A pesar de que el saliente secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, y la administradora de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), Blanca Fernández, plantearon un escenario optimista, asegurando avances y cumplimiento en la gestión de esas agencias, para el Comité de Transición del gobierno entrante persistían bastantes cuestionamientos y dudas, así como la interrogante de que se puedan perder importantes sumas de fondos federales por falta de ejecución a tiempo.

En su presentación, Rodríguez Rodríguez indicó que Vivienda ha servido a más de 10,000 familias bajo el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación, también conocido como R3; ha facilitado que más de 11,500 familias lograran adquirir su hogar bajo el programa de Asistencia directa al comprador; haya encaminado otros 34 proyectos de vivienda de interés social construidos o rehabilitados, y se haya construido 851 unidades de vivienda para familias de ingresos bajos y moderados.

También presentó cifras que destacan el impacto a más de 2,600 personas mayores de 60 años bajo el programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Mayor Edad con Bajos Ingresos, y más de 3,000 familias con el programa de Autorización de Títulos.

Por otro lado, resaltó programas subvencionados con fondos federales CDBG-DR de apoyo a creación de empleos y microempresas, que han ayudado a más de 4,800 pequeños negocios, más de 1,645 agricultores, más de 3,800 participantes del Programa de Incubadoras y Aceleradoras de Pequeñas Empresas y más de 8,200 participantes del Programa de Capacitación Laboral.

Destaco, además, los programas para instalaciones de energía renovable y almacenamiento de agua que han beneficiado a miles de ciudadanos.

Rodríguez Rodríguez indicó que la agencia ha comprometido más de $9,000 millones en fondos CDBG-DR, que equivale al 79% de la asignación que recibió la Isla para su recuperación de los huracanes Irma y María (2017). Agregó que, de esa cantidad, se han desembolsado $3,700 millones.

Sin embargo, miembros del Comité de Transición del gobierno entrante de Jenniffer González, señalaron varios asuntos que resultaban preocupantes. Ramón Luis Rivera Cruz indicó que se le pidieron recomendaciones al secretario para ver cómo podían acelerar el desembolso de los fondos CDBG-DR, que son los más cuantiosos, pues “para poder gastar todos los fondos en tiempo, o sea, antes de que venzan las fechas que tiene cada uno. En el caso de Créditos Contributivos, tendríamos que estar desembolsando a un ritmo de 572%. En el caso del programa de Autorización de Títulos de Propiedad, tendríamos que estar desembolsando a un ritmo de 156% por año, el programa de Vivienda de Interés Social tendría que estar desembolsando, gastando dinero, a un ritmo de 930% por año”.

“O sea, estamos hablando de que hay que avanzar con el gasto del dinero de los distintos programas antes que llegue la fecha de vencimiento. Por lo menos las fechas de vencimiento estamos hablando de 2028 y 2029, pero con este por ciento de aceleración estamos hablando que es un reto enorme para lograrlo”, indicó Rivera.

Jorge Colberg, por su parte, cuestionó el hecho de que “luego de siete años no tengamos una certeza de cuántas familias todavía viven ya sea en casas o estructuras con toldos azules o con el techo temporero que tengan en este momento, o en qué condiciones viven, y cuántos menores puede haber viviendo en este momento en situaciones que no son las mejores”.

Agregó que la respuesta del secretario fue que podían dar fe de lo ocurrido con las familias que han atendido, “pero hay una enorme distancia entre 50,000 unidades de viviendas identificadas luego del huracán María a las 12,000 que él dice que ellos han manejado, de las cuales, según informan, 10,000 concluyeron sus funciones o están en vías de hacerlo. Quiere decir que dentro aun de los que ellos tienen custodia hay 2,000 familias que no sabemos exactamente qué está ocurriendo”.

Colberg sostuvo que recomendará que se atienda “inmediatamente” esa situación que considera “no hay forma de justificar”, pues entre otras cosas, “hay dinero de sobra” para trabajar.

La abogada Verónica Ferraiuoli sostuvo que, “en lo positivo, vimos que en el último año, especialmente, ha habido mucha, mucha actividad de programas nuevos que se están atendiendo, especialmente en el área de desarrollo económico en el Departamento de Vivienda”. Pero de inmediato destacó asuntos de preocupación como lo que ocurría en las comunidades Villa Hugo 1 y 2, en Canóvanas, donde, si bien se entregaron algunos títulos de propiedad recientemente, “han pasado 35 años… y es un (tiempo) bastante largo para resolver situaciones complicadas”.

Agregó que “hay otros casos similares que llevan tiempo sin atenderse” y que se deben cerrar lo antes posible. También cuestionó la situación en la AFV, una importante fuente histórica de financiamiento para viviendas, que “en los últimos años, básicamente, lo que ha hecho es trabajar fondos federales. Los fondos locales, los programas locales se han dejado básicamente sin trabajar”.

Indicó que hay $12 millones que “llevan cuatro años cogiendo intereses” sin que se hayan estructurado programas para hacer los fondos disponibles a las personas. Asimismo, resaltó que informaron que hay unas 400 casas reposeídas, y que los $12 millones antes mencionados pudieron usarse para arreglar esas casas, venderlas y tener hogares para al menos 400 familias.

Sobre la AFV, Ramón Luis Rivera también señaló que al preguntar si habían sometidos sus informes anuales de resultados de planes de ejecución y de planes de acción, respondió que no los habían sometido desde 2021. Destacó que incluso el IRS (Servicio de Rentas Internas federal) le llegó a embargar unas cuentas por incumplimientos, aunque la administradora aseguró que ese asunto ya se había resuelto.

“Eso son unas fallas administrativas grandes que deben preocuparnos”, afirmó.

El senador saliente Juan Zaragoza destacó el trabajo de reclutamiento en el Departamento de Vivienda, pero cuestionó que el gasto en consultores se haya mantenido “bastante estable”.

Durante su intervención, el secretario Rodríguez aseguró que esos consultores estaban entrenando al personal de Vivienda, de manera que su participación fuera disminuyendo paulatinamente mientras los empleados se iban ocupando más de atender los asuntos. Pero Zaragoza indicó que ese tipo de consultores, más que entrenar a otros, lo que buscaban era perpetuar su presencia, algo que sostuvo “desde el punto de vista de política pública, no es saludable”.

De hecho, hubo también cuestionamientos en torno a un grupo de consultores federales a los que se han pagado sumas considerables, y en particular a dos de ellos que son consultores tanto para el COR3 como para Vivienda, cuando el informe de COR3 indica que una de las agencias a las que sirve es precisamente Vivienda.

César Alvarado afirmó que, según surgía de los informes, de 2017 al presente, de ese grupo de empresas, a cinco de ellas se les había pagado más $1,171 millones en COR3, y a otras ocho $448 millones en Vivienda.

Sin embargo, el director ejecutivo de COR3, el ingeniero Manuel Laboy, aclaró que los trabajos que llevan a cabo esos consultores no constituyen una duplicidad de funciones. Indicó además que las cifras de pagos a los consultores eran menores a las que se estaban señalando.