La declaración de estado de emergencia por violencia de género vence el 30 de junio, pero el gobernador Pedro Pierluisi aún no ha decidido si extenderá su vigencia hasta tanto evalúe un informe de las tareas que están pendientes por completarse.

“Lo que he pedido a mi equipo de trabajo, y particularmente a la fiscal Ileana Espada, es que me den un informe de todas las tareas pendientes, las que todavía no se han completado, para entonces decidir, entre otras cosas, si se mantiene la declaración de emergencia, si se mantiene el comité PARE (Comité de Educación de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género), según está constituido actualmente. Esas decisiones yo las voy a tomar tan pronto me informen qué está pendiente, y entonces yo determinar que, por ejemplo, si se justifica mantener la emergencia y/o si se se justifica el mantener el comité como está constituido”, respondió el Primer Ejecutivo a la pregunta de si extendería la vigencia de la declaración de emergencia que firmó en enero de 2021 y vence el 30 de junio de 2022.

La firma de la declaración se dio luego del reclamo que por varios años realizaron organizaciones feministas y al que se unieron figuras públicas como Ricky Martin y Kany García, tras la falta de un protocolo unificado que atendiera el problema social y ante los múltiples incidentes violentos contra las mujeres que se han suscitado en el país en los últimos años.

Entre lo estipulado entonces se creó el comité PARE, el cual está constituido por 17 miembros y cuatro representantes de organizaciones a favor de los derechos de las mujeres. Este comité, presidido por la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen González Magaz, tiene el propósito de asesorar al gobernador para recomendar medidas y políticas establecidas para cumplir con los objetivos de la Orden Ejecutiva. Además, se designó a la fiscal Espada como oficial de cumplimiento a tiempo completo. Esta responde directamente al mandatario.

Además del comité PARE, la orden ejecutiva ordenó al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio a evaluar y expandir programas de capacitación y adiestramiento a mujeres que viabilicen su integración a la fuerza laboral, como la creación de centros de cuido para menores, personas de edad avanzada y dependientes con condiciones de salud. Asimismo, ordenó al Departamento de Seguridad Pública, en colaboración con el Comité PARE, a evaluar alternativas tecnológicas para actualizar y mejorar los instrumentos utilizados para tramitar y registrar quejas o denuncias y el estatdo de progreso de los casos, además de evaluar y recomendar implementación de estrategias para optimizar la comunicación entre las agencias de seguridad.

Según datos publicados en la página de comité PARE en el 2021 se atendieron 6,834 incidentes de violencia doméstica en el Negociado de la Policía. Mientras, entre los meses de enero y febrero de 2022, se reportaron 894 casos. En lo que va de año han ocurrido, al menos, cinco femenicidios.