Unos 15 empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) fueron enviados este martes a la División de Disciplina de la agencia para que se inicie un proceso administrativo que podría desembocar en sanciones o hasta su despido por no haber cumplido con su función de supervisar al convicto por asesinato, Hermes Ávila Vázquez, cuando se encontraba en libertad bajo el Programa de Pase Extendido.

La información fue revelada a Primera Hora por la secretaria del DCR, Ana Escobar.

Este sería el segundo proceso disciplinario que se llevaría contra empleados de la agencia tras el controvertible caso de Ávila Vázquez, un confinado que se creía era paralítico y que, se presume, asesinó a una mujer mientras se beneficiaba de los beneficios de la Ley 25. La misma permite que se les conceda la libertad a pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales.

El primer caso disciplinario contra un empleado del DCR fue el de la enfermera Virgen Oquendo Camacho por, supuestamente, sostener una relación con un confinado, contrario a la normativa de la agencia, así como no informar que Ávila Vázquez podía caminar.

Escobar informó a este diario que, de hecho, hace dos semanas firmó la expulsión de la mujer, tras recibir la recomendación de la División de Disciplina.

Los detalles los suministró la funcionaria, ya que este martes culminó la investigación de la agencia y se entregó al Departamento de Justicia el informe final que preparó la Oficina de Investigaciones del sistema correccional sobre todo lo concerniente al caso de Ávila Vázquez.

Destacó que, además del proceso disciplinario, el informe recomendó cambios en el contrato con la empresa Physician Correctional, compañía a cargo de los asuntos de salud en las cárceles.

Lo que Escobar destacó del informe, que no es público, fue que unos 15 empleados debían haber supervisado a Ávila Vázquez mientras se encontraba en libertad. Por supuestamente no haber cumplido con esta misión, se les procesará administrativamente.

“De acuerdo a la reglamentación vigente, era cada 15 días que tenían que visitarlo. Y hemos conversado, a través de las vistas en el Senado y la Cámara de Representantes, que no se evidenciaba que ocurriera de esa manera. Si ellos tienen alguna otra documentación, en su momento dado la podrán presentar. Pero, la documentación que hemos recogido en este proceso investigativo refleja que esa intervención quincenal no se llevó a cabo”, precisó.

Escobar informó que el proceso requiere que estos empleados reciban una notificación de la División de Disciplina, se le cita a una vista administrativa y que la división le recomiende qué sanción, si alguna, se aplicaría. Van desde una amonestación hasta la destitución del empleo. Es ella, como secretaria de la agencia, quien determina si aplica la medida correctiva.

Comentó que este proceso, en el que los empleados podrían ser defendidos por un abogado, debe demorar unos 30 días laborables.

Este mismo proceso fue el que atravesó la enfermera Oquendo Camacho, destituida hace dos semanas, dijo la titular.

“En el escenario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y en los reglamentos que cobijan los procesos disciplinarios de los empleados, está establecido que ningún empleado puede sostener algún tipo de relación no profesional o íntima, verdad, con miembros de la población correccional, que eso podría constituir la destitución de un empleado de así probarse. Y en efecto, no solamente esta persona mantenía una relación más íntima con este confinado, sino que también en comunidad, como parte de los hallazgos del proceso de investigación, se informó que ella conocía, luego de que él fue liberado bajo el Programa de Pase Extendido por condición de salud, que él caminaba y guardó silencio. No lo informó. Y, entonces, esas dos situaciones fueron las que más sopesaron en la toma de decisión de destituirla”, precisó Escobar.

Al hablar de estos casos de empleados, la funcionaria dejó claro que la agencia no pasa juicio sobre si cometieron o no algún delito. Dejó claro que es el Departamento de Justicia, el organismo que encamina una pesquisa sobre este caso de Ávila Vázquez, el que tendrá que determinar si alguno de los señalados violó las leyes.

No obstante, Escobar destacó que, en el caso de la enfermera, “no se ha encontrado ninguna intervención a favor de confinado para que fuera liberado”.

Añadió que, “si surge de alguna parte del testimonio o de algún documento adicional o de la propia investigación del Departamento de Justicia, que hay otro empleado que pudo haber manipulado o que alteró alguna información (para lograr que Ávila Vázquez saliera en libertad), pues, eso está todavía bajo el proceso de investigación”.

En cuanto a Physician Correctional, Escobar informó que el informe final de la pesquisa apuntó “una serie de señalamientos, que son más bien puramente administrativos, en términos de estructura, organización y revisión de cláusulas contractuales, de manera que se pueda cumplir de forma transparente y organizada y estructurada lo que es desde el archivo y manejo de documentos en los expedientes, hasta lo que es el asunto relacionado al comité evaluador que interviene con estos casos de pases extendidos por condición de salud. Así que hay unas recomendaciones contenidas en este informe que de manera administrativa nosotros las vamos a estar trabajando”.

Cabe recordar que fue un panel de médicos de Physician Correctional que evaluó el expediente médico de Ávila Vázquez. Tras esta evaluación, el DCR le concedió la libertad al hombre por supuestamente estar paralítico.

Se le preguntó sobre si el informe apuntó a la posible cancelación del contrato con la empresa, pero señaló que no se contempló. Recordó que por orden del Tribunal Federal la salud correccional debe estar en manos de un ente privado. Señaló que la empresa que se haga a cargo tiene que tener personal y solvencia para atender una población de sobre 8,000 confinados.

El caso de Ávila Vázquez se remonta a finales de abril, cuando se le identificó como sospechoso del asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, registrado el domingo, 21 de abril, a las 4:29 a.m., en el kilómetro 8 de la carretera PR-686, cerca del balneario Los Tubos en Manatí. Durante su arresto, el hombre caminó y corrió sin los percances que supuestamente le limitaban físicamente y por los que Corrección le había concedido la libertad.