A casi un año de que el gobernador Pedro Pierluisi emitiera una declaración de emergencia por los efectos de la erosión costera en Puerto Rico, aún están por manifestarse los objetivos de la medida.

“Está en proceso”, respondió el Primer Ejecutivo a Primera Hora cuando se le cuestionó sobre cuán efectiva ha sido la declaración.

La medida establece que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) debería recopilar un inventario de estructuras habitadas o ruinas en toda la zona costera de la Isla que aportan a la erosión para demolerlas. También, se eliminarían escombros y estructuras duras que sean consideradas estorbos públicos que cumplen con su función de protección o mitigación de riesgo en la zona costanera, como dunas naturales o muros.

Sin embargo, Pierluisi detalló esta mañana que, a poco menos de un año de haberse declarado la orden, solo algunos de los municipios más afectados por la erosión costera han sometido los informes de las estructuras que proponen sean demolidas.

Aunque no especificó cuáles cumplieron, cuando se emitió la orden se determinó a través de una investigación del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePi-PR) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que los pueblos más afectados por la erosión costera incluyen a: Vieques, Cabo Rojo, Arecibo, Humacao, Isabela, Vega Baja, Fajardo, Luquillo, Loíza y Hatillo, mientras que Luquillo, Loíza, Patillas, Humacao, Ponce, Dorado y Arecibo sufrieron de erosión costera severa. Los municipios con mayor migración de playa tierra adentro son: Vieques, Humacao, Hatillo, Mayagüez, Aguada, Arecibo, Camuy, Isabela, Vega Baja y Rincón.

Más aún, el primer ejecutivo señaló que el mayor “escollo” que ha enfrentado en la ejecución de los puntos de la medida es que los $100 millones del Programa de Mitigación en la Infraestructura del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT) no se pueden expropiar. Por ende, tendrían que provenir de los $5 millones asignados de los saldos disponibles del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).

“El escollo que tenemos es que no se puede expropiar, utilizar fondos de CDBG para expropiar. O sea, que el costo de la expropiación tendrá que venir de fondos ARPA o de otros fondos, no de los CDBG-MIT. Entonces, sí podemos usar los fondos CDBG-MIT para el costo de demolición, limpieza en el área, acciones que tengamos que tomar, como por ejemplo establecer dunas en el área (para) proteger la costa”, explicó.

El estudio del CoRePi-PR de la UPR estableció que en Puerto Rico existen 1,121 kilómetros de línea costera, lo cual incluye playas, acantilados y rocas, vegetación, costa aluvial y antropogénica. De esta línea costera, 99 kilómetros migraron tierra adentro en los pasados años.