La jefa interina de compras del Departamento de Salud (DS), Diana Meléndez, declaró hoy que no sabía que La Fortaleza estaba interviniendo en algunas de las compras que hacía la agencia como parte de la emergencia del COVID-19.

“Me entero ahora”, declaró Meléndez luego que el presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, le mostró copia de correos electrónicos sobre la compra de 25 ventiladores a la empresa Puerto Rico Sales and Medical Services vinculados con la exasesora Mabel Cabeza, nombre que también resonó durante el testimonio de la secretaria auxiliar de Salud Ambiental del DS, Mayra Toro.

Ambas funcionarias, al igual que otros empleados en la jerarquía del DS, prestaron testimonio bajo juramento por varias horas ayer durante las vistas investigativas de la Comisión de Salud de la Cámara, sobre la abortada compra de dos millones de pruebas rápidas a la compañía Apex, y de otros contratos irregulares otorgados durante la emergencia del coronavirus.

Meléndez fue confrontada con uno de los emails, con fecha del pasado 22 de marzo, en el cual la entonces secretaria auxiliar de Administración, Adil Rosa, copia a Cabeza, le pide una carta a la secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Carmen Salgado, y ésta le contesta que necesita una certificación. Al día siguiente, Rosa le “certifica” a la titular del DACO que este es el único suplidor que puede entregar los respiradores “de forma inmediata” y que Salud se comprometía a pagarle con los fondos de emergencia.

“Desconozco”, indicó la funcionaria cuando el representante Morales le preguntó si sabía por qué personal de La Fortaleza fue copiado en los emails. Además de Cabeza, fueron copiadas la subsecretaria la Gobernación, Lilliam Sánchez, y Griselle Santiago.

A preguntas del representante popular, Jesús Manuel Ortiz, Meléndez, la testigo reconoció que la primera gestión para la compra de ventiladores se hizo el 17 de marzo, “nueve días después que el Departamento de Salud informó el primer caso positivo al Covid-19 y ya con seis casos confirmados”.

La funcionaria añadió que la compra “se culminó”, pero no pudo precisar si los aparatos ya llegaron.

Reconoció además, que no podía asegurar que la Oficina de Compras de Salud tuviera “realmente el control (de las transacciones) porque otras personas estaban siendo enteradas cuando el proceso debía mantenerse transparente y limpio y nosotros manejarlo”.

“Si hay documentación externa que no corresponde a nuestro expediente eso me levanta una preocupación”, reconoció Meléndez. Dijo que no lo planteó a sus superiores porque “me entero ahora”.

Meléndez declaró también que la controvertible compra de pruebas rápidas de COVID-19 a nombre de la compañía Apex, a un costo de $38 millones, con un adelanto de $19 millones y que finalmente tuvo que ser cancelada, no pasó por las manos de ninguno de los nueve compradores autorizados de la agencia, un proceso que calificó de irregular.

Dijo que Mariel Rivera, quien la pasada semana declaró bajo juramento que evaluó esta cotización y adjudicó la compra por orden de la entonces secretaria auxiliar de Administración, Adil Rosa, no estaba autorizada para hacerlo. Incluso, Meléndez dijo que el puesto de “analista de compras”, que Rivera alegó que tenía, no existe.

“Ese puesto nunca lo había oído. Ella es una requisidora de un programa federal”, dijo Meléndez.

A preguntas del legislador independentista, Denis Márquez Lebrón la testigo también señaló a Rosa como la responsable por la compra de las pruebas fatulas, transacción que calificó de “penosa y vergonzosa” pues fue adjudicada no a un suplidor para este tipo de pruebas, sino a un contratista de planta física.

“Ella (Mariel Rivera) no es de la oficina, compradora de nuestra oficina no es, todos los compradores de Salud están en la oficina a nivel central”, dijo Meléndez.

La funcionaria también reconoció que Salud, en medio de la emergencia, le encargó a Apex, sin subasta, la reparación y limpieza de cuartos de aislamiento en el Hospital Regional de Bayamón.

Narró que Apex había construido los cuartos en 2010 y que la empresa debía darle mantenimiento, pero las habitaciones no cumplían con las especificaciones de aislamiento. Admitió que en medio de la emergencia del coronavirus tuvieron que contratar a la misma compañía para que hiciera las labores de limpieza de los cuartos, a un costo que no pudo precisar. Indicó que “pudo haber fluctuado en $300 mil”.

La empleada declaró a preguntas de Morales, que la adjudicación del suplidor vino con una petición del secretario y sostuvo que “en la declaración de emergencia estaba incluido Apex”.

Por la tarde, Toro, secretaria Auxiliar de Salud Ambiental confirmó que Cabeza convocaba reuniones en el DS, pasándole por encima a la sub-secretaria interina, Concepción Quiñones de Longo.

Toro, quien lleva 23 años en la agencia, declaró no fue consultada sobre la compra de pruebas rápidas y narró que la primera reunión que se hizo en la agencia para discutir los preparativos para el coronavirus, entre el 10 y 13 de marzo, fue convocada por Cabeza y, a pesar de que Quiñones de Longo debía dirigir la misma porque el entonces secretario Rafael Rodríguez se encontraba en La Fortaleza, la sub-secretaria no fue invitada.

La testigo confirmó también que, en otra reunión, la doctora Quiñones de Longo recibió una llamada de la asesora de Fortaleza, Marisol Blasco, exigiéndole que firmara un contrato para la compra de respiradores en 20 minutos y que se presentara a La Fortaleza.

Otro funcionario, Roberto Rosso Quevedo, declaró que, a pesar de que era el asesor principal de Salud, no se le invitaba a las reuniones y que llegó por casualidad a la del 10 de marzo. “Igual que tampoco incluían a la doctora Quiñones”, indicó para agregar que la mayoría de las reuniones eran citadas por Cabeza y la ayudante de ésta.

Durante la vista, el presidente de la Comisión consignó que el Task Force médico envió “unas anotaciones” de las reuniones, ante el requerimiento que le hicieron la pasada semana de las minutas de reuniones del grupo asesor del gobierno.

El portavoz de la mayoría novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, indicó que entre los documentos enviados por el Task Force “casualmente no está la minuta del 24 de marzo ni la del 26 de marzo, día que se tomó la determinación de comprar las pruebas a Apex”.

Las vistas continúan el miércoles con el testimonio del encargado del Task Force, Segundo Rodríguez y los también integrantes del equipo, Juan Salgado y William Meléndez.