estipulada en enero pasado, si las Partes y el Monitor no pueden aprobar la Propuesta de Actualización del Plan de Personal o los informes de estado trimestrales se podría pedir que el Tribunal resuelva el asunto.

Se supone que el plan, además de garantizar un número suficiente de supervisores desplegados para monitorear a los oficiales de campo, también facilite la implementación de otros importantes sistemas de rendición de cuentas que se basan en niveles adecuados de supervisión, incluyendo la revisión del uso de la fuerza por parte de los oficiales y los allanamientos e incautaciones.

En abril de 2018 la Policía presentó un estudio comisionado -luego aprobado por el tribunal- que establecía la cantidad de oficiales necesarios para prestar servicio en el país, esto de acuerdo a la carga de trabajo. Luego, en octubre de ese mismo año 2018 el gobierno desarrolló un plan de distribución de personal que incluía iniciativas específicas de reclutamiento, contratación, ascensos y el despliegue de suficiente personal juramentado (policías) y civiles.

En cambio, casi cuatro años después el gobierno continúa reconociendo la falta de supervisores y así se afirmó en una vista de estatus efectuada hace unos meses donde se indicó, de acuerdo a las minutas levantadas, que el Negociado de la Policía informó de una “crisis” debido a “una grave escasez de supervisores de primera línea (sargentos)”. Se detalló que la falta de personal ha impactado directamente la supervisión de patrullaje.

La escasez de personal pone en incumplimiento al gobierno con las disposiciones del acuerdo con que se transó la demanda federal en el 2012 por violaciones a los derechos civiles y que son parte esencial de la Reforma de la Policía.