Con cuántos empleados cuenta el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), el tiempo promedio compensatorio acumulados por empleados ni a cuánto asciende la nómina, fueron algunos de los datos básicos que no pudo ofrecer la licenciada Solmarie Borrero Mejías, ayudante especial de la comisionada del organismo, Beatriz Zayas, en una vista de la Comisión de Salud  de la Cámara de Representantes que pretende enmendar el proyecto de 1986 para que los empleados de la agencia puedan tener una remuneración por el trabajo en exceso a la jornada laboral.

La discusión del proyecto que, de cierta manera busca ser remedio a la situación de falta de personal en la agencia, quedó pospuesta para principios del mes de abril ante la necesidad de información para continuar los trabajos. Cabe señalar que en los pasados meses el NCF ha sido eje de fuertes críticas por el pobre manejo de cadáveres en sus instalaciones, así como por el retraso de investigaciones que mantienen en vilo a decenas de familias de toda la Isla en espera de que le entreguen los cuerpos de sus seres queridos.

Según la Ley 20 de 2017 que se pretende enmendar, el NCF “ostenta la responsabilidad de realizar investigaciones científicas y tecnológicas con el objetivo de determiner la causa, la manera y las circunstancias de la muerte de cualquier persona cuyo deceso no sea atribuido a causas naturales. También hará cualesquiera otras investigaciones científicas y tecnológicas necesarias para apoyar los otros negociados en el esclarecimiento y procesamiento de eventos delictivos”.

En su ponencia, Borrero Mejías indicó que este personal especializado es de difícil reclutamiento y su remuneración económica no es competitiva, sin embargo no pudo establecer la cantidad del personal con el que cuenta el Negociado y las horas promedio que trabajan. La función del “empleado de difícil reclutamiento”, según expuso, es “brindar apoyo directo a aquellos empleados de peritaje técnico o especializado que directa y activamente realizan funciones dirigidas a apoyar el esclarecimiento y procesamiento de eventos delictivos”. Bajo esa consideración solicitan que se incluyan los coordinadores de pruebas de sustancias controladas, auxiliaries de coordinadores de pruebas de sustancias controladas, entrevistadores forenses, técnicos de laboratorio forenses, auxiliar de laboratorio, examinador de evidencia digital, examinador de documentos dudosos y técnico de control de custodia.

No obstante, la funcionaria señaló que la estructura del personal de la NCF está por definirse pues los planes de Clasificación y Retribución de NCF se encuentran en proceso de revisión junto con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) lo que podría incurrir en cambios de clasificación, deberes y funciones de los puestos.

“Recomendamos que el detalle de los empleados contenido en el Proyecto se redacte de forma que no implique una lista taxitiva y se tenga flexibilidad de adaptar los puestos o empleados con derecho a remuneración de trabajo en exceso de la jornada regular a los puestos o empleos que contenga el Nuevo Plan de Clasificación y Retribución que finalmente sea aprobado o los que se creen en un futuro”, expuso.

El presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, en tanto, declinó la posibilidad al comparar la solicitud con la entrega de un cheque en blanco para que el Negociado determine qué empleado hace horas extra o no.

“Esa parte desde ahora le digo que no se va a considerar. Nosotros temenos que ser responsables con las finanzas del pueblo de Puerto Rico porque eso se puede prestar a que hasta una secretaria, que no tiene nada que ver con la situación, se le dé horas extras”, dijo Morales. Sus plantamientos se da en días en que exceso de pagos en horas a empleados públicos ha sido la orden del día. Tal fue el caso de la escolta de la primera dama, Beatriz Rosselló, que cobró $75,000 en hora extras y $41,000 el sobrino del presidente la Cámara Representantes Johnny Méndez como escolta en menos de un año.

Al cuestionarle cuánto es el promedio mensual o anual de acumulación de tiempo compensatorio de horas extra de los empleados, la funcionaria señaló que “ahora mismo los empleados que desean acumular el tiempo compensatorio se le está aprobando según lo que permita la ley”. Sin embargo, no ofreció un número preciso.

“En tiempos como los que estamos viviendo y lo que está viendo el pueblo de Ciencias Forense, yo creo que es justo darle la informacion correcta. Estar aquí y no recibir respuestas no es lo mejor. Yo me tropiezo todos los días con personas llorando en mi oficina porque ya llevan más de un mes lo que es su familiar en Ciencias Forense y no tienen respuesta”, dijo por su parte el representante José “Memo” González.

De otra parte, también se cuestionó el que los técnicos de documentos dudosos entren en la ecuación.  Según Morales, una investigación realizada por la Comisión reveló que los cuatro empleados de esa división al año solamente atiende 80 casos. “Cuando lo divide, quiere decir que cuatro personas al año atiende 20 casos. El resto de tiempo ¿qué hace? ¿por qué se me pide que sea incluído en este proyecto cuando no hay trabajo para ello? Otra situación que me preocupa es que no necesariamente en esa división atienden casos que estan relacionados con casos criminales. Ahí lo que atiendne mayormente son de fraudes bancarios que nada tiene que ver con asesinatos y crímenes y demás”, indicó.

Borrero, por su parte, argumentó que los empleados de documentos dudosos, “son empleados que ayudan o asisten en el esclarecimiento de los casos que tenemos en el Negociado. Uno de los grandes retos que temenos en el Negociado por la falta de personal. Los recursos se nos van y hemos tenido que hacer maravillas, identificando dentro de los mismo recursos internos para poder acomodarlos en otras áreas y que podamos brindarle un servicio de calidad al país en tiempo razonable”.

Por otro lado, en la ponencia entregada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, firmada por la asesora legal, la licenciada Marilyn Cruz Vargas, señala que el impacto fiscal de la medida es indeterminado por no contar, precisamente con un estimado de horas extras en las que podría incurrir los empleados del NCF. De ser aprobrada la medida, según OGP, los gastos deberán ser sufragados por el Departamento de Seguridad Pública  y el NCF dentro de su presupuesto asignado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera

Otro de los aspecto que solicita el NCF es la reconsideración de la definición del Médico Forense Auxiliar pues entienden que como está expuesta, “aparenta conferir facultades a profesionales que no poseen la educación formal para osentarlas”. Con la posible enmienda busca que se establezca que la facultad del Médico Auxiliar se circunscriba a casos de muerte natural ocurrida en circuntancias no sospechosas y que no requieran investigación o autopsias.

“Somos partidarios de que la figura del Médico Auxiliar Forense debe actuar bajo la supervision de o en estrecha colaboración con un patólogo”, expuso la comisionada Beatriz Zayas en el documento.