“Se tomó el fin de semana largo. Está con su esposa”.

El abogado del suspendido alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, no ha podido hablar todavía con su cliente luego que el pasado miércoles la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) decidiera suspenderlo sumariamente de su cargo, siguiendo un informe y una querella de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).

“No me he reunido con él. Cualquier acción dependerá de eso”, explicó a Primera Hora el licenciado en leyes Joaquín Monserrate Matienzo, quien se suponía que se reuniera hoy con el alcalde, pero no estará disponible sino hasta el mañana, martes, según indicó. 

A preguntas de si irían este viernes al Tribunal de Apelaciones a pedir una revisión de la suspensión, término que fue corroborado por la presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives, o si irían directamente al FEI a pedir una reconsideración, todo dependerá  de la conversación que sostengan.

Cotto Vives confirmó el viernes la contratación del abogado Rafael Sánchez como investigador de la pesquisa administrativa contra el suspendido alcalde.

Dijo que éste ya comenzó su labor y que tiene un periodo de 60 días para entregar un informe de los resultados de su investigación.

Este proceso es independiente de la investigación criminal que conducen los fiscales especiales independientes Guillermo Garau y Leticia Pabón, quienes tienen 90 días para rendir informe y radicar cargos contra O’Neill, si así lo consideran. 

Por otro lado, Monserrate Matienzo no pudo adelantar si presentarán una querella contra Shariana Ferrer, de Colectiva Feminista en Construcción, quien increpó el jueves a O’Neill gritándole “macharrán”, “agresor” y “corrupto” mientras éste almorzaba en un local en Santurce.

“No tengo nada que decir por el momento, porque no he hablado con él, pero hay gente molesta; se les alteró la paz y la Policía no ha hecho nada. No sé si alguien se ha querellado, pero eso salió en todos los medios”, recalcó el abogado.

El 1 de mayo, el Departamento de Justicia refirió al FEI un informe de 53 páginas contra O’Neill, que incluye declaraciones juradas de dos presuntas víctimas del alcalde, y que le imputa agresión sexual, restricción a la libertad entre 20 posibles violaciones al Código Penal, a la Ley de Ética Gubernamental, a la Ley de Violencia Doméstica.