El gobierno de Jenniffer González Colón tendrá hasta este próximo 28 de enero para fijar su posición ante el Tribunal Apelativo sobre la medida que pondría en vigor la eliminación del plástico de un solo uso y la posibilidad de penalizar a comerciantes por utilizar vasos, platos, sorbetos y cubiertos con este material prohibido.

La nominada secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Natalia Catoni, adelantó a Primera Hora que la política pública del gobierno es una pro-reciclaje. Por ello, entiende que la postura que se asuma en este caso puede dar señales de cómo se encaminarían estos temas ambientales.

“Yo no puedo decirte más nada, porque no te voy a dar una estrategia legal y mucho menos vamos a revelar quizá una política pública que va a ser bastante importante en los meses que vienen”, sentenció la funcionaria, al hablar con Primera Hora de la controversia que se suscitó al concluir la pasada administración y que pasó ahora a manos del nuevo gobierno.

Fue el pasado 6 de diciembre que el Tribunal de Apelaciones, ante una petición de Revisión Administrativa que realizó la Asociación de Restaurantes (ASORE), se detuvo temporalmente la aplicación de la Interpretación Oficial 2024-01. Este documento lo hizo el DACO y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) el 8 de noviembre de 2024 para aclarar la reglamentación que se creó ante la aprobación de la ley que prohíbe de los plásticos de un solo uso.

La interpretación detalla que la misma se realizó por las consultas que se recibían sobre dudas que se tenían para cumplir con el Reglamento 9570 del 28 de junio de 2024 que se aprobó para cumplir con la ley que impuso la prohibición.

Entre los problemas que se tenían se encontraba cuál era la definición de reutilizable y de compostable, cuáles eran los productos que se podían utilizar o vender en panaderías, supermercados y otros comercios, clarificar si se podían utilizar materiales denominados como PETE, PLA y PHA, así como precisar si la venta o utilización de tapas para vasos o tazas estaba también prohibido.

La interpretación, por ejemplo, afirma que la comida preparada no puede ser envasada en plástico, pero aquellos que sean “alimentos elaborados” en Puerto Rico u otros estados para la venta sí pueden continuar siendo empacados en plástico. Mientras, rechazó el uso de tapas plásticas para sellar las bebidas.

Al ASORE impugnar algunas de estas interpretaciones que se dieron y al tribunal paralizar su cumplimiento, el pasado secretario de DACO, Francisco González de la Matta, determinó posponer el inicio de la imposición de multas por utilizar plástico de un solo uso del pasado 31 de diciembre hasta el 1 de julio.

Al hacer el anuncio, el funcionario dijo que, “ahora, los establecimientos comerciales tendrán hasta esa fecha para cumplir con las disposiciones del estatuto, mientras los inspectores del DACO intensificarán sus esfuerzos educativos para asegurar que tanto consumidores como comerciantes comprendan plenamente las regulaciones”.

Sin embargo, las determinaciones llegaron en el cambio de administración. Por ello, la administración de González Colón evalúa en la actualidad el curso a seguir.

Catoni informó que su agencia, el DRNA, el Departamento de Justicia y el Procurador General han comenzado a sostener reuniones para encaminar el plan a seguir. La primera medida que se tomó fue solicitar tiempo adicional al Tribunal, pues se suponía que el pasado 2 de enero, día en que comenzó la nueva administración, se presentara ante la corte la posición del estado.

El Tribunal fijó la nueva fecha para presentar estos argumentos el próximo 28 de enero.

En lo que esta controversia judicial se resuelve, ¿qué deben hacer los comerciantes? Esta fue una de las interrogantes que se le hizo a la nominada secretaria del DACO. Su respuesta fue que “a los comerciantes le tengo que decir lo mismo, y con todo el respeto, porque yo soy una persona que quiere defender al consumidor, pero eso no significa que voy a echar a un lado el sector comercial de Puerto Rico. A lo contrario, pienso que mientras mejor trata el sector comercial de Puerto Rico, mejor trata el consumidor. La realidad es que el argumento legal que vayamos a hacer en cuestión de esta contestación es parte esencial de lo que será la política pública y yo lo que puedo decir es que ahora mismo el término está paralizado hasta cuando el proceso en el Tribunal de Apelaciones no se haga su curso y se complete”.

Por su parte, el director ejecutivo de ASORE, Gadiel Lebrón, llamó a los comerciantes “a aprovechar la ventana” que se les abrió para iniciar el cambio a materiales compostables, biodegradables o reutilizables. Esto representa terminar de utilizar los utensilios que tengan almacenados de plástico de un solo uso y sólo comenzar a comprar los sustitutos aceptados.

Cuando se resuelva la pugna legal y se concrete finalmente el inicio de las multas, todo comerciante que despache productos en el plástico prohibido o en ‘foam’ deberá pagar multas impuestas por el DACO que van desde $500 hasta $5,000 por violación.